Este miércoles Gobierno y oposición protagonizarán la última redondo de una de las peleas más cercanas y simbólicas en la discusión de la Ley de Presupuesto: el dinero de que dispone anualmente el Congreso para sustentar los gastos de despachos, viajes y personal de apoyo de los expresidentes de la República.
Si bien estos dineros han sido entregados desde el año 2000 por el Senado -desde que los ex presidentes asumieron la condición de senadores vitalicios-, la situación particular del actual Presidente de la República generó una discusión pública, ya que Gabriel Borica los 40 años, comenzará a recibir una pensión vitalicia (un subsidio de $7,6 millones), además de estos fondos secretariales, llamados subsidios ($10,3 millones), que también serían vitalicios.
Este martes -tras semanas de tramitación en las que estos dineros han sido recortados y luego sustituidos al menos dos veces por el Ministerio de Hacienda- la Cámara de Diputados volvió a rechazar estos fondos, obligando a remitir este punto a una comisión mixta, que se constituyó este miércoles para tratar de resolver los últimos nudos de la Ley de Presupuesto.
Al cierre de esta edición, esta comisión mixta -que está integrada por cinco senadores y cinco diputados- aún no había abordado este problema. Sin embargo, ya existía cierto consenso en la oposición de no seguir gastándose en esta polémica sobre los fondos para los ex jefes de Estado, porque se trata de montos menores, del orden de $830 millones anuales, en comparación con la magnitud del Presupuesto Nacional.
En la misma oposición, también admitieron que intentar asestar un golpe simbólico a Boric ya no resultaba tan atractivo, pues perjudicaría también a otros expresidentes, entre ellos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quien acaba de hacer un gesto público a favor del candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast (republicano).
En esta comisión mixta el Ejecutivo intentará por tercera vez reponer esos dineros. Si fracasa en este caso, existen aún más herramientas gubernamentales como el veto o la impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Amarradero
En el Congreso hay consenso en que las dietas de los expresidentes (los $7,3 millones) no se pueden recortar porque están amparadas por una norma permanente, la Ley 19.672, que creó el “estatuto de los expresidentes” en 2000.
Sin embargo, el año pasado, en una fallida reforma constitucional que buscaba regular estos emolumentos a los expresidentes, se reveló que las asignaciones para mantenimiento de cargos y viajes no están cubiertas por la legislación. Estos dineros dependen exclusivamente de que el Tesoro y el Congreso aprueben cada año una holgura fiscal en el presupuesto del Senado para pagar estos gastos. Por ello, la estrategia opositora se centró en reducir estos montos.
Anticipándose al escenario actual, el gobierno intentó poner un cerrojo a estos fondos enviando la Ley de Presupuesto el 30 de septiembre, que contemplaba un aumento de $151 millones para financiar el futuro de Boric fuera de La Moneda.
Para evitar que fueran rechazados en el trámite legislativo, tanto las bonificaciones como las gratificaciones fueron incluidas como gasto permanente de la citada Ley 19.672.
Esa jugada generó un bloqueo legal. “El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuesto, salvo los establecidos por ley permanente“, dice la Constitución en su artículo 67, con el cual, Según la interpretación de La Moneda, todo el dinero para los expresidentes debía aprobarse automáticamente, ya que no se podían recortar..
El diputado Miguel Mellado (exRN) reclamó sin éxito esta atadura de financiamiento en la cuarta subcomisión mixta de Presupuesto, que fue la primera instancia que analizó el tema.
Sin embargo, en la posterior Comisión Conjunta de Presupuesto, presidida por la senadora Ximena Rincón (demócrata), el bloque opositor logró doblegar la mano del Tesoro y rechazó sólo el gasto variable (los $10,3 millones), dejando sólo las viáticos ($7,3 millones) a los expresidentes.
Sorprendentemente, el Ministerio de Hacienda logró hacer un cambio por secretaría en los informes que llegaron a la Cámara de Diputados. Y a pesar del rechazo, misteriosamente el $830.578.000 pagar subsidio de subsistencia a los ex dirigentes y a los mencionados gastos de oficina, personal y viajes, aparecieron sin recortes.
En total, hay alrededor de 17,6 millones de dólares al mes por cada dignatario: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el propio Boric, una vez que abandone La Moneda, el 11 de marzo de 2026.
Sin embargo, la Cámara, con un par de votos oficiales a favor de los diputados Camila Musante (ind. PPD) y Marcela Riquelme (Ind. Radical), volvió a doblegar la postura del gobierno y aplicó un recorte de $415 millones a los fondos de la secretaría de los ex presidentes de la República.
En el siguiente proceso legislativo en el Senado, el gobierno logró reponer el dinero mediante otra maniobra complicada. El Ejecutivo presentó una indicación global a todo el Congreso (que incluye Senado y Cámara), aparentemente para que no quedara al descubierto la reposición de recursos para los expresidentes.
Pese a ello, los diputados RN, en el tercer paso, solicitaron una votación separada. Finalmente todos estos dineros fueron recortados nuevamente este martes por 48 votos en contra, 4 abstenciones (que se sumaron al rechazo) y sólo 49 a favor.
Aunque la votación fue reñida, tuvo el efecto de rechazar toda la partida del Congreso Nacional, algo muy inusual en una discusión presupuestaria.
