El 11 de enero pasado, Gonzalo Grebe anunció que dejaría la presidencia de Clínicas de Chile. El 18 de enero el directorio del gremio decidió nombrar a Javier Fuenzalida en su reemplazo, dando una señal de continuidad respecto de la labor que se venía haciendo, pues Fuenzalida trabajó codo a codo con Grebe como vicepresidente ejecutivo de la entidad.
No es presidente ni gerente general de alguna de las clínicas que componen la asociación, pero el nuevo timonel de los prestadores privados tiene más de 10 años de experiencia en el sector de salud. Antes de los tres años que ejerció como vicepresidente ejecutivo del gremio, se desempeñó como gerente de recursos humanos en clínicas del grupo RedSalud y otras instituciones. También fue superintendente de Seguridad Social entre 2005 y 2008, bajo los mandatos de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es licenciado en Historia, MBA por la Universidad de Lleida, en España.
Acá el recién asumido presidente de Clínicas de Chile profundiza en los principales temas que el gremio abordará en 2024.
¿Cuáles serán sus prioridades para este año?
-Hemos puesto el foco en tres prioridades: complementariedad público-privada, reforma de salud y ley corta (de isapres). Sobre la primera: el grueso de los pacientes que nosotros atendemos son de Fonasa, por lo tanto, nuestra relación con lo público es cotidiana. Tenemos una relación con el Estado desde siempre, franca, decimos las cosas bien directamente, sin ningún tapujo, obviamente con respeto a la autoridad y mantenemos una relación cordial, pero creemos que esta complementariedad público-privada es indispensable de hacer por dos aspectos. Primero, porque, solo como dato, casi el 53% de los pacientes que nosotros atendemos en prestaciones codificadas son de Fonasa. Pero, además, porque hoy día hay un tema urgente que está pendiente, y que creemos que hay que abordar, y que nosotros tenemos un deber, no solo ético, que es importante tener, sino que también tenemos una observación sobre eso, que son las listas de espera. Ahí hay un trabajo pendiente. Cuando ves que hay 291 días de espera para una atención especializada, hay 2.326.000 de personas que esperan por una consulta especializada, creemos que tenemos un rol que ejercer ahí. Hoy atendemos el 20% de las listas de espera. En la pandemia, cuando nosotros tuvimos un rol de complementariedad bien activo con el sector público, el 40% de las camas críticas lo pusimos nosotros.
¿Qué quiere decir con eso?
-Que estamos con plena disposición de poder aportar a resolver el problema de crisis sanitaria que hoy día se está generando de las listas de espera, como consecuencia del arrastre histórico, como pospandemia, en fin. Digo listas de espera porque es lo que a la gente más le hace sentido, pero finalmente detrás de eso hay miles y probablemente también millones de exámenes y acciones a tomar. Quiero manifestar que desde el gremio, nosotros tenemos no solo plena disposición, sino que voluntad firme para poder abordar eso de manera integral. Y es un aviso que queremos pasar de alguna manera a la autoridad, que nosotros tenemos la disposición, tenemos la voluntad, tenemos las ganas de poder aportar en eso (…) Nosotros somos parte integral del sistema de salud pública y en esa consideración creemos que no solo debemos aportar, sino que tenemos la obligación de hacerlo. Y para esta complementariedad, hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas.
¿En qué cosas?
-Por ejemplo, definir precios (…) Como dato: el año pasado Fonasa nos reajustó los precios un 6%, cuando la inflación fue del 13%, y la Superintendencia de Salud estableció que el alza de costos de la salud en promedio había sido del 15%. Con esto digo que hay que sincerar las conversaciones. Nosotros esperamos que hoy el ministerio, la salud pública, esté a la altura de esa definición y en esa consideración, por ejemplo, que los reajustes sean correctos y alcancen a solventar la envergadura del problema que vemos (…) Nosotros, como sector, con esta complementariedad público-privada manifestamos una voluntad de abordar el tema de salud, pero al mismo tiempo, de tener una relación correcta con la definición de los valores que deben estar considerados. Y absoluta disposición en aportar decididamente a resolver el tema de la salud pública en listas de espera.
¿Qué esperan sobre la segunda prioridad, de una reforma a la salud?
-Creemos que tenemos un rol fundamental que cumplir, por un aspecto básico. Nosotros estamos de cara al paciente, conocemos su realidad, estamos ahí, y somos el frontón, no somos una entidad financiera que está mirando el tema de lejos. En nuestro sector trabajan 210 mil personas, todas abocadas a atender pacientes. En esa consideración, en la reforma hipotética, que entendemos que el gobierno va a lanzar en octubre, nosotros creemos que tenemos que tener un rol fundamental.
¿Qué propuestas van a impulsar ahí?
-Creemos que debe haber un financiamiento mixto en la salud, privado y público, lo hemos dicho siempre sin ningún complejo. No hay duda de que el seguro público se está potenciando, ha crecido, hay que fortalecerlo. Tenemos observaciones también sobre cómo debe hacerse. Hemos dicho que probablemente el gobierno corporativo de Fonasa debe activarse, debe tener un tribunal al cual uno pudiera apelar. Hoy día uno quiere discutir y no sabe con quién hacerlo, porque no necesariamente toma la decisión Fonasa, la puede tomar la Dipres, por dar un ejemplo. En fin. El seguro público debe fortalecerse, pero también creemos que debe haber un seguro privado. Además, nosotros creemos que debe estar considerado un plan único de salud. Evidentemente, en esa consideración también hay que eliminar las preexistencias y todas las discriminaciones que puedan existir. Junto con eso, es fundamental poder separar el tema de las licencias médicas del seguro (público y privado).
¿A qué se refiere?
-Acá hay un número superduro. En el año 2017, el 2,2% de la cotización del sistema de isapres iba a pagar licencias médicas. Hoy día es el 3,5%. Y en el asegurador público, el número que reconoce Fonasa es un 4,9% de un total de 7% de cotización. O sea, casi 5 puntos. Ayer (miércoles) veía en el Senado que hay otros estudios que dicen que es cerca del 5,5% o 6%. Cualquier número que esté cercano al 5% de un total del 7% de cotización para pagar licencias médicas, es que algo no está bien. En ese sentido, hay ideas que apuntan a una separación de las licencias médicas para poder abordarlo solo de esa forma, sacándolo… porque queda muy poco (financiamiento) para poder hacerse cargo del resto de las prestaciones si tú te gastas 5 de 7 puntos en licencias médicas. Una reforma de salud debe considerar esta separación sí o sí.
¿Y qué esperan respecto a la ley corta de isapres?
-Nuestra tercera línea de acción es la ley corta. La crisis de las isapres no es una crisis del financiamiento del sistema asegurador privado. Es una crisis integral de salud. Hoy día la discusión es financiera. Se han dado montos sobre cuánto las isapres deberían devolver, y esto ha ido cambiando. Por otra parte, se ha discutido en el Senado respecto hasta qué límite puede subirse el plan de salud de las personas para hacer sustentable el sistema. Bueno, es un zapato chino, porque si yo no considero lo que la comisión técnica estableció, en concreto, la mutualización, lo que establece es que este monto es cercano a US$1.100 millones. Por tanto, olvidémonos si se le pone o no un techo (al alza de los planes), lo que va a ocurrir es que si para equiparar y hacer el sistema sustentable yo debo subir este plan a niveles tales que lo hago inviable, hago que un grueso de esta población termine yéndose a Fonasa, y eso ya lo hace complejo, porque Fonasa no sé si podrá dar el ancho en esa realidad. Pero adicionalmente, porque en la insolvencia del sistema, el sistema puede caer de un día para otro. Y la consecuencia de esa caída redunda en los prestadores. Entonces, si no se toma esta consideración y no se entiende que finalmente el problema es integral, con el paciente al medio, la verdad es que el sistema puede capotar rápidamente.
A su juicio, entonces, ¿incorporar la mutualización es la salida?
-Nosotros aplaudimos y veíamos con mucha esperanza, y creemos que aún estamos a tiempo, la consideración de la comisión técnica que estableció el Senado (…) que llegaron a la conclusión de que el sistema, para hacerlo viable y sustentable, debía tener y considerar la mutualización de la deuda. Por lo mismo, nosotros creemos que eso debe ser considerado en la discusión y creemos que estamos a tiempo todavía de establecerlo así. Si eso se considera, el problema de la ley corta, al final del día, puede abordarse. De lo contrario, lo que va a generar, creo yo, es que esta deuda creciente que el sistema asegurador privado tiene con nosotros, que hoy día es cercano a los US$700 millones (unos $650 mil millones), que es 26% más alto que en diciembre del año pasado, que es una cifra exponencial que va creciendo, que se traduce en retrasos en los pagos, la verdad es que hace que el problema sea inviable. Si tú a eso le sumas los US$1.100 millones que las isapres tendrían que devolver, la verdad es que la cifra es sideral. Los tiempos son críticos y tenemos un espacio corto de acción para poder responder a esta envergadura, entendiendo que este es un problema de salud pública.
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