Luego de que se anunciara que el Presidente Gabriel Boric revocará administrativamente las pensiones de gracia a los condenados durante el estallido social, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó este martes la estrategia del gobierno para hacer frente a la polémica y detalló que, en el caso de la revocación, se revisarán los beneficios que fueron entregados en los últimos cinco años.
En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado aclaró, en primer lugar, que las indicaciones que había ingresado el Ejecutivo hace algunos días apuntaban a “personas que podían cometer delitos en el futuro y que, producto de eso, podían perder sus pensiones de gracia”. Lo segundo, agregó, es la solicitud que hizo la ministra Carolina Tohá -tras un mandato de Boric- de “revisar todas las pensiones de gracia otorgadas a partir de si existirían en ellas algún error, vicio que podría dejarlas sin efecto”.
Bajo ese contexto, defendió que la revocación administrativa por parte del Mandatario, la cual catalogó como una “atribución bien excepcional”, se realizará “en aquellos actos sobre los cuales podía existir algún vicio o algún error en el otorgamiento”.
Consultado respecto a si hubo un cambio de criterio de parte del gobierno en esta materia, Cordero lo negó. A su juicio, Interior habría dejado claro que era una potestad que se podía ejercer, considerando que dicho ministerio ya “ha ejercido esa atribución” en el pasado. “Yo creo que es decirlo explícitamente, públicamente”, precisó.
La autoridad, además, indicó que “es una decisión política el no haber otorgado más indultos asociados al estallido social”, de cara a las críticas levantadas por distintos sectores en torno a ambas materias.
En cuanto a los criterios para revertir el otorgamiento de este beneficio, el titular de Justicia indicó que aquello depende de la revisión de los expedientes y que no solo están en observación las pensiones entregadas en el marco del estallido social. Esto, porque “hay personas que podrían ser titulares de pensiones de gracia y haber cometido delitos posteriores, por ejemplo”.
“El elemento de tener o no tener antecedentes penales (a la vista) no está asociado al otorgamiento de una pensión de gracia, entre otras razones, por la naturaleza de la pensión. Y en el caso de las pensiones del estallido, por la manera en que estaba configurada la glosa presupuestaria, yo creo que lo correcto en esos casos es tener ese criterio común, porque definido para un caso, usted lo define para el resto”, añadió.
De los 18 mil beneficios vigentes, Cordero adelantó que se revisarán todos las que “estén dentro del plazo en que la autoridad pueda ejercer una atribución”. Es ese sentido, especificó que se abarcarían las pensiones entregadas en los últimos cinco años.
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