Contrarreloj, el gobierno de Gabriel Boric enviará al Congreso una escueta ley para ampliar la normativa vigente que permite entregar un subsidio al ex Transantiago, que vence en diciembre de 2022 y permite financiar el 60% del sistema con una inyección de unos US$ 800 millones.
Dada la relevancia de los montos comprometidos, el Ministerio de Transporte prevé que la discusión de fondo será más larga y, por ello, busca darle más oxígeno a través de una legislación transitoria.
“Esta falta de renovación se debe a que en 2017 no se realizó la licitación y perdimos un tiempo valioso”, criticó Tapia.
“El subsidio es fundamental para el funcionamiento, casi no hay sistema de transporte en el mundo que se sustente únicamente con las tarifas de los usuarios y Santiago no es la excepción. El gobierno anterior no dejó ningún proyecto de ley y no nos dio una propuesta, a pesar de que todos sabían que en 2022 expiraría el reglamento. Por eso, nuestra prioridad es presentar cuanto antes una ley breve para ampliar los recursos”, dijo la titular de la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia.
La iniciativa aún está en diseño y Tapia anticipa que el plazo de la prórroga será un tema que se discutirá en el Congreso. Respecto a la cifra, explicó que si bien replicará el monto actual, al mismo tiempo buscará generar ahorros. “Vamos a ser más eficientes con el subsidio que hay, porque queremos generar todas las economías de escala necesarias”, concluyó.
La renovación de los autobuses
La exministra de Transportes del segundo mandato de Michelle Bachelet lanzó un duro diagnóstico a la gestión del gobierno anterior, no solo por la falta de regulación sobre el financiamiento, sino porque quedaron en operación 1.000 buses que tenían más de 12 años. Incluso 57 de ellos datan de 2005.
“Esta falta de renovación se debe a que en 2017 no se realizó la licitación y perdimos un tiempo valioso”, criticó Tapia.
Según cálculos del director de DTPM, en 2022 el 35% de la flota del Transantiago superará su vida útil, período que da urgencia al inicio de una renovación.
La autoridad resaltó que se requiere un reemplazo adicional de los buses que comprometió la exministra Gloria Hutt con la licitación realizada en su período, debido a que el ingreso de estas unidades no coincide con la totalidad del porcentaje que vencerá en diciembre. ¿El problema? Algunos de los operadores que tienen estas máquinas en la calle trabajan con cláusulas de contrato extendidas y no participaron en la licitación.
“Nuestro plan es que, paralelamente, impulsaremos la renovación de los buses más antiguos, comenzando ahora con estas 1.000 unidades. Lo haremos de forma paulatina”, explicó Tapia.
En el mediano plazo, el titular de la DTPM espera introducir 2.600 buses, que se sumarán a las 1.400 unidades que renovó la administración anterior mediante la prórroga de contratos.
Respecto a impulsar una segunda licitación bajo el modelo que separa la oferta de la flota y crea la figura de los concesionarios, Paola Tapia aseguró que están analizando la fórmula. “Este concurso es un experimento, no existe en ninguna parte del mundo. A diferencia del gobierno anterior, vamos a implementar esta política pública porque creemos en la continuidad, pero lo haremos con responsabilidad y lo evaluaremos”, expresó.
menos kilómetros
Otro tema que Tapia cuestiona de la gestión anterior es la reducción del 7% en los programas operativos, es decir, la cantidad de kilómetros recorridos por los buses en Santiago. “Esto se hizo antes de la pandemia, entre 2018 y 2019, lo que cuadruplica las reducciones que se realizaron en el gobierno de Michelle Bachelet. La única justificación aparente es que se buscaba reducir los costos del sistema a costa del usuario”, criticó.
Tapia asevera que la situación es “bruta” ya que, según su análisis, la reducción de kilómetros recorridos entre semana es del 7%, mientras que los fines de semana es del 20%. De hecho, explicó que en julio se presentarán los nuevos programas operativos que incluyen 18 correcciones al sistema anterior, con más servicios y rutas.
La evasión del sistema sube al 35%
Antes del estallido social y la pandemia, el gobierno había avanzado en fórmulas para reducir la evasión de boletos de autobús. Sin embargo, los operadores informaron a la nueva autoridad que durante los últimos dos años este indicador se ha disparado. La directora de DTPM, Paola Tapia, confirmó que en Santiago hay un 35% de evasión. El desplome de la demanda, sumado a la alta evasión, puso en aprietos a los concesionarios. Para evitar su insolvencia, a fines de 2019, la ministra Gloria Hutt cambió la fórmula de la transacción, sustituyendo el desembolso del Pago por Pasajeros Transportados (PPT) -que equivalía al 70%- por el Pago por Kilómetro Recorrido (PKR) -los 30 restantes %-. Esta fórmula se mantiene hasta el día de hoy. Cuando entre en vigencia la nueva licitación, los operadores tendrán un esquema donde el 90% de sus ingresos serán por kilómetro recorrido, modelo que incentiva a los buses a estar en la calle y cumplir con indicadores de frecuencia. Cuatro millones de validaciones ingresan al sistema mensualmente; en cambio, antes de la expansión del Covid-19 la cifra era de seis millones. El objetivo de Paola Tapia es aumentar las transacciones con tarjetas BIP a cinco millones para fines de 2022.
GoodMeal, la startup chilena que creó una aplicación para comercializar alimentos que las tiendas no vendían durante el día -a precio reducido- inició a principios de año un plan de expansión nacional para expandir su actual operación desde dos regiones -Valparaíso y Metropolitana- a 14, casi todo el territorio nacional.
Maximiliano Acosta, cofundador y CMO de GoodMeal, explicó que “queríamos que todos tuvieran la oportunidad de ahorrar alimentos y generar un impacto en todo el país. El tema del desperdicio de alimentos es transversal en Chile y el mundo, ocurre tanto en las grandes cadenas alimentarias como en las pequeñas empresas.
Señaló que un aspecto clave del plan de expansión -que se llevó a cabo de manera paulatina- fue consolidar las regiones Metropolitana y Valparaíso, ya que “empezamos apalancando las alianzas que ya habíamos establecido con las grandes cadenas, porque muchas de ellas tienen una presencia en todo el país”, dijo Acosta.
Agregó que, para complementar la oferta, comenzaron a buscar y contactar pequeños comercios de diferentes regiones con quienes pudieran tener alianzas, como panaderías, fruterías, cafeterías y pastelerías, esto se potenció porque “muchos comercios de diferentes partes tenían nos escribieron que querían ser parte de GoodMeal y vender sus excedentes con nosotros, por lo que teníamos una buena base de datos configurada”.
Con esta expansión, GoodMeal ha podido rescatar 140 mil kilos de alimentos en regiones y llegar a un millón de usuarios en la aplicación a nivel país.
Crecimiento y proyección
Para los próximos meses de este año, la startup espera llegar a las dos regiones pendientes, Aysén y Magallanes, para consolidar su presencia en el país y establecer nuevas alianzas con empresas.
En el Región Metropolitana, Mientras tanto, buscan crecer con Mercado GoodMealél supermercado digital de productos de segunda -alimentación, limpieza y otros- que quedan fuera de los canales de venta tradicionales por no cumplir con ciertos estándares, por ejemplo, cuestiones de etiquetado.
GoodMeal Market inició operaciones en el segundo semestre de 2022 y a la fecha tiene presencia en siete comunas de la Región Metropolitana -en tres de ellas con puntos de venta- y el plan es “llegar a más comunas durante el segundo semestre de 2023”.
Acosta anunció que GoodMeal busca llegar a los mercados latinoamericanos, en los próximos meses, donde ya han tenido conversaciones con algunos negocios.
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Loreto Pelegrí ha seguido de cerca los diferentes debates tributarios que se están dando en el país.
El abogado y MBA, por ejemplo, fue participante activo de los diálogos sociales convocados en abril por el Ministerio de Hacienda tras el rechazo a la idea de legislar el proyecto, así como la discusión de la nueva regalía minera.
El socio Tax & Legal de PwC Chile es una de las voces técnicas más escuchadas a nivel empresarial. Prueba de ello es su activa participación en el comité fiscal de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y su asunción hoy miércoles como nueva consejera de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en el marco de la renovación de 30 plazas para la período 2023-2027.
– ¿Cuál espera que sea su principal aporte al consejo de la Sofofa?
Estamos ante un escenario de gran incertidumbre económica y regulatoria, y el proyecto de reforma fiscal recientemente rechazado es uno de los cinco proyectos fiscales que el Gobierno espera aprobar, y que fueron anunciados en el programa presidencial.
En ese sentido, mi aporte como consejero será impulsar un sistema tributario que fomente el crecimiento económico, la inversión y el ahorro, que sea competitivo y que combata la informalidad, de tal manera que, en caso de que se reactive nuevamente el proyecto rechazado, se Será lograr un pacto fiscal que permita a Chile recuperar su camino hacia el desarrollo.
Además, como directora de Fundación Chile Mujeres, quiero seguir impulsando la participación laboral femenina. En este punto, por ejemplo, me preocupa el proyecto que pretende modificar el Código de Trabajo en cuanto a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, ya que el teletrabajo no puede ser una decisión unilateral del trabajador. La ley actual ya permite acuerdos de teletrabajo para todas las personas y con diferentes realidades, y esto podría afectar la igualdad ante la ley porque podría verse como un beneficio solo para un grupo de trabajadores. ChileMujeres está por un derecho a solicitar el teletrabajo, no privativo de nadie, que favorezca los convenios híbridos de trabajo.
– ¿Cómo ve el papel de las empresas en la discusión de las reformas en el país?
En Chile vivimos un momento muy determinante a nivel político e institucional, que representa un punto de inflexión para poder avanzar o permanecer estancados e incluso retroceder en nuestro nivel de desarrollo. En este escenario todos debemos unirnos y trabajar juntos para tener un mejor país. Las empresas deben participar activamente en todas las instancias de diálogo sobre políticas públicas, promoviendo especialmente aquellas que sean pro inversión y crecimiento.
Asimismo, las empresas deben reivindicar su rol en el sentido de generar bienestar para la sociedad, promover la sustentabilidad y sustentabilidad incluyendo a las regiones, promover la descentralización y en general el bien común. La única manera de avanzar es todos juntos y con acuerdos lo más transversales posibles.
– La regalía minera ya fue aprobada, luego de intensas negociaciones entre el gobierno y los senadores. ¿Lo aprobado afecta la competitividad de la minería chilena? ¿Podría haber sido más perjudicial si se hubiera mantenido la propuesta original?
Estamos 2% o 3% por delante de nuestros principales competidores, como Perú, Australia y Canadá, pero claramente el proyecto mejoró sustancialmente durante su tramitación como resultado de las discusiones que se dieron con los expertos y con la industria minera. El primer proyecto que presentó el Gobierno, a través de una indicación sustitutiva en julio del año pasado, era totalmente diferente: tenía un componente ad valorem ligado al precio con escala y un componente variable, basado también en el precio del cobre, y se aplicó a EBITDA. Es decir, el gasto de depreciación o los gastos de organización y puesta en marcha no fueron aceptados para el cálculo de la renta imponible operacional minera.
El proyecto aprobado, por su parte, contempla una tasa del 1% ad valorem independiente del precio del cobre; un componente variable, que se determinará con base en rangos de margen operativo minero en lugar del precio del cobre; una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que podrían enfrentar pérdidas operativas; para el cálculo del margen operativo minero se considera la depreciación normal y una parte de los gastos de organización y puesta en marcha. Además, se contempla una tasa impositiva potencial máxima de 45,5% y 46,5%, dependiendo del volumen de producción.
– ¿Cómo anticipa la nueva discusión fiscal que se avecina en junio?
Una discusión sobre reformas tributarias debe ser integral y no aislada, como ha sido hasta ahora.
No podemos seguir con diferentes reformas discutidas por separado, como la fiscal, la regalía, las 40 horas, el salario mínimo, los impuestos correctivos, la renta regional y la reforma de las pensiones. Al final, lo importante es el cargo total que pagan las empresas, lo que se traduce en una mayor carga fiscal.
No debemos olvidar que por el principio de incidencia fiscal, son las personas las que finalmente pagan la mayor carga fiscal a través del precio de los productos y servicios que consumen. Por eso hay que considerar que las subidas de impuestos en su conjunto (IRPF, IRPF, reforma previsional, impuestos correctivos, impuestos medioambientales) acabarán repercutiendo en las personas.
Está claro que la situación económica actual no es de las mejores: crecimiento cercano a cero, inflación y tasas de interés aún altas, desempleo que no cede, el sector comercio que registra una nueva caída en las ventas, y ahora el Banco Central anunciando que ha activado el requerimiento de capital para los bancos debido a la incertidumbre financiera global. Por lo tanto, cualquier reforma debe tener en cuenta cómo reactivar el crecimiento económico. No debemos olvidar que el crecimiento económico es responsable del 80% de la recaudación de impuestos en los últimos 30 años, y explica el 90% de la reducción de la pobreza, según datos del propio Ministerio de Desarrollo Social. Pensar en cómo reactivamos la economía, por tanto, es clave.
En este sentido, las medidas pro-inversión y crecimiento deben ser efectivas y consistentes. En el ámbito de las pymes, más que incentivos a la I+D, hay que pensar en cómo recuperamos el empleo, en cómo incentivamos fiscalmente más potente la formación. Si queremos proporcionar incentivos a la inversión, como la depreciación instantánea, no podemos, por otro lado, limitar el uso de las pérdidas. En otras palabras, hay que mirar las medidas en su conjunto, teniendo como prioridad favorecer la inversión y promover la actividad, pensando, por ejemplo, en dar estabilidad a la inversión extranjera con invariabilidad fiscal. En el proyecto de regalías aprobado, por ejemplo, no hay nada en ese sentido y era muy importante que se hubiera incorporado algún tipo de estabilidad fiscal, considerando que las inversiones son de muy largo plazo.
– ¿A qué temas de la reforma original cree que debería renunciar el gobierno?
– Con el escenario que tenemos hoy, lo principal que debemos hacer es cuidar el ahorro, el crecimiento y la inversión. Por ello, además de tener una visión integral de todas las reformas, dentro de las medidas tributarias el Gobierno debería dejar fuera el impuesto a la riqueza y las utilidades retenidas, ya que afectan el corazón del ahorro y la inversión y, por ende, la generación de empleo. La misma OCDE señala que si los países contemplan el impuesto a la herencia no deberían tener impuesto al patrimonio.
– ¿Qué cambios debe incorporar el gobierno?
– La tasa de desarrollo contemplada en el proyecto original es algo que utilizarían muy pocas empresas, por lo que yo no me esforzaría pero sí que me esforzaría en créditos de I+D, sobre todo para que puedan acceder el mayor número de empresas. , incluidas las pymes.
Asimismo, no modificaría la legislación y tratamiento fiscal vigente de los fondos públicos de inversión, los cuales han demostrado ser una importante fuente de inversión extranjera en diferentes actividades. Lo anterior, reconociendo además que muchos países otorgan un trato fiscal preferencial, ya que generalmente representan fondos soberanos, vehículos de inversión colectiva como fondos de pensiones extranjeros y administración de activos, en la medida en que cumplan con la característica de inversionista institucional.
También creo que se deben mejorar las reglas de negocios y de reorganización internacional sin confundirlas con las reglas de precios de transferencia, como era el caso en el borrador original.
Finalmente, creo que se deben revisar las facultades otorgadas al SII, ya que las contenidas en el proyecto original me parecen excesivas, por ejemplo en materia de prescripción; y la tipificación de la Norma Antielusiva debe quedar en los tribunales tal como está hoy, ya que la norma se está aplicando tal como está y hoy en día hay varios requerimientos ante los tribunales con la actual administración.
– ¿Cree que el país debería aumentar su carga tributaria?
– Bueno, con la aprobación de la regalía ya se está aumentando la carga tributaria en un 0,45% del PBI, y antes de seguir aumentando la carga tributaria hay que aclarar y transparentar las necesidades de gasto, además de considerar una visión integral de todos los reformas
Cuando participé en los diálogos tributarios, y hablando con todos los actores que fueron invitados, un punto relevante a considerar es que no solo podemos mirar la recaudación de impuestos para un verdadero pacto fiscal, sino que también es obligatorio mirar el gasto público y su eficacia, su calidad y justificación. En ese sentido, fue importante en los diálogos preguntarnos por qué recolectamos, cuáles son las prioridades.
– Eres candidato a consejero del Colegio de Abogados. ¿Qué papel ha jugado y jugará la universidad en la discusión fiscal?
– El Colegio de Abogados participó en los diálogos tributarios convocados por el Gobierno y por supuesto lo seguirá haciendo. Por eso, si soy elegido, espero integrar la comisión tributaria y aportar mi visión de que todo pacto fiscal requiere de certidumbre y estabilidad por varios años para el desarrollo del país, así como otorgar la confianza necesaria que deben tener los contribuyentes que sus derechos serán respetados.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los Índices de Ventas de Servicios (IVS) del mes de abril, donde las ocho categorías que lo componen presentaron incrementos.
La mayor fue en las ventas de actividades de hospedaje y servicios de alimentación, con un avance de 16% respecto a igual mes del año anterior.
Este sector está compuesto por tres servicios, y todos presentaron incrementos. Las actividades más influyentes fueron los restaurantes y los servicios móviles de alimentos.Ellos siguieron el actividades de servicios administrativos y de apoyocon un 11,5%, donde todas sus categorías contribuyeron al alza.
El Actividades inmobiliarias, por su parte, creció 10,4% en el período. Las realizadas con bienes propios o arrendados contribuyeron con casi diez puntos porcentuales.
El resto de las categorías creció por debajo de los dos dígitos. Otras actividades de servicios aumentó un 9,3%.
Actividades profesionales, científicas y técnicas subieron un 7,8% en un año. La mayor incidencia positiva se da en arquitectura e ingeniería. Por otro lado, las actividades de las oficinas principales; actividades de consultoría de gestión; y actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal.
Mientras, Transporte y almacenamiento aumentó 5,8% en el período. El INE asegura que ocho de las diez actividades que componen este índice presentaron incrementos anuales. La principal influencia positiva fue gracias al transporte aéreo.
Información y comunicaciones subió un 4,7%, con aportación de todas sus categorías, pero especialmente de las telecomunicaciones, informa el INE.
Y finalmente, la que menos creció fue la categoría de actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas con un incremento interanual del 0,5%. Aumentan los juegos de azar y apuestas, y las actividades deportivas y de ocio.