En medio del severo impacto que ha tenido en el sector de la construcción el alza en los costos de los insumos y la menor demanda ante el aumento de las tasas de interés y la alta inflación, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al Ministro de Vivienda, Charles Montes, Detallaron este jueves una serie de medidas para ir en apoyo a la industria y fomentar la inversión en vivienda. parte de los cuales ya habían sido anunciados con anterioridad y otros corresponden a nuevos anuncios.
Esto en medio de la delicada situación delicada que atraviesa la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), la cual se encuentra en proceso de liquidación voluntaria ante el 9º Juzgado Civil de Santiago.
Al respecto, Montes indicó que “todos sabemos que hay una situación difícil para el sector de la construcción, por el aumento de insumos, por la escasez de docentes, por el aumento a largo plazo de terrenos, y hay algunos empresas en diferentes rubros que están teniendo problemas, por eso nos hemos encargado de apoyar a las empresas y cubrir la situación que están viviendo, buscando ajustar ingresos de tal manera de acomodar la inflación y evitar crisis, y nos ha ido bien” .
Agregó que “lo que pasó con Claro, Vicuña y Valenzuela, esta empresa que ahora esperábamos que no quebrara, sino que se fuera a reorganizar, pero aceleró su proceso de quiebra, estamos negociando cada uno de los proyectos que tienen con este Ministerio de tal manera una manera de asegurar la transición más racional.
Específicamente, Marcel dijo que hay cuatro medidas. Respecto al primero, que está incluido en el plan Invest in Chle, Marcel precisó que se entregará una garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas con precios entre 2.600 y 4.500 UF.
Al respecto, explicó que el primer valor es el límite de las viviendas con subsidio habitacional, y que, por tanto, cuando existe un subsidio adicional, no es necesario que exista garantía estatal y que en dicho tramo de 2.600 a 4.500 UF el grueso de la compra de viviendas nuevas por parte de los sectores medios.
“El efecto práctico de este apoyo sería que la autoridad reguladora ahora calcularía las provisiones considerando el saldo dado como aprobación de la garantía de la propiedad más el 10% de garantía estatal”, dijo.
Actualmente, para el crédito hipotecario existe un requisito de provisión por parte del ente regulador que tiene una magnitud determinada de hasta el 80% del valor de la vivienda y aumenta significativamente cuando el crédito es mayor a ese 80%, por lo que como ahora existe un 10 % que estaría cubierto por la garantía estatal, por lo que se reduciría el costo del crédito hipotecario, agregó.
Además, de manera complementaria, dijo Marcel, en cuanto al seguro de subasta, tiene poco impacto en la disponibilidad de crédito para vivienda social y, por lo tanto, se proponen dos modificaciones: la primera es extender el seguro al 100% de la diferencia entre el producto de la subasta y el saldo insoluto de la deuda para los tramos entre 1.600 y 2.800 UF y en segundo lugar, se revisarán los requisitos de provisión disponibles cuando exista este seguro de subasta, lo cual ha sido discutido con la Comisión para el Mercado Financiero/CMF).
Así lo afirmó Marcelo “Eventualmente tendría la implicación de una reducción en el costo del crédito hipotecario de 50 puntos base, esto sumado al efecto de la garantía estatal del 10% del valor de la propiedad, estimamos que implicaría una reducción en el tipo de interés de los préstamos hipotecarios del orden de 100 puntos básicos o un punto porcentual.
En tercer lugar, también se busca que las donaciones de suelo por parte de empresas que permitan construir viviendas para sus trabajadores cuenten con una serie de beneficios fiscales. Así, dicha donación estará exenta del impuesto sobre donaciones y el valor del suelo será considerado como un gasto necesario para producir renta por parte del empresario.
La cuarta medida consiste en posponer la eliminación del crédito especial del IVA para empresas constructoras, el cual fue reducido y eventualmente desaparecería a partir del año 2025.
Ahora se va a ampliar el periodo de transición, el que se inició en 2023 y 2024 con una reducción al 50% del crédito especial para empresas constructoras y correspondía que a partir de 2025 desaparecería por completo ahora en cambio, se reducirá a 25% durante dos años, en 2025 y 2026, con lo que el crédito especial solo desaparecería en 2027.
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