Kilmar Abrego, de 30 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de la medida de un tribunal de inmigración de 2019 que lo impidió debido al riesgo de persecución por parte de las pandillas.
Fue devuelto a los Estados Unidos en junio para enfrentar cargos penales por transportar a los migrantes que viven sin permiso en el país.
Los migrantes vivían en Maryland con su esposa, su hijo y dos de sus hijos antes de su deportación. Sus abogados afirman que contrataron a una compañía de seguridad privada para transportarla de regreso a Maryland, donde debe comparecer ante un oficial de supervisión preventiva después de su liberación.
¿Puede ser deportado a Sudán del Sur?
Es posible que Abrego no sea libre durante mucho tiempo. Una vez en Maryland, los funcionarios de inmigración podrían detenerlo y comenzar un proceso de deportación. El gobierno ha dicho que podría tratar de deportarlo a México o Sudán del Sur.
Su caso atrajo una amplia atención desde que durante meses la administración Trump no tomó medidas aparentes para traerlo de vuelta a pesar del reconocimiento de un funcionario de que su deportación fue un “error administrativo” y la orden de un juez federal para facilitar su regreso.
Ábrego se declaró inocente. Sus abogados han instado a la jueza de distrito federal Waverly Crenshaw, con sede en Nashville, Tennessee, a desestimar los cargos, argumentando que la oficina del fiscal lo atacó indebidamente en represalia por presentar una demanda contra su deportación injusta.
El mes pasado, Celshaw confirmó la orden de la magistrada estadounidense Barbara Holmes para que Abrego fuera liberado de la detención preventiva, descubriendo que no era un peligro para la comunidad o un riesgo de escape.
Pero Holmes retrasó el lanzamiento de Abrego durante un mes a pedido de sus abogados. A estos les preocupaba que, una vez liberado, Abrego pudiera ser arrestado por agentes de inmigración y rápidamente deportado a un país que no sea El Salvador.
El juez de distrito federal Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, quien supervisa la demanda civil de Ábrego que desafía la legalidad de su deportación, ha ordenado que los funcionarios le den un aviso de tres días antes de enviarlo a un tercer país, para darles la oportunidad de desafiar su expulsión.
