El Junta Nacional de Jardines de Infantes (Junji) respondió este lunes a las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), relacionadas con la recuperación de dinero por licencias médicas rechazadas y otros montos que por normativa deben recuperarse luego del pago de licencias médicas a funcionarios, asegurando que se están realizando acciones para cumplir con las observaciones.
El informe del organismo apunta contra la dirección regional de la Región Metropolitana de Junji por no recuperar el dinero de las licencias médicas otorgadas a 1.045 funcionarios del organismo, equivalentes a 60.958 períodos de descanso. por $20.916 millonesentre 2017 y 2024 por enfermedad o accidente común, que según el Estatuto Administrativo la organización debe pagar la remuneración íntegra, debiendo recuperar las cantidades posteriormente; entre otras situaciones relacionadas con el descanso.
También se denuncia que las instituciones de pensiones rechazaron 9.964 licencias. Estos contaban con subvenciones por incapacidad laboral por importe de $5.547 millones, los cuales no han sido reembolsados por los trabajadores.
Por la misma razón, el Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a Junji para presentar un plan para recuperar el dinero, luego de señalar contra la dirección nacional de la organización por la falta de acciones que redunden en que los trabajadores devuelvan el dinero obtenido. También remitió la información al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
SEBASTIÁN CISTERNAS/ ATON CHILE
Junji responde al informe de la Contraloría
Dado lo anterior, desde el organismo dirigido a nivel nacional por el vicepresidente ejecutivo, Daniella Triviñoemitió un comunicado, señalando que las acciones “que corresponden dentro del marco regulatorio vigente, para dar respuesta al órgano de control” se están ejecutando dentro del plazo establecido.
Así, agregan que los trabajos para recuperar los montos señalados por la CGR, los cuales “se están abordando con la responsabilidad y urgencia que requiere un compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos”.
En esa línea, explican que según la Ley de Presupuesto e instrucciones de la Tesorería General de la República (TGR), los organismos públicos que recuperen dinero por licencias deben devolverlos a la TGR en lugar de ejecutarlos como recursos del organismo.
“Esto implica que los fondos liberados originalmente por la Dirección de Presupuesto (Dipres) para cubrir el gasto de licencias médicas de funcionarios afiliados al Fonasa, regresen a su origen una vez que se materialice la recuperación, no generar disponibilidad financiera a la institución que realiza el pago, por lo tanto, no recuperar aquellas licencias que fueron aprobadas”, señala el comunicado.
Así, desde Junji afirman que “del monto total señalado de recursos no recuperados, de 20.916 millones de pesos, Lo que realmente no se recupera está asociado a las licencias rechazadas, que asciende a 5.547 millones”.
“Es importante resaltar que, durante el año 2024 y previo a la emisión del informe, Se gestionó la recaudación del 95% de estos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1,700 millones.. Además, existen licencias notificadas en proceso de recuperación, cuyos casos han sido incorporados a un plan de acción institucional”, resalta Junji.
Asimismo, agregan que la dirección regional de la RM, encabezada por el director(es) María Elena Orellana. procederá a realizar las gestiones necesarias para el tratamiento contable de las cantidades adeudadas por bajas médicas, una vez vencido el plazo de apelación de los trabajadores.
Asimismo, el Junji abordó la situación de los funcionarios que Han estado de baja médica durante cinco o más años, o los trabajadores han sido despedidos, garantizar que los casos hayan sido remitidos a las autoridades judiciales.
“Cabe indicar que previo a la emisión del informe final, la institución ya había tomado medidas concretas para abordar este tipo de situaciones, reafirmando que Junji ha fortalecido los procedimientos y la articulación interna para asegurar la recuperación oportuna de los recursos asociados a las licencias médicas rechazadas. Para ello se establece la derivación a instancias judiciales cuando correspondaincluidos casos de funcionarios desvinculados”, refuerza la organización.
