En este punto, es difícilmente discutible que el sistema de salud privado requiere cambios importantes. Pero estos cambios -tanto de la propia industria como de las normas que la regulan- deben tender a una continuidad operativa y financiera del sistema que le permita seguir siendo un complemento del sistema público de salud, ante una crisis que culmina en la inviabilidad de las isapres supondría un riesgo sistémico para toda la salud, tanto privada como pública.

Entre los cambios más urgentes que se discuten desde hace más de una década, está garantizar la movilidad de los usuarios entre aseguradoras, hoy dificultada por condiciones preexistentes; mayor transparencia o sencillez para las personas a través de la creación de un plan único, y buscar mecanismos que permitan contener los crecientes costos de salud, racionalizando el uso de las licencias médicas, así como incentivando la eficiencia en los proveedores y la prevención por parte de las aseguradoras.

Sin duda la peor alternativa sería pensar en un monopolio estatal en la administración del aporte del 7% de los afiliados. Esto porque es evidente que la salud pública actualmente se encuentra desbordada y brinda, en términos generales, un servicio subóptimo (si no deficiente) a los beneficiarios de Fonasa, abrumados por largas listas de espera para una gran cantidad de servicios. Pero también porque todas las encuestas indican que la gente valora la prestación mixta en los servicios de salud, tanto en la gestión de su 7% como en la atención de sus problemas.

La falta de proactividad por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo para implementar cambios al sistema durante años (además de la falta de presiones explícitas de las Isapres para que estos ocurran) -al punto de llegar hoy a una crisis financiera-, sumado a las decisiones de la Corte Suprema respecto a la implementación de reajustes al precio base de los planes (congelados desde 2020) y la tabla de factores, dejando su implementación en manos de la Superintendencia.

Ante esta crisis, no se trata de “salvar” -o eliminar- a las isapres, como erróneamente han sugerido algunos, sino de enfocar el sistema de salud en su conjunto -privado y público-, para que sea viable. , asequible y de calidad.

La Carta Democrática Interamericana de 2001 especifica y desarrolla los principios de la Carta de la OEA, estableciendo que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (art. 1), definiendo elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de los partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (art.3), y señalando que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Estos principios y obligaciones forman parte del Derecho Internacional Americano y, por tanto, vinculan a todos los Estados de la región más allá de la OEA.

Recientemente, se llevó a cabo la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde participan los Estados Americanos, excluyendo a Canadá y Estados Unidos. Entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos están lejos de cumplir con los elementos esenciales de cualquier democracia.

Al inaugurarlo, el presidente argentino, Alberto Fernández, en contradicción con los principios expuestos, señaló que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes…”, colocando así a las dictaduras con las democracias del continente, violando el principio de no neutralidad estadounidense frente a los regímenes totalitarios, y excluyendo así de la agenda de la reunión la defensa de la democracia.

Así quedó confirmado en la Declaración de Buenos Aires aprobada, que más allá de una declaración retórica general, no incluyó ninguna condena o exhortación a respetar la democracia y los derechos humanos de las referidas dictaduras. Por el contrario, al referirse a ellos es solo para condenar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, solicitar su salida de la lista de patrocinadores del terrorismo internacional y enaltecer acuerdos no sustanciales del incipiente proceso negociador entre la dictadura de Maduro y la oposición. . . En cuanto a Nicaragua, nada.

El Presidente Boric, contrario a nuestra tradicional política exterior de Estado, en vez de hacer una fuerte defensa de la democracia y los derechos humanos, hizo un retórico llamamiento general en defensa de los mismos, exhortando únicamente a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y tuvo una cuidadosa intervención respecto a la crisis venezolana. Sin embargo, sesgadamente, guardó silencio frente a la dictadura cubana, dedicando una parte importante de su discurso a criticar la situación del Perú, atribuyendo sin datos concluyentes la muerte de más de medio centenar de personas a la represión de las autoridades peruanas, a la detrimento de nuestras relaciones. con ese hermano país, que legítimamente invocó el principio de no intervención.

En ese sentido, fue significativo el llamado del presidente Lacalle de Uruguay a no tener “una visión hemipléjica del respeto a la democracia, a las instituciones, a los derechos humanos, según el perfil ideológico”.

En conclusión, la CELAC 2023 fue una demostración del paulatino abandono de los principios de promoción y defensa de la democracia como objetivo regional, en un contexto predominante de gobiernos de izquierda.