El cumplimiento de las proyecciones de ingresos del Estado ha vuelto a poner al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto (Dipres) en el centro de la discusión.
Esto, debido a la recortes de gastos por US$ 1.000 millones y US$ 600 millones solicitados para 2024 y 2025, respectivamente, para alcanzar las metas presupuestarias del Tesoro, a lo que se suma más recientemente un recaudación por debajo de lo esperado de la ventanilla de repatriación de capitales de la Ley de Cumplimiento Tributarioque recaudó sólo el 15,6% de lo estimado.
Este último fue compensado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con ingresos superiores a los proyectados en una ventana temporal para recaudar fondos para la reconstrucción de Valparaíso, golpeada por los megaincendios del verano de 2024, y el cierre anticipado de juicios fiscales. pendiente a cambio del pago de los impuestos adeudados. Todo esto llevó a que la recaudación total superara los mil millones de dólares, superando las estimaciones. Pero también significó que el Secretario de Estado tuvo que dar explicaciones en una tensa sesión en el Comité de Finanzas de la Cámara este lunes.
Sin embargo, Teatinos 120 busca contraatacar y poner sobre la mesa que no ha sido la única administración que ha visto incumplidas sus proyecciones de ingresos, lo que tiene impactos de primer orden en el financiamiento de políticas públicas tan relevantes como la Pensión Universal Garantizada (PGU).
En este contexto, el ministro Marcel informó al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para solicitar que calcule si el PGU está efectivamente financiado y si el conjunto de medidas tributarias que se legislaron en 2022 para solucionarlo han cumplido con sus metas de recaudación.
Esto se da en medio de las críticas que han surgido por la baja recaudación del impuesto a los bienes suntuarios, que fue parte de las medidas para solucionar el PGU y que fueron legisladas por el Gobierno saliente de Sebastián Piñera en enero de 2022.
El impuesto al lujo ha recaudado apenas 33 millones de dólares entre 2023 y octubre de 2024, en circunstancias en las que se estimaban ingresos superiores a 100 millones de dólares para cada año. Hay legisladores que han centrado sus críticas en la actual administración de Teatinos 120, la cual ha negado que este tema haya sido legislado cuando Rodrigo Cerda era Ministro de Hacienda y Cristina Torres era Directora de Presupuestos en la administración Piñera.
“En cuanto al impuesto al lujo, era parte del paquete que se legisló para financiar el PGU en enero de 2022. Esa legislación tenía serias deficiencias, particularmente en relación al impuesto al lujo, pero no solo en relación a ese impuesto, sino que varios otros temas que se incluyeron dentro de ese paquete han tenido problemas posteriormente. “Creo que no hay ninguna medida fiscal que se adoptó en aquella ocasión que no haya sido reclamada en los 24 meses siguientes a su legislación”, dijo este lunes el secretario de Estado en el comité rama de la Cámara.
Además de resaltar que el impuesto al lujo tenía “graves deficiencias” en su funcionamiento y que fueron corregidas en la Ley de Cumplimiento Tributario para que este impuesto “rinda más”, Marcel explicó en qué consistirá el análisis que solicitó al CFA: “Sobre el costo total del PGU y su financiamiento, hemos solicitado al Consejo Fiscal Autónomo que haga una evaluación para que tengamos una visión global de lo que fue. Es decir, cuánto costó realmente, cuánto se financia”. ¿Qué resultados en el corto plazo tuvieron las medidas tributarias que se aprobaron para financiarlo? Cuando hablamos de ajustes en el PGU, es importante que los tengamos lógicamente financiados.“.
El titular de Hacienda narró que cuando asumió el Gobierno, en 2022, el recorte del gasto total de más del 23% fue difícil porque además hubo que darle espacio al PGU, “que no se cubrió adecuadamente. Y tenemos También dijo: “Tenemos que hacerle espacio en los próximos años”.
La financiación
Cuando se tramitó el PGU a inicios de 2022, el Ejecutivo en ese momento presentó un proyecto con medidas tributarias para financiarlo.
El texto planteó una impuesto único del 10% sobre las ganancias de capital por operaciones en el mercado de valores líquidos del artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LIR); el Reducción temporal por dos años y posterior eliminación del crédito especial del IVA para empresas constructoras.; el término de la Beneficios fiscales para tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido inmuebles DFL 2. antes de 2010; el Impacto del IVA en todos los serviciosexcepto en salud, educación, transporte y para todos los contribuyentes que expidan recibos de cuotas; la creación de un impuesto al lujo sobre vehículos y medios de transporte de alto valor; y el Tributación con impuesto de sucesiones para seguros de vida.
Al presentar el PGU, se explicó que el costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PBI entre 2028-2034, alcanzando un promedio de 0,92% del PBI en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población. población en las próximas décadas.
Las medidas tributarias buscaron resolver el 0,35% del PBI en necesidades de financiamiento del nuevo PGU, a lo que se sumaron disposiciones ya incorporadas en la Ley de Presupuesto 2022 y holgura presupuestaria, así como la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). El tema fue tema de debate en el Congreso, donde se criticó que el nuevo beneficio no estuviera financiado. El CFA también entró en la discusión.
Por tanto, el Ejecutivo finalmente cedió y aumentó los ingresos previstos por las medidas fiscales hasta el 0,70% del PIB.
El tema también fue motivo de polémica en las reuniones de traspasos entre Cerda y Marcel en el verano de 2022.
