La última jugada del Gobierno para la distribución del 6% de cotización adicional, en el marco de la reforma de pensiones, sigue generando dudas por parte de algunos actores.
En su último informe de temas públicos, Libertad y Desarrollo (LyD), criticó los contenidos fijados en el último protocolo por parte del Gobierno y los senadores de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, donde la oposición no solo tiene mayoría, sino que además preside la instancia.
Para el centro de estudios, los contenidos del protocolo previsional son, en general, “bastante vagos y amplios” y añadió que “resulta preocupante que se valide la creación de un seguro social, que en la práctica no es más que volver a introducir un componente de reparto a nuestro sistema de pensiones”.
LyD manifestó que “el Gobierno insiste en mecanismos de reparto para mejorar las pensiones actuales, cuando pueden ser financiados con impuestos generales, implementando medidas que permitan recaudar más y no perjudiquen la inversión y el crecimiento”.
En detalle, cuestionó la creación del seguro socialy específicamente el préstamo reembolsable desde los cotizantes al Estado para el 2% de los seis puntos de cotización adicional.
“No es una buena idea, toda vez que la rentabilidad que se aplique a los recursos será menor a la de mercado, no se tienen detalles sobre su heredabilidad, se debilita la propiedad sobre los fondos y no se puede tener certeza que el día de mañana efectivamente se pague el préstamo”, criticó LyD.
También, cuestionó que “no se sabe si estos recursos serán heredables en caso de fallecimiento antes o después de jubilarse”.
Lo anterior, a juicio de LyD, porque “no se sabe si el pago mensual corresponde a una pensión o si, corresponde a un complemento monetario adicional a su pensión final (autofinanciada + PGU)”.
Asimismo, advirtió que “tampoco se sabe si esos recursos prestados al ser devueltos podrán ser utilizados para acceder a una renta vitalicia”.
Además, cuestionó el Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social que financiará los beneficios para mejorar pensiones de mujeres y de actuales jubilados y quienes se pensionen en los próximos 20 años. “No se han dado a conocer públicamente modelaciones del fondo que permitan analizar su sostenibilidad financiera”, consignó el documento.
Evitar mecanismos de reparto
Para LyD “se deben evitar crear mecanismos similares al reparto, aunque sean transitorios y se vistan de préstamo, ya que el riesgo de que se perpetúen en el tiempo es alto y una vez abierta esa puerta es muy difícil cerrarla, como lo demuestra la experiencia de los países europeos”.
Por último, el think tank ligado a la centro derecha hizo un llamado a su sector argumentando que “es deber de la oposición volver a centrar la discusión en soluciones que sean efectivas y que no perjudiquen a los trabajadores”.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que logró un acuerdo anticipado para un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de su mina Ministro Hales y cinco sindicatos de su división más productiva, El Teniente.
Una negociación anticipada disipa las posibilidades de una huelga en el yacimiento, en medio de los esfuerzos de Codelco por reimpulsar su producción propia, que cayó a su menor nivel en 25 años en 2023.
En el caso de su división El Teniente, Codelco acordó un nuevo contrato con cinco sindicatos que agrupan a los cerca de 3.150trabajadores y trabajadoras. Se trata de las agrupaciones N° 5, Caletones, El Teniente, N° 7 y Sewell y Mina Unificado, que aprobaronla propuesta de la empresa.El nuevoconvenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses, desde 2024 a2027, a partir del 1 de noviembre.
Producción de Codelco volvió a caer en julio mientras que la de Escondida se disparó, según cifras de Cochilco
En esta mina subterránea, la más grande del mundo, las organizaciones de trabajadores lograron un reajuste de 1,5% y el bono de fin de conflicto de $ 22,5 millones más un crédito blando de $ 3 millones por 36 meses sin reajuste ni interés. Para aquellos que tienen cuentas en el Banco BCI, los pagos se realizarán a partir de mañana jueves 12 de septiembre y los otros bancos, el viernes 13 de septiembre, explicó el presidente del sindicato unificado Sewell y Mina, Amador Pantoja. Los operarios tienen también beneficios en salud y educación, señaló.
“Este proceso logró cautelarresponsablemente la viabilidad del negocio y mejorarla posición competitiva de la división, introduciendo, además,prácticas laborales que apuntan a elevar la productividad de la empresa”, afirmó Andrés Music, gerente general de El Teniente.
“Este instrumento colectivonos va a permitir concretar la puesta en marcha de los proyectos que dan continuidad a la división y consolidar las jornadas laborales que reducen los impactos en el entorno yaportan a la calidad de vida de las personas” concluyó Music.
Históricamente la producción de El Teniente se sitúa cerca de las 450 mil toneladas anuales, aunque 2023 concluyó con una baja, a 351.900 toneladas anuales.
En el caso de Ministro Hales, el nuevo contrato, que abarca 600 trabajadores, se extenderá por 36 meses desde el 1 de diciembre, precisó la firma sin dar a conocer las condiciones económicas de cierre.
“El acuerdo se basa en la búsqueda conjunta de acciones y planes de trabajo que permitan dar sustentabilidad a la división en el mediano y largo plazo”, dijo el gerente general del yacimiento, Gonzalo Lara, citado en un comunicado.
El abogado de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez, informó que se comunicó con la fiscal especial encargada de investigar eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias para poner a disposición del Ministerio Público su celular y computador.
Cabe recordar que a Vivanco la Corte Suprema le abrió un cuaderno de remoción y además la Fiscalía Nacional inició una causa para indagar conversaciones entre ella con el abogado Luis Hermosilla cuando integró en forma temporal la Tercera Sala del máximo tribunal.
Manríquez explicó que la defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y la de Los Lagos para poner a disposición a la ministra Vivanco “para todas las diligencias que se estimen pertinentes y de la misma manera hemos solicitado se nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a la conversación de ella con Luis Hermosilla, para poder contrastarlos y verificarlos y hacer un control cruzado saber si están íntegros o editados, si existen, y saber cuál es su contexto”.
Agregó que de la misma manera “hemos puesto a disposición de esa Fiscalía los equipos electrónicos de Vivanco. Esto es, su teléfono y computador, con el objetivo de llevar adelante una investigación abierta, que permita avanzar en el total establecimiento de estos hechos que tiene tan conmovido al sistema judicial y político nacional”.
Más tarde, la Fiscalía Nacional confirmó que se incautó de forma voluntaria el teléfono y computador de Vivanco en el marco de la investigación que lidera la fiscal Carmen Gloria Wittwer. El procedimiento fue realizado en el domicilio de la ministra por personal del 0S7 de Carabineros. Esto, en el marco de la indagatoria por su rol en el fallo favorable al consorcio bielorruso Belaz Movitec en su disputa con Codelco.
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