Sr. Director:
El reciente protocolo de acuerdo firmado entre el gobierno y los propietarios de la tierra donde el megatoma de San Antonio confirma una realidad preocupante: la erosión manifiesta de juridicidad en el país. No es solo un acto administrativo, sino una decisión que pone en control la separación de poderes y el derecho de propiedad, al subordinar los principios fundamentales del orden legal al voluntarismo de la autoridad.
En un momento en que Chile necesita atraer inversiones y garantizar las certezas legales, este precedente envía una pésima señal institucional. Si bien esta situación responde a una demanda social desde hace mucho tiempo, ¿la autoridad para debilitar la base del orden legal, comprometiendo así la estabilidad democrática?
Carlos Opazo
Abogado y académico
