El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) está ampliar la capacidad de las autoridades federales de inmigración para detener a refugiados legales que aún no han obtenido el derecho a residencia permanente o la llamada tarjeta verde.
Este permitiría a sus agentes someter a los migrantes a entrevistas para evaluar sus solicitudes de asilo mientras están bajo custodiacitando preocupaciones de seguridad nacional y la necesidad de garantizar que los refugiados se sometan a pruebas adicionales, como informó por primera vez The Washington Post.
Situación corroborada posteriormente por CNN, tras acceder a la Memorándum interno del DHS que revierte una política de la administración de Barack Obama de 2010que decía que no solicitar una tarjeta verde dentro del año posterior a la admisión a los EE. UU. era base insuficiente para tal arresto o detención.
Según la nueva política, el Departamento de Seguridad Nacional dice que los funcionarios federales de inmigración, principalmente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)pueden y deben arrestar a cualquiera que aún no haya obtenido el derecho a la residencia permanente.
Según CNN, el texto dice que “Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señalando que los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”..
Dicho memorando, emitido por el Director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, y el Director Interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, anulando así la política gubernamental anterior respecto a los refugiados que llevan un año en el país.
Según esa política, No obtener una tarjeta verde después de un año no era motivo de detención o expulsión del territorio estadounidense. y los refugiados arrestados tenían que ser liberados en un plazo de 48 horas o el DHS tenía que iniciar procedimientos de expulsión.
La nueva medida llega en medio de una intensificación de la represión migratoria por parte de la administración Trump.
Para esto, El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prevé invertir unos 38.300 millones de dólares en la compra y modernización de almacenes en todo el país, para convertirlos en centros de detención para miles de personas.
