DIRECTOR:
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 muestra una vez más la brecha entre la expresión y la gestión de la seguridad. Si bien se promete “fortalecimiento”, varios elementos estratégicos muestran recortes o reasignaciones que ponen en riesgo la continuidad operativa contra el crimen organizado. La paradoja es conocida: las prioridades se anuncian, pero se diluyen en la ejecución.
El problema no es sólo cuánto gastamos, sino cómo. Los fondos están dispersos en programas con baja trazabilidad y sin indicadores claros de efectividad. Los municipios con una alta incidencia delictiva carecen de recursos estables y flexibles para ejecutar sus propios planes. Persisten la fragmentación interinstitucional y la lógica reactiva, más cercana a la inercia presupuestaria que a una gestión basada en evidencia.
Es urgente abandonar esta inercia y avanzar hacia un gobierno estratégico y evaluado del gasto en seguridad, apoyado en objetivos comunes, indicadores verificables y mecanismos correctivos obligatorios. Para ello es necesario aplicar criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, propios de los estándares europeos de control del poder público: que cada peso asignado sea adecuado al fin perseguido, estrictamente necesario y proporcionado a su impacto esperado.
En resumen, no se trata sólo de eficiencia contable, sino de preservar la legitimidad del Estado y la confianza en la democracia. La seguridad sin estrategia erosiona a ambos.
luis toledo
Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro)
Universidad de San Sebastián
