SEÑOR. PRINCIPAL:
Desde hace varias semanas somos testigos de numerosos incendios forestales que han afectado principalmente a la zona centro-sur del país, haciendo sentir sus devastadores efectos en varios puntos de Chile, lamentable situación que ha afectado vidas y propiedad de muchos compatriotas.
Más allá de los efectos de los incendios, vale la pena detenerse a ver si las instituciones del Estado están preparadas para combatirlos. En un país donde existe una gran cantidad de terreno sembrado por empresas forestales, debe existir una institución estatal que pueda hacerse cargo de prevenir la ocurrencia de incendios, combatirlos para evitar su propagación y finalmente perseguir de manera eficiente a quienes participen en la ocurrencia de los mismos. incendios los hechos.
En base a ello, y en relación con este último aspecto, no existen en Chile unidades policiales cuya misión sea la persecución de los delitos de incendio; O al menos no como una prioridad. Lo que se ha hecho es reconvertir o ampliar la competencia de unidades de la PDI y de Carabineros de Chile para investigar los delitos de incendios en general, lo que ciertamente incluye los incendios forestales.
Ante delitos de tan graves consecuencias, es fundamental que el Estado determine la creación de una unidad de investigación de incendios forestales, ya que su común ocurrencia lo hace imprescindible. Hoy, la investigación de incendios de esta naturaleza está entregada técnicamente al Cuerpo de Bomberos de Chile y a Conaf, cuyos recursos y orientación son insuficientes para hacerse cargo de una realidad que seguiremos enfrentando, como sucedió en 2017, donde si bien los recursos destinados para combatir el incendio aumentó, no se generó una fuerza con los fondos necesarios para apoyar la investigación de estos hechos. En instancias de estas características, el tiempo y la especialización pueden ser cruciales para recolectar material que resulte en un proceso penal exitoso.
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Sería importante ver a nuestras autoridades generando iniciativas que permitan al Ministerio Público y sus organismos auxiliares contar con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de investigaciones, que son complejas y requieren de una adecuada capacidad logística para su efectividad que hoy en día no tiene el Estado.
Manuel Guerra Fuenzalida
ex fiscal regional
Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad de San Sebastián
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