Hoy en día, Belém do Pará se convierte en el epicentro de la política climática global. Por primera vez, la cumbre climática más importante del planeta se desarrolla en el corazón de la Amazonía, lugar de cuya conservación depende una parte importante de la estabilidad climática global. Pero esta decisión contiene una paradoja: América Latina contribuye sólo entre el 4% y el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y sin embargo es una de las regiones más vulnerables a los efectos del caos climático. Entre 1998 y 2020, los fenómenos climáticos se cobraron más de 312.000 vidas en la región y afectaron a más de 277 millones de personas. La urgencia no se puede posponer: 2025 será el segundo año más caluroso registrado y la OMM advierte que será “prácticamente imposible” limitar el calentamiento a 1,5°C sin superar temporalmente ese objetivo.
Unos meses antes de esta cumbre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento que cambia la forma en que entendemos las obligaciones estatales en materia de clima: Opinión Consultiva 32. Respondiendo a la solicitud de Chile y Colombia, la Corte reconoció por primera vez el derecho humano a un clima saludable como un derecho autónomo. El proceso fue extraordinario: más de 180 delegaciones, 262 observaciones escritas, audiencias públicas en Manaos donde los pueblos indígenas advirtieron que “hoy estamos en riesgo de extinguirnos”. La Corte determinó que los Estados tienen obligaciones específicas de prevención, mitigación, adaptación y reparación. Estableció que la prohibición de causar daños ambientales irreversibles constituye una norma de ius cogens, por lo que no admite acuerdo en contrario.
Brasil busca convertir esta COP en la “cumbre de implementación”, poniendo fin a compromisos incumplidos desde el Acuerdo de París. Los temas reflejan lo que exigió la CIDH: transición energética justa, eliminación de combustibles fósiles, nuevos Aportes Nacionales ambiciosos, financiamiento climático de 1.300 millones anuales. La Cepal advierte que sin estas inversiones el PIB de los países latinoamericanos podría caer entre un 9% y un 12% hacia 2050.
La Opinión Consultiva y los objetivos de la COP30 convergen: los Estados no pueden seguir abordando la crisis climática por buena voluntad. Se trata ahora del cumplimiento de una obligación jurídica exigible no sólo a nivel internacional, sino también a nivel de órganos jurisdiccionales nacionales,
Para cumplir con esta obligación, América Latina debe exigir que el financiamiento climático no se base en préstamos que exacerben la deuda, sino en transferencias que reconozcan responsabilidades históricas diferenciadas. Los recursos deben llegar a las comunidades más afectadas –pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales y urbanas empobrecidas– que no pueden ser sólo objetos de políticas sino sujetos con voz y voto. Los ciudadanos miran a sus representantes en Belém y les exigen que cumplan con sus obligaciones legales o asuman las consecuencias jurídicas de su inacción.
Por Antonia Urrejolaex Ministro de Asuntos Exteriores
