Luego que el gobierno anunciara que vetará el proyecto de ley de usurpaciones que fue aprobado ayer por el Senado, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), defendió la iniciativa y afirmó que la decisión del gobierno sólo extenderá el problema.
“La usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado. La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos”, dijo el presidente de la SNA, Antonio Walker.
Asimismo enfatizó que “el veto anunciado por el gobierno sólo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa”.
Por ello sostuvo que “invitamos a las autoridades a analizar los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia”.
En lo medular, el proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.
Inicialmente el gobierno había patrocinado esta reforma -surgida de un par de mociones de senadores opositores-, no obstante, la tramitación se complejizó con la conjunción de algunas disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento.
A juicio de La Moneda, la mezcla de dos figuras jurídicas: la “legítima defensa privilegiada” y la “flagrancia permanente” (es decir, el delito se sigue cometiendo mientras dure la usurpación, independiente de que pasen años) daba espacio a la “justicia por mano propia”.
“Tenemos un mes para ingresar el veto, tenemos que hacerlo con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien”, dijo ayer la ministra del Interior Carolina Tohá, quien añadió que lo principal es solucionar “este problema de la legítima defensa privilegiada permanente e ilimitada”.
Además mencionó un segundo punto delicado a resolver con un veto (que realidad pueden ser varios presentados simultáneamente): la aplicación de la misma pena severa para quienes se tomen un inmueble, independiente que sea con violencia contra personas o contra cosas. A juicio del gobierno, en ese tema debiera haber una graduación.
Respecto del tipo de veto, la ministra explicó que lo están “pensando mucho”, pues el objetivo es “preservar lo positivo el proyecto”. En todo caso, las alternativas son básicamente tres: un veto aditivo (que añadiría elementos al texto), uno supresivo (que eliminaría partes del proyecto) o uno sustitutivo (que reemplaza su redacción).
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