Una -hasta ahora- desconocida demanda por competencia desleal enfrenta Indura, la empresa que esta semana fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de coludirse con su rival Linde en el mercado chileno de gases industriales y medicinales.
Linde se acogió a delación compensada en medio de la investigación, por lo que la FNE pidió multas solo para Indura -controlada por la norteamericana Air Products- y su exgerente general, Marcelo Torres, por más de US$ 31 millones. La firma negó “categóricamente” las alegaciones de la fiscalía sobre prácticas colusorias con una empresa competidora.
En paralelo, la compañía enfrenta un juicio civil luego que, en agosto del año pasado, la firma Criogas la demandara por competencia desleal.
Con sede en Valparaíso y oficinas logísticas en Santiago, Criogas participa en el negocio de la generación y distribución de gases industriales y medicinales. Representada por Juan Ignacio Lira, la firma -que tiene un contrato de suministro con Messer Chile- gasifica y envasa oxígeno de calidad medicinal e industrial, entre otros productos; también presta servicios de flete, de pruebas hidráulicas de cilindros y de arriendo y de mantención de éstos a sus clientes.
En su demanda, la empresa acusa a Indura de iniciar una serie de acciones legales en su contra para, según sostiene, desincentivar la competencia. “Las acciones legales que ha presentado Indura en contra de Criogas -anteriormente, de forma sucesiva, Digas, Airtech y Trigas-, se encuadran en una estrategia legal cuidadamente pensada e implementada por parte de Indura con una periodicidad tal, dada la especialidad y profundidad del mercado de que se trata, que ha buscado desincentivar la competencia que le plantea Criogas en los segmentos de mercado en que actúa y enviar, al mismo tiempo, una señal disciplinante a otros competidores reales o potenciales, que constituyen, a nuestro juicio, actos o conductas de competencia desleal sancionados”, sostiene la empresa.
En la misma demanda, Criogas hizo presente que, en ese entonces, la Fiscalía Nacional Económica llevaba adelante una investigación reservada, relativa, precisamente, al mercado de la producción y comercialización de gases industriales, medicinales y especiales en el territorio nacional, respecto de actos o conductas ocurridas partir del año 2016, donde Indura, dijo, es el sujeto investigado. “En esta investigación la FNE le ha solicitado a Criogas el aporte de antecedentes determinados relacionados a ese mercado en calidad de tercero no investigado”, explicó en la demanda el abogado Hernán Rodríguez, del estudio Rodríguez y Cía.
La “buena fe”
Indura -representada por el abogado Claudio Lizana- rechazó duramente la acción judicial. Dijo que la acusación carece de todo sustento en la realidad, alterando y tergiversando las razones que justifican el ejercicio de acciones penales de su parte.
“La razón por la cual Indura ha implementado resguardos legales e invertido en tecnología y mecanismos de seguimiento y seguridad para mantener su stock de cilindros no es producto de un mero capricho. Se debe al mal uso y aprovechamiento económico por parte de terceros de estos, a expensas de Indura. Incluso, como se verá, se ha sorprendido a empresas competidoras, entre ellas Trigas (Criogas, según las demandantes), en posesión y haciendo uso desautorizado de los cilindros de propiedad de Indura”, dijo la empresa.
Agregó que quienes han actuado ilegalmente han sido las demandantes, al apropiarse de manera ilícita de cilindros que son de su propiedad, afectando así el desarrollo de su actividad comercial
“Indura ha actuado legítimamente en ejercicio de sus derechos. Las tres querellas -interpuestas en un periodo de más de 20 años- responden a una pretensión real de Indura amparada por la ley, a saber, el resguardo de su propiedad, para garantizar así una red de suministro que pueda satisfacer la demanda de sus clientes ininterrumpidamente”, agregó.
El 25 de marzo de este 2024, el titular del 29º Juzgado Civil de Santiago, Matías Franulic, rechazó la demanda y dijo que cada parte pagará sus costas. “El ejercicio abusivo, si bien no lo indica la norma, debe aparecer como intenso, desmedido y/o excesivo, pudiendo asimilarse a una especie de ‘avalancha’ de acciones, con el fin anotado, o bien, una especie de cerco judicial, panorama que no se divisa en el presente caso, especialmente por la distancia temporal entre uno y otro libelo”, dijo el magistrado.
Además, catalogó como “legítimas” las acciones judiciales iniciadas por Indura. “En tanto parte de la premisa básica de que el dueño de una cosa tiene derecho a recuperarla cuando no está en su poder, en tanto no exista título que justifique su uso o retención por terceros, particularmente en este caso, en que Indura denuncia que Criogas y otras empresas del rubro se valen de sus cilindros para desarrollar sus negocios, contra su voluntad y sin asumir el costo que ello implica, en ausencia de una regla específica que permita la intercambiabilidad de cilindros, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados regulados, como el de los balones de gas licuado”, sostuvo.
El caso escaló hasta la Corte de Apelaciones, luego que Criogas presentara un recurso para intentar revertir el fallo de primera instancia. “Independiente de la cantidad de acciones ejercidas y de su resultado -en su totalidad sin éxito para la demandada de esta causa- el objetivo perseguido ha sido claro desde la génesis de la estrategia materializada, esto es, sustraer a un participante que compite a un nivel menor en un mercado que se encuentra completamente copado por no más de cuatro actores”, sostuvo.
Además, afirmó que Indura ha usado tubos o cilindros de la competencia, en particular de Criogas, que se hizo presente en el caso del año 2009 -aseguró- y que llevó, junto con otros antecedentes, al rechazo de tal acción. “De esta forma, queda en evidencia la conducta permanentemente desleal de Indura, quien actuando contrariamente a sus propios actos, ha ejercido acciones judiciales en contra de Criogas por los mismos hechos que ella ha realizado en el pasado”, sostuvo.
Indura también apeló: dijo que, pese a rechazarse la demanda, el tribunal eximió a la demandante de la condena en costas, por lo que solicitó modificar la sentencia sobre este punto.
Luego, afirmó: “El actuar de mi representada es de buena fe y amparado en el ordenamiento jurídico, sin que la acción de competencia desleal deducida en su contra tenga fundamento”.
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