Economia
Isapres: expertos alertan por alza de la deuda en últimos meses y rebaten actuales cálculos
El receso legislativo frenó la discusión de la ley corta que busca dar salida a la crisis de las isapres, aplicando el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -instruyendo el método para las devoluciones a afiliados- y permitiendo un reajuste extraordinario en el precio base de los planes para que las compañías recuperen el equilibrio financiero.
En el centro del debate está la deuda del sistema que, en enero, fue estimada por la Superintendencia de Salud en unos US$ 1.180 millones. No obstante, en el Senado se aprobó la mutualización de la misma, esto es, un principio por el cual los afiliados de una cartera comparten los riesgos de siniestro. Con ello, el monto bajaría en torno a los US$ 451 millones. Parlamentarios oficialistas llevaron esa norma al Tribunal Constitucional (TC), proceso aún pendiente de resolverse.
Pero dentro de la industria no hay consenso en cuanto a que estos montos sean los que efectivamente tendrán que desembolsar las isapres y, según fuentes ligadas a las compañías, la cifra incluso habría crecido.
En efecto, respecto del monto de la deuda de US$ 451 millones, estimado a partir de la mutualización propuesta por un comité técnico a la comisión de Salud del Senado en noviembre pasado, estos análisis indican que esa cifra ya asciende a unos US$ 600 millones dados los meses transcurridos. Y calculan igual efecto para el caso de los US$ 1.180 millones estimados por el Gobierno en sus últimas indicaciones al proyecto en enero pasado, la que ahora sería de más de US$ 1.300 millones.
“Para saldar un monto de US$ 1.180 millones, las isapres deberían marginar más de $ 100 mil millones anuales por diez años, escenario absolutamente imposible. Por lo tanto, la promesa de pago de una deuda de tal envergadura es ficción”.
Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia
“Hay una urgencia de zanjar este tema, no solamente por la ejecución del fallo, que es indiscutible, sino por el impacto que esto está teniendo en el sistema y su sustentabilidad”.
Emilio Santelices, exministro de salud
“Hay efectos en direcciones contrarias (para la deuda), por lo que es central cuantificarla y que acompañe el debate legislativo que se retomará en marzo”.
Daniela Sugg, Ceo de Sugg y Asociados
Fotos: Agencia Uno y Archivo
De igual forma, indican que el primer monto de devoluciones por US$ 1.400 millones del Ejecutivo en mayo de 2023, ya superaría los US$ 1.600 millones.
Falta de certezas
“La deuda se incrementa a medida que pasa el tiempo y esto se debe a que la Corte Suprema considera que mes a mes hay afiliados a los que se les están haciendo cobros indebidos por concepto de la tabla de factores. Mientras más tiempo pasa, más se acumulan”, afirma Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia.
Daniela Sugg, economista de la salud y CEO de Sugg y Asociados, añade que una actualización del monto se requiere no solo por el paso del tiempo, sino también porque se han ido aprobando mecanismos adicionales, como el no cobro a los menores de dos años desde marzo de 2024 y el adelanto de alzas por concepto del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
Sin ir más lejos, la última minuta de la Superintendencia liderada por Víctor Torres suponía que la ley corta se promulgaría en febrero, lo que no ocurrió. Con ello, Sugg dice que para tener un cálculo certero hay que considerar tres efectos: el del fallo de la tabla de factores en el periodo que va desde abril de 2020, cuando entró en vigencia la nueva tabla; el no cobro a menores de dos años, y la aplicación del fallo GES. “Hay efectos en direcciones contrarias (para la deuda) por lo que es central cuantificarla y que acompañe el debate legislativo que se retomará en marzo”, estima.
El exministro de Salud Emilio Santelices, quien además fue coordinador del Comité Técnico que asesoró al Senado, explica que la deuda se compone de dos partes: la primera es el pasivo asociado a la devolución de los excesos que, para él, no debería pasar los US$ 450 millones, con mutualización.
“La otra parte corresponde a la deuda prospectiva que se ha ido generando en estos meses, mientras no se resuelve definitivamente a partir de la ley corta cuál va a ser la fórmula para los períodos siguientes, y ahí se genera el vacío para lo que queda entre el fallo y la ejecución de la ley”, dice.
Santelices sostiene que “hay una urgencia de zanjar este tema, no solamente por la ejecución del fallo, que es indiscutible, sino por el impacto que esto está teniendo en el sistema y su sustentabilidad”.
Críticas a los cálculos
El exministro es enfático en que es un error hablar de que los planes subirán hasta en un 40%, porque si bien subirá el precio base, para algunos afiliados habrá disminuciones por la aplicación de la nueva tabla de factores. Para ciertos usuarios “puede que incluso siga siendo menor al precio actual, o similar, y a quienes les suba el precio final no debiera subir más allá del 10%. Eso no se ha comunicado adecuadamente, la discusión se ha centrado en el precio base y eso es solo un componente del precio final”, argumenta.
Beaumont va hacia el fallo de la Corte y esgrime que es un error considerar solo la variante tabla de factores para calificar los cobros como injustificados. Señala que esos cobros indebidos se deberían haber reflejado en las utilidades de las empresas, con “platas que no se pueden justificar”, lo que, para ella, no sucede.
“En realidad, para poder generar un plan de pago para saldar un monto de US$ 1.180 millones, las isapres deberían marginar más de $ 100 mil millones anuales por diez años, escenario absolutamente imposible. Por lo tanto, la promesa de pago de una deuda de tal envergadura es ficción. Si las isapres cobrasen en exceso deberían acumular a lo menos ese mayor valor. Desde abril de 2020, acumulan pérdidas por US$ 253 millones”, lanza la experta.
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Artículo Original
Por primera vez desde su creación en 2011, una startup chilena formará parte de Startup Battlefield 200, la competencia de empresas emergentes en TechCrunch Disrupt, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo que se realiza en San Francisco, Estados Unidos.
IC Innovations será una de las 200 compañías en etapa temprana que ha asegurado un espacio para presentar su negocio ante más de 10.000 asistentes, entre los que hay compañías y firmas de venture capital.
Fundada por Vader Johnson y Daniel Hurtado, IC Innovations desarrolló Chaski, un dispositivo que monitorea la respiración de deportistas para generar informes de rendimiento. Este proyecto, un spin-off de la Universidad Católica, ha sido respaldado por Claudio Angelini, Claudio Ulloa, Miguel Sifri, además de un grupo de inversionistas ángeles asociados a Southern Cross, liderados por Jaime Besa, y por la Fundación Copec-UC.
Johnson comentó que, tras ser invitados a postular hace dos meses, recibieron la noticia de su aceptación hace una semana, aunque solo pudieron hacerla pública el jueves.
“Es muy difícil ser aceptado; es un evento con gran exposición donde los inversionistas de Silicon Valley vienen a ver qué está ocurriendo”, explicó Johnson.
Las startups seleccionadas competirán en seis categorías según su vertical de negocio, y 20 de ellas podrán hacer un pitch en el escenario principal del evento, organizado por TechCrunch, un medio estadounidense especializado en tecnología y startups.
La startup ganadora del evento recibirá US$ 100.000, además de la exposición que brinda el evento.
Vader Johnson y Daniel Hurtado, fundadores de IC Innovations.
Expansión y enfoque en longevidad
Johnson y Hurtado también compartieron que ya han comenzado operaciones en Estados Unidos, tras contratar a una jefa de desarrollo de negocio para ese mercado, y están preparando una ronda puente.
“La idea es captar algunos inversionistas ángeles, pensando en que el próximo año planeamos levantar una ronda de venture capital en EEUU”, señaló Johnson.
En ese mercado, están enfocados en cerrar alianzas, como la reciente colaboración con el equipo de ciclismo profesional de Boston, ButcherBox.
Sin embargo, un nicho emergente que han comenzado a explorar es el de la longevidad y la calidad de vida.
“En los últimos tres meses, hemos iniciado conversaciones muy interesantes. Muchas personas están preocupadas por extender al máximo la calidad de vida y lidiar con el envejecimiento”, comentó Hurtado.
Aunque no era su objetivo inicial, Johnson señaló que esta realidad “nos golpeó en la cara”, al descubrir que su dispositivo tiene una aplicación valiosa en este segmento, el cual planean seguir explorando.
“Está muy relacionado con parámetros médicos o clínicos que los deportistas de alto rendimiento miden, y Chaski proporciona esa información, que ahora también está siendo utilizada por la comunidad de longevidad”, afirmó Hurtado.
Los emprendedores han observado un aumento en esta tendencia en EEUU y mencionaron artículos de The New York Times y la revista GQ sobre el tema. También hicieron referencia a Younique, el primer centro de longevidad en Chile, cubierto por DFMAS.
“Es un nicho mucho más grande que el de los deportes de alto rendimiento, y tiene un impacto enorme”, agregó Hurtado.
Actualmente, IC Innovations, que importa las piezas de su dispositivo para ensamblarlas en Chile, cuenta con 30 usuarios activos en Chile, México, Colombia, Costa Rica, España y EE.UU.
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Demócratas valoran los cambios al proyecto antievasión, pero proponen 17 aclaraciones al Ejecutivo
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
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