Las conversaciones entre las isapres y el gobierno quedaron paralizadas en su punto más alto, luego de la decisión de las empresas privadas de congelar su participación en la mesa de trabajo conjunta, acusando falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo.
Con las relaciones rotas, las aseguradoras continúan presionando para obtener una pronta respuesta de las autoridades. Consultado por Diario Financiero, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres, señala que “la crisis actual es de tal magnitud que tiene en incertidumbre a todo el sistema de salud. Isapres, proveedores, profesionales de la salud, bancos, afiliados y, en especial, los pacientes en tratamiento, necesitan señales concretas y positivas lo antes posible”.
Las isapres siguen en vilo a la espera de que la Superintendencia de Salud -dirigida por el exdiputado Víctor Torres- defina el mecanismo con el que se ejecutará el fallo de la Corte Suprema que ordenó a todas las aseguradoras aplicar la tabla de factores vigente desde abril de 2020. Las empresas han reiterado que, dependiendo de cómo se lleve a cabo esta sentencia, podría implicar retornos masivos y un fuerte golpe financiero al sector privado.
Una de las ideas que más fuerza ha tomado entre parlamentarios y exautoridades -y a la que el propio Ejecutivo se ha abierto- es la ley corta.
Con respecto a esta idea, Simon señala que “tanto un mecanismo administrativo como una ley abreviada pueden ser formas factibles de mantener el sistema de salud privado en funcionamiento. Esto, hasta tener una reforma al sistema completo, independientemente del rumbo que se decida tomar”.
El presidente de las isapres destaca que “cualquiera que sea la propuesta, esta debe acabar con la inseguridad jurídica que afecta al sector, dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema y permitir recuperar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema”.
“Esto permitiría seguir cumpliendo con los beneficios y, con ello, posibilitar el acceso a la salud de los afiliados”, agrega.
la discusión política
El pasado viernes, diputados y senadores de las respectivas comisiones de Salud del Congreso asistieron al Ministerio de Salud para reunirse con la ministra Ximena Aguilera y el superintendente Torres.
Desde los distintos sectores políticos señalan que existe un consenso transversal sobre la idea de avanzar con una ley corta y sobre la urgencia de dicho proyecto. De hecho, todos estarían de acuerdo en que los lineamientos de esta iniciativa deben ser el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal y no inyectar recursos fiscales directamente a las isapres.
“Entendemos que los parlamentarios de las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, tal como lo expresaron los medios, están alineados con la búsqueda de una pronta salida a la crisis que vive el sistema. Sin embargo, el gobierno a la fecha no ha informado propuestas o ideas precisas”, dice Simón.
Tras la cita en el Minsal, diputados y senadores anunciaron que desarrollarán una mesa de trabajo durante febrero -período de receso legislativo del Congreso- para llegar a marzo con algunos lineamientos de la ley corta y aprobarla a la brevedad. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido una declaración de buenas intenciones.
Distintos parlamentarios consultados aseguran que después de ese día no se ha vuelto a tocar el tema entre ellos. Aunque una de las razones es la tragedia de los incendios forestales que han arrasado las regiones centro-sur del país, algunos integrantes de las comisiones de Salud admiten que en realidad aún no se han elaborado propuestas concretas para enfrentar la crisis.
Uno de ellos incluso lamenta que, si las cosas siguen así, es posible que no se encuentren a tiempo las soluciones necesarias para proteger el sistema.
papel del gobierno
Durante las últimas semanas, las isapres habían limitado sus declaraciones a la instancia sindical que las agrupa. Sin embargo, esta semana, Colmena -controlada por el grupo Bethia, vinculado a las familias Solari y Heller- rompió el silencio y señaló que para salir de la crisis “solo hace falta voluntad política”.
Frente a esta idea, Simón afirma que “los problemas que aquejan al sector provienen de las incertidumbres que existen en el marco normativo que regula el sector”. Dicho esto, alude a las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien sostuvo que la idea del fallo judicial es que subsista el sistema privado.
“El Gobierno, por su parte, tiene competencias para remediar estas graves dificultades. En ese sentido, para lograr el objetivo se requiere que las autoridades demuestren la voluntad de implementar una solución que ponga a los pacientes en primer lugar y asegure la continuidad de sus tratamientos, estableciendo condiciones que permitan a las Isapres mantener las coberturas y beneficios pactados. , cierra el presidente de las aseguradoras.
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