La inestabilidad política del Perú escribió un nuevo capítulo con la destitución de la presidenta Dina Boluarte y el nombramiento del entonces jefe del Congreso José Jerí como nuevo presidente. Se trata del séptimo presidente desde 2017 y el tercero en asumir el cargo en el actual periodo presidencial, que comenzó con la toma de posesión de Pedro Castillo en julio de 2021. La salida del expresidente se produce también a seis meses de las próximas elecciones presidenciales. Por eso, algunos ven la decisión de dejar vacante a Boluarte en este momento de su gobierno como una medida para distanciarse de su impopular gestión por sectores que inicialmente lo apoyaron. El apoyo a la expresidenta apenas superó el 5% en las encuestas y enfrentó crecientes protestas por no contener el crimen, la principal preocupación de los peruanos.
Fue precisamente el ataque contra un grupo musical en el distrito limeño de Chorrillos lo que finalmente desencadenó el proceso de vacancia que permitió a la oposición sumar 122 de los 130 votos de la Asamblea -es decir, prácticamente la totalidad de los legisladores- para destituir al Presidente. Su salida, sin embargo, lejos de calmar los ánimos en el país, reavivó las protestas que ahora rechazan a su sucesor, que ha enfrentado acusaciones de corrupción y agresión sexual, con una desaprobación del 83%. Es difícil predecir si la escalada de rechazo de sectores de la ciudadanía contra el nuevo gobernante y la gestión del Congreso derivará en otro pedido de vacancia, pero el hecho refleja la fragilidad con la que convive la democracia peruana.
Detrás de esta fragilidad se esconde un sistema político que se ha ido degradando fuertemente en las últimas décadas, sin un sistema de partidos sólido, parlamentarismo de facto y altos niveles de corrupción arraigados en el aparato estatal. Los últimos seis presidentes, por ejemplo, han enfrentado acusaciones de corrupción y se encuentran cumpliendo condena o en prisión preventiva. A esto se suma la profunda fragmentación del Congreso -cuya desaprobación supera el 90%- y las cifras sugieren que seguirá profundizándose en las elecciones del próximo año, con 43 partidos y movimientos políticos registrados para participar en los comicios, a lo que hay que sumar que hasta el momento hay una decena de candidatos presidenciales en carrera. Se trata de una división que avanza un panorama similar al de 2022, cuando quienes pasaron a la segunda vuelta contaban con menos del 20% de apoyo.
La crisis política en Perú es aún más preocupante considerando el acelerado deterioro de la seguridad, que ha visto crecer exponencialmente los delitos. En los mismos nueve años en que Perú ha sumado siete presidentes, la tasa de homicidios se triplicó. Así, si en 2017 llegaron a 671, este año, sólo en el tercer trimestre, llegaron a 575, según datos oficiales del Sistema Nacional de Defunciones. El promedio diario de homicidios en 2025 llega a 6,4. A esto se suma un explosivo aumento de las extorsiones, que ha crecido un 500% desde 2020 y afecta a más de 2 millones de empresas, según la Cámara de Comercio de Lima. Un escenario preocupante que también revela cómo el deterioro del sistema político-institucional de un país y el consecuente debilitamiento del Estado termina dando espacio al crimen organizado para ampliar su presencia.
