El empresario ecuatoriano-chileno Gabriel Massuh, dueño de la mayor importadora de banano del país, Bagno, pretende ingresar a la propiedad de Clínica Las Condes (CLC) como parte de una empresa que ofreció US$60 millones por el control de la empresa. compañía.
Sin embargo, Massuh ha tenido otras noticias, ya que en diciembre conoció el primer fallo en un caso tributario que disputa con el Servicio de Impuestos Internos (SII) desde 2019. Y le resultó favorable.
Ese año, la entidad, que en ese entonces dirigía Fernando Barraza, presentó una denuncia penal contra el importador, acusándolo de haber declarado 515 facturas falsas vinculadas a 28 “presuntos proveedores”, quienes “no realizaron las operaciones que expediente, aumentando indebidamente los Créditos Fiscales del IVA que tenía derecho a hacer valer”.
En su escrito, presentado ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, el SII acusó una pérdida fiscal que, a marzo de 2019, habría superado los $2.543 millones. En paralelo, el Servicio también ordenó una serie de liquidaciones contra Comercializadora de Frutas Central, empresa vinculada a Massuh y Bagno.
Avance del caso
Asesorado por el estudio de abogados Villarroel, Lecaros y Aste, el empresario acudió al Tribunal Fiscal y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana, con un reclamo de nulidad de las liquidaciones tramitadas por el SII.
Massuh acusó una serie de irregularidades en la forma en que se había llevado a cabo este trámite, pero también apuntó al fondo del ataque del SII, es decir, la falsedad de las facturas. El empresario argumentó que, por la naturaleza del negocio, en ocasiones se ve obligado a adquirir productos a intermediarios o pequeños comerciantes para cumplir con las obligaciones pactadas con sus clientes, particularmente en el mercado de Lo Valledor.
Así, afirmó que “ha sido la propia entidad tributaria la que ha reconocido que la informalidad con la que opera” en ese mercado “dificulta acreditar materialmente una operación”. De esta manera, indicó que las facturas no eran falsas y que las transacciones cuestionadas estaban registradas en los inventarios y que se habían realizado.
El TTA falló a favor de Massuh y anuló los acuerdos, pero descartó pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sus argumentos en el fallo respondieron a “los graves errores y omisiones en que incurrió el ente fiscal, al momento de dictar las Liquidaciones apeladas”, que transgredieron “los derechos del contribuyente”. El Tribunal aludió a citaciones extemporáneas, falta de fundamentación e inexactitudes en la base de cálculo para la imputación del IVA, entre otros, pero omitió pronunciarse sobre la veracidad de las facturas.
En la causa penal, mientras tanto, el proceso se encuentra estancado. En 2021, un informe de la PDI determinó que de las 515 facturas imputadas, solo se pudo establecer fehacientemente la falsedad material o ideológica de 20 de ellas. Sin embargo, señaló que Bagno podría haber realizado esas compras de forma regular y legal y haber recibido, como prueba, una factura falsificada de los proveedores. Tras la entrega de ese informe se solicitó una prórroga, pero tres años después aún no se ha hecho.
