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En julio del año pasado, el Ministerio de Agricultura publicó una circular que causó alarma en la industria del fraccionamiento. La cartera que dirige Esteban Valenzuela instruyó a la SAG endurecer los criterios para autorizar fraccionamientos.
Posteriormente, el gremio de parcelaros, ChileRural, demandó al Gobierno argumentando que esa atribución corresponde al Congreso y logró que se paralizara la instrucción mientras duró el juicio, con una medida cautelar.
“Lo que esperamos es que el ministro Valenzuela presente cuanto antes el proyecto de ley que tantas veces ha anunciado”dijo el presidente del sindicato ChileRural.
Pero los criterios de la SAG continuaron endureciéndose y el servicio sigue solicitando una serie de actas para aprobar los fraccionamientos, argumentando que esta facultad es preexistente. Y en un juicio paralelo, con un grupo de inmobiliarias, la Corte falló a favor de Agricultura y validó las medidas del SAG.
Con esto, el ministerio trató de descongelar el polémico instructivo de encomiendas; sin embargo, el Juzgado 7° Civil denegó la petición.
“Esto demuestra que no se puede intentar cambiar la ley a través de oficios. Lo que esperamos aquí es que el ministro Valenzuela presente lo antes posible el proyecto de ley que tantas veces ha anunciado en la prensa y que sea el Congreso Nacional el que delibera”, dijo Patricio Álvarez, presidente de ChileRural.
El ministro Valenzuela, por su parte, afirmó que esta resolución no afecta en nada los planes de la cartera respecto al conflicto de loteo y destacó que el juzgado también desestimó la solicitud del gremio de paqueteros de ampliar la medida cautelar para prohibir la emisión de actos administrativos que produzcan la suspensión de la certificación de fraccionamientos.
“Desechada esta aspiración, no se ha afectado el cumplimiento de la función de velar por la legalidad vigente en materia de fraccionamientos, tarea que corresponde realizar en coordinación con los servicios públicos (…) Seguiremos, por tanto, cumpliendo con la las sentencias de los tribunales y las funciones que la ley encomienda a los servicios públicos en esta materia”, aseveró.
