Las empresas inmobiliarias analizan detenidamente sus nuevos proyectos de inversión ante el complejo escenario que vive la industria. Según varios agentes del mercado, las empresas están minimizando las compras de suelo nuevo para desarrollos habitacionales. Incluso hay empresas que han preferido desistir de una promesa de compra y venta de una pieza de tela para levantar edificios, a pesar de la multa que ello implica, en consonancia con la fuerte caída esperada en la inversión en construcción por la incertidumbre económica y política.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) proyectó una desaceleración de la inversión en el sector de 3% para este 2022. Es decir, casi un punto porcentual más que la estimación realizada en enero de este año, que anticipaba una caída de 1,9%. El gremio apuntó al incremento sostenido en el precio de los materiales de construcción, alta inflación, mayores costos y restricciones para acceder al crédito y mayor incertidumbre.

En su último informe sobre el sector, la agencia Feller Rate señaló que el actual escenario económico, influenciado por la contingencia político-social y la crisis sanitaria, seguirá ejerciendo presión sobre la industria inmobiliaria y de la construcción.

Ante este escenario, dijo que se esperan ajustes en la oferta de vivienda y su composición, adaptándose a los niveles de demanda previstos para los próximos periodos. “Así, se espera un mayor uso de los bancos de suelo propiedad de las empresas, con el fin de reducir las presiones de mayor endeudamiento (asociado a este rubro) o necesidades de liquidez”, dijo la calificadora.

A fines del año pasado, el gerente general de la inmobiliaria Norte Verde, Roberto Bascuñán, levantó la alerta sobre la situación del mercado. “Nadie tiene una bola de cristal de lo que va a pasar, por eso somos más cautelosos”, fueron las palabras del ejecutivo.

Durante el cuarto trimestre de 2021 ingresaron al mercado en Santiago 54 nuevos proyectos y, de este monto, el 88% aún no ha iniciado su ejecución a pesar de contar con terrenos disponibles para ello (venta en blanco), según datos de la consultora GfK. La cifra corresponde a la tercera tasa más alta desde 2013 tras el máximo registrado en el cuarto trimestre de 2015.

Feller destacó que el constante aumento de los precios de los materiales de construcción, asociado a una menor disponibilidad de materias primas y un alto costo de reposición de las mismas, ha generado presiones en la actividad de la industria. “El aumento de los costos puede afectar las decisiones de inversión o generar una caída en los márgenes de la construcción; en tanto, la falta de materiales en el mercado impacta en el avance de los proyectos, aumentando los tiempos de ejecución”, dijo.

La situación -coinciden en la industria- se complejizó aún más tras lo vivido por la inmobiliaria Fundamenta. El 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la nueva delegada presidencial, Constanza Martínez- decidió revocar los permisos aprobados hace tres años para su proyecto denominado Egaña-Comunidad Sustentable, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

La empresa inició las obras el 27 de junio de 2019. Luego de 33 meses de avance, la inmobiliaria dijo que ya ha gastado US$100 millones de los US$300 millones presupuestados, en excavaciones, cimentaciones, obra pesada e instalaciones subterráneas.

La inmobiliaria -controlada por Pablo Medina y cuyo socio minoritario es Andrés Echeverría- anunció que presentará una demanda para intentar reactivar su proyecto.

“Esta situación sin precedentes en nuestro país es un grave perjuicio para la seguridad que toda empresa necesita para invertir, más aún cuando el proyecto Egaña-Comunidad Sostenible cumplió con creces todos y cada uno de los requisitos reglamentarios”, dijo la compañía.