El Poder Judicial peruano determinó este miércoles el inicio del juicio contra el expresidente Pedro Castillo y a sus ministros por su responsabilidad en el presunto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
el juez Juan Carlos Checkley Soria ordenó que el expresidente afronte el proceso judicial, en el que Se evaluará el pedido de 34 años de prisión solicitado por la Fiscalíasegún reporte del diario limeño ‘La República’ quienes tuvieron acceso a la acusación y que detalla la acusación de rebelión contra Castillo.
El mismo medio peruano informa que, además del expresidente, la acusación también recae sobre los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Robert Sánchez Palomino, Aníbal Torres y los jefes policiales Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón. Según el documento judicial, las personas mencionadas Compartirían, en distintos grados, responsabilidad en el intento del supuesto autogolpe perpetrado por el ex gobernante.
Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Castillo, también se encuentra en prisión preventiva, acusado de delitos de rebelión y conspiración relacionado con el intento de autogolpe, luego de que el Poder Judicial rechazara el recurso de su defensa.
Por su parte, se determinó la culpabilidad del exministro Willy Huerta, exministro del Interior, luego de que se descubriera que estuvo presente en la oficina presidencial cuando Pedro Castillo leyó el mensaje en el que anunció el cierre inconstitucional del Congreso y la reforma del sistema de justicia.
Respecto de Aníbal Torres, exjefe de Gabinete ante Chávez, el 12 de julio de este año el Poder Judicial prorrogó 18 meses más el impedimento de salida del país para el exministro, quien también está investigado por el mismo delito.
Cabe señalar que el 7 de diciembre de 2022 el expresidente Pedro Castillo protagonizó un presunto golpe de Estado al anunciar la disolución temporal del Congreso de ese país, justo antes de la votación sobre la moción de vacante en su contra. En su mensaje a la nación, Castillo declaró el llamado a nuevas elecciones parlamentarias.
En ese momento, el expresidente anunció su intención de convocar a elecciones para un nuevo Congreso, con poderes constituyentes para redactar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. Hasta la constitución del nuevo Congreso anunció que el país se regiría por decretos leyes.
Antes de llevar a cabo el supuesto autogolpe, Castillo justificó su decisión de instaurar un gobierno de emergencia asegurando que respondía a una demanda ciudadana a nivel nacional, con el objetivo de restaurar el estado de derecho y la democracia en el país.
Durante su última comparecencia en una audiencia judicial celebrada este lunes 18 de noviembre, Pedro Castillo reiteró su inocencia y pidió su liberación. alegando que su despido fue un acto inconstitucional. El expresidente peruano, que enfrenta prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Lima, sostiene que fue víctima de irregularidades que culminaron con su vacancia y posterior detención.