El presidente Gabriel Boric y el Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Ríospresentado este martes la “Agenda Integral por la Verdad, la Justicia y la Reparación por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el estallido social”.
Este blog considera el trabajo de un proyecto de ley para asegurar la persecución especializada en la materia, así como una tabla de reparacion integral por las víctimas, entre otros puntos.
“Vamos a hacer todo lo posible para que verdad, justicia, reparación y no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”, afirmó el mandatario en la ceremonia que tuvo lugar en las dependencias de Justicia.
Desde la división fundamentan la iniciativa explicando que el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos no es discrecional para el Estado. En ese sentido, señalan, el Estado de Chile debe actuar conforme a los pilares de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. “Un conflicto político y social excepcional requiere una respuesta excepcional” por parte del Estado, que permita reconciliar a todas las partes del conflicto, precisan desde el ministerio.
Ministro Ríos Destacó que “la agenda en su conjunto estará al alcance de todos, y tiene como objetivo responsabilizarse de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social”.
Por su parte, Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, afirmó que “somos activos en la lucha contra la impunidad y el olvido de ayer y de hoy. La forma de curar las heridas de estas violaciones es abordar sus diferentes aristas con una agenda de trabajo abierta con enfoque de derechos humanos, y en eso estamos trabajando arduamente”.
También formó parte de la actividad la actual senadora Fabiola Campillai, víctima de uno de los episodios emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019. Campillai quedó ciego tras ser alcanzado por una bomba lacrimógena. Carabineros en el rostro a la espera de la locomoción colectiva para ir a trabajar.
Al afirmar que “hay una enorme deuda” en el tema, la legisladora y “sobreviviente” dijo que espera que esta agenda sea “prioritaria”.
“Trabajaremos y lucharemos por la libertad, la verdad, la justicia y, sobre todo, la reparación integral, la memoria y las garantías de no repetición”expresó.
La agenda considera tres ejes. El primero es “Verdad y justicia”. En este punto se argumenta que el Estado debe garantizar la justicia a las víctimas y se enfatiza que Es fundamental que los procesos se tramiten con especial dedicación, en un plazo razonable, con los recursos necesarios, para que la gente recupere la confianza en las instituciones del Estado.
Así, se propone presentar una Proyecto de ley para garantizar la persecución penal especializada en derechos humanos. El Ejecutivo trabaja para que esta institucionalidad sea parte del Ministerio Público y con ello garantice que el ente fiscalizador aplique todas sus capacidades en “debida diligencia” para la investigación de este tipo de delitos.
El segundo eje es “Reparar” y señala la importancia de implementar una política de reparación integral eficiente. En este sentido, se anuncia una mesa de trabajo para asegurar la participación de las víctimas y sus familias en el diseño de las medidas de reparación.
Por otra parte, junto con la reformulación de la programas de salud para las víctimas y aumentar las pensiones de graciaconstituirá el Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estallido Social con la participación como coordinador del Senador Campillai. El objetivo de esta instancia será establecer las bases de las medidas de reparación y una instancia de calificación de estas violaciones con la participación de las víctimas y el apoyo de expertos.
La mesa iniciará sus labores en julio de este año con sus “reuniones territoriales” para iniciar el proceso de reparación participativa.
El tercer eje apunta a la “Medidas para la no repetición, la memoria y la educación”. Aquí se argumenta que las violaciones a los derechos humanos no deben relativizarse de ninguna manera y deben tomarse las medidas necesarias para que no persistan las condiciones que las posibilitaron.
Entre las medidas propuestas en este punto se encuentra la presentación de un proyecto de ley para defensores de derechos humanos, para cumplir con deberes convencionales como el que establece el Acuerdo de Escazú respecto a los defensores ambientales. En el diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia para plantear esta idea, se advierte que las personas defensoras de derechos humanos en Chile no cuentan con mecanismos de protección ni políticas integrales que les permitan realizar su trabajo en defensa de los derechos humanos de manera segura.
A principios de este año, el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Chile” en el que se detallan las distintas situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los disturbios sociales de 2019. El documento enfatiza patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por la acción directa de agentes del Estado y otras 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, particularmente con lesiones oculares. Citando cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la comisión detalla la ocurrencia de 1.980 heridos por arma de fuego y 1.462 heridos por otras causas, “que incluye lesiones por gases lacrimógenos, fracturas y lesiones por golpes infligidos por personal de Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas”.
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