Esta semana dedicamos los editoriales de lunes y martes a la crisis de inseguridad que, lamentablemente, se ha apoderado de la agenda nacional, y que encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas. La naturaleza y gravedad del problema no tienen precedentes, pues el tipo de delitos, la frecuencia con que ocurren y el grado de violencia que involucran son nuevos en nuestro país.
Este tercer editorial sobre delincuencia busca reforzar el mensaje de los dos primeros, porque ante las declaraciones del Subsecretario de Gobernación sobre el violento asalto a un centro comercial de la capital el pasado domingo, el Gobierno parece no escuchar: garantizar la seguridad es la primera responsabilidad del Estado, y el Estado está fallando.
En lugar de anuncios que comuniquen a la ciudadanía la firme voluntad del Gobierno de redoblar esfuerzos para enfrentar a los delincuentes, la autoridad ha preferido enfatizar la responsabilidad de los centros comerciales de implementar medidas y protocolos para estar mejor protegidos ante acciones delictivas.
Esa responsabilidad existe, por supuesto, y es necesario discutir qué pueden hacer los actores privados -empresas y negocios- para dar mayor protección a sus trabajadores y clientes. Pero frente a bandas bien organizadas y fuertemente armadas como las que han actuado en numerosos incidentes en los últimos tiempos, sólo el Estado puede desplegar la respuesta contundente necesaria, ya sea para disuadir o confrontar estas acciones.
Es precisamente por eso que existe el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, porque dado el grado de violencia que puede desencadenar el crimen organizado -y de eso estamos hablando aquí- los actores privados siempre estarán indefensos. Hasta ahora los ciudadanos no parecen reclamar el derecho a armarse para su propia defensa y eso es tranquilizador, ya que se iniciaría un proceso casi irreversible de deterioro de nuestra convivencia. Todo indica que espera ser protegido por las instituciones a las que la ley asigna esa tarea, y esa es una expectativa que la autoridad no puede cuestionar con declaraciones imprudentes.
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