Sr. Director:
Un nuevo capítulo está escrito en el proyecto minero de Dominga. Esto, esperando la admisibilidad de las apelaciones presentadas ante la Corte Suprema, contra la sentencia emitida por el Primer Tribunal Ambiental (1º) de Antofagasta.
Es que antes de la decisión de rechazar el 8 de enero nuevamente el proyecto por el Comité de Ministros, Andes Iron presentó un requisito acusando que la sentencia de diciembre de 2024 no había sido ejecutada o en la forma y el fondo.
En respuesta, el 17 de febrero, el 1er alojado dicho requisito al mantener que el Comité de Ministros no cumplió con lo que se ordenó en la oración dentro del conjunto. Y que incorporaron argumentos no contemplados en la resolución original, que violaron el principio de certeza legal del proceso administrativo. Por lo tanto, ordenó estrictamente el cumplimiento forzado con el fracaso.
Las aguas no se calmaron y la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó el 24 de febrero otro recurso, esta vez antes de que el Tribunal de Apelaciones de Antofagasta contra dijo que el fallo, argumentando que la sentencia de diciembre de 2024 estaba satisfecha, que el comité de ministros resolvió en conformidad con el fallo. Además, argumentó que el primero extrajo sus poderes.
Es inusual que donde hay tantos intereses en juego: privado y público con una decisión tan compleja de tener efectos ambientales, económicos, sociales y políticos, esto se extiende por más de una década. Esto demuestra las deficiencias documentadas del sistema legal-ambiental para tomar decisiones, así como su sistema de recursos.
Con suerte, este caso sirve para impulsar las reformas largas y largas a favor de los intereses involucrados.
Rojas cristianos
Profesor Asociado de Derecho Administrativo, Universidad Andrés Bello
