La historia detrás de la fallida compra de la casa de Salvador Allende

Con la opción de la casa de Aylwin sobre la mesa, Boric asumió otro compromiso personal. Luego de conversar con sus asesores, pidió gestionar administrativamente el asunto y agregó una compra adicional: la casa de Guardia Vieja de Allende.

Ese inmueble, también ubicado en Providencia, es actualmente la residencia donde vive su hija, la senadora Isabel Allende (PS), quien es la integrante de la familia que se ha llevado el peso del cuidado de la residencia y de lidiar con la costosa mantención de la casa de su padre. Cercanos a la senadora comentan que el destino de este inmueble es algo que la ha mantenido ocupada durante varios años. La parlamentaria ha recibido múltiples ofertas inmobiliarias, pero las ha rechazado todas. La Fundación Allende, en tanto, también ha analizado posibilidades internacionales, con ofertas que han llegado de fundaciones extranjeras.

Ya como Presidente, Boric llamó a la senadora para decirle que quería conocer la casa. Así fue como coordinaron una visita para que Boric pudiera conocer, entre otras cosas, el escritorio donde Allende solía conversar con sus confidentes y escribía sus programas políticos.

Las conversaciones entre el Presidente y la senadora continuaron y el Mandatario transmitió su deseo de que ambas casas, la de Aylwin y la de Allende, pudieran convertirse en museos. El asunto no era un misterio. De hecho, en mayo del año pasado la senadora relataba a La Tercera que debía “trabajar con la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas para elaborar su destino, para que efectivamente sea casa-museo, aunque aún no se ha hecho nada, es la decisión del gobierno”.

Una de las primeras decisiones de Boric fue encargarle a su equipo de asesores del Segundo Piso la misión de dar curso administrativo a la compra de ambas casas. Uno de los elegidos para hacer seguimiento fue el asesor de políticas públicas y parte del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales Leonardo Moreno. La primera decisión fue enviar un encargo directamente hasta el Ministerio de las Culturas. Dicha cartera, cuando recibió la instrucción presidencial, derivó el asunto al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

Por parte de la familia Allende, quienes supieron de las tratativas afirman que todo quedó en manos de la senadora. Junto con eso, comentan que se tomó la precaución de “seguir todas las indicaciones de La Moneda”.

La ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), no participó de la operación. Al ser parte del gabinete, y tal como lo dijo ella misma el jueves, “no podía estar involucrada en el proceso”. Eso llevó a que el 2 de septiembre tanto la senadora, la jefa de Defensa y la mayor de las hijas del expresidente, Carmen Allende, llegaran hasta la 38° Notaría de Santiago para firmar un mandato especial que se le entregó al abogado Felipe Vio con el objetivo de que las representara en todo lo que tenía que ver con la venta de la casa. El abogado escogido por la senadora es su yerno, la actual pareja de su hija Marcia Tambutti.

Cuando la misión llegó a manos de la directora del servicio, Nélida Pozo, se procedió a gestionar cada uno de los pasos que permitieron que la compra se realizara antes de que terminara el año 2024.

Para eso, tres días después de que las Allende firmaran el mandato especial, Pozo envió un oficio a la Dirección de Presupuesto (Dipres) manifestando la intención de adquirir las casas de Allende y Aylwin, “conforme lo instruido por la Presidencia de la República”. Para que eso pudiera ocurrir, Pozo solicitó autorización a la Dipres, que lidera Javiera Martínez (FA), para que redujera el presupuesto del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en lo que tenía que ver con “Iniciativas de inversión” y esos recursos se traspasaran al Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente al subtítulo “Edificaciones de inversión”. La justificación de Pozo para pedir esta transferencia se basaba en que había “necesidad e interés” para comprar ambas casas, con el objetivo de que fueran parte de las iniciativas de inversión patrimonial.

Con esa movida, el asunto se radicó en el Ministerio de Bienes Nacionales, que lideraba, hasta antes del bochorno, Marcela Sandoval (FA). Poco más de 20 días después de que Pozo pidiera autorización a la Dipres, la División de Bienes Nacionales que lidera el abogado Pablo Maino informó favorablemente la operación.

Con ese visto bueno, a inicios de octubre llegó el primer decreto de Hacienda que hacía la modificación presupuestaria. El último decreto tiene fecha 14 de octubre, lleva la firma del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y pasó a toma de razón el 4 de noviembre.

Con todos los vistos buenos listos, los antecedentes se trasladaron a la División Jurídica de Bienes Nacionales, cuya jefa es la abogada constitucionalista Macarena Diez.

Hasta ese momento, la familia Allende -representada por Vio- no había tenido dudas en el proceso y confiaba en las instrucciones que iban recibiendo desde La Moneda. En paralelo, cuando a Diez le tocó hacer la revisión de los antecedentes para armar el decreto supremo que debía firmar Boric, fuentes de ese equipo comentan que se levantó una advertencia de índole política.

Las mismas fuentes afirman que se le transmitió a la ministra Sandoval que el asunto podía abrir un flanco político, pero a los cinco abogados que vieron el decreto -incluida Diez- se les pasó el potencial ilícito constitucional. Esto, debido a que la Constitución dice que cesará en su cargo el parlamentario que celebre contratos con el Estado y, además, incluye una prohibición específica para que los ministros de Estado firmen contratos con el Fisco.

El descuido también incluyó a la abogada y entonces jefa de gabinete de Sandoval, Denisse Hernández. Todo esto ocurrió bajo presión desde Presidencia, pues la operación debía cerrarse ese año, ya que los recursos estaban disponibles solo durante 2024.

Fuentes del entorno de la senadora Allende comentan que por parte de Leonardo Moreno llegó otro alcance. Quienes supieron de esto no detallan si fue un reparo constitucional o de otro tipo, pero lo cierto es que ese comentario hizo que la familia Allende realizara consultas informales a abogados. Esa revisión arrojó que la propiedad, al tratarse de una sucesión -una propiedad que se había heredado-, gozaba de una figura civil que no implicaba mayores riesgos para seguir con la compraventa.

Con el decreto supremo listo, Diez despachó el documento hasta la oficina de la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, la abogada de confianza del Presidente, cuya misión es revisar todos los documentos que firma el Mandatario.

Fuentes de La Moneda dicen que Moya nunca participó de la operación de la compraventa y solo apareció en el proceso el 24 de noviembre. Moya, quien también es abogada especialista en derecho público, visó el documento y lo envió a Presidencia para su firma. Quienes conocen de la dinámica del despacho presidencial, comentan que el Presidente solo firma los documentos que, además de ser revisados por Moya, son visados por su jefe de gabinete, Carlos Durán. La firma de Boric se estampó el 25 de noviembre y con eso se envió a la Contraloría para la toma de razón, el primero de los dos actos administrativos que debían ocurrir para completar la tramitación de la compraventa.

El día en que se tomó razón del decreto, la contralora Dorothy Pérez pidió medio día administrativo y la estaba subrogando el subcontralor Víctor Merino. El 23 de diciembre, el abogado, uno de los funcionarios de mayor confianza de Pérez, revisó el decreto y dio luz verde con dos alcances: uno, por la tasación del inmueble, y otro, por una corrección formal en la dirección. Nada dijo sobre el potencial ilícito constitucional que se produciría al momento de que se firmara la compraventa por dos de las cuatro dueñas de la casa, las cuales estaban correctamente individualizadas en el decreto.

Una semana después, solo un día antes de que terminara el año 2024, el representante de las Allende llegó, junto a la seremi metropolitana de Bienes Nacionales, Carol Castro, hasta la 50° Notaría de Santiago para firmar la compraventa. Al estampar su firma, lo que iba a ser una buena noticia para las herederas del expresidente Allende, en menos de 48 horas se transformó en un escándalo.

“El Estado adquiere las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende con fines patrimoniales”. Ese fue el titular del comunicado que envió, a las 12.39 horas del martes 31 de diciembre, el equipo de Bienes Nacionales. Era la víspera de Año Nuevo y la noticia no generó mayor revuelo.

La tarde de ese mismo martes, fuentes del socialismo dicen que el diputado Tomás de Rementería (PS) llamó por teléfono a la senadora. “Aquí hay un problema constitucional”, le advirtió el parlamentario a su correligionaria. Esa fue la primera luz roja.

El jueves 2 de enero, luego del feriado, el equipo de Bienes Nacionales recibió un llamado directamente desde La Moneda. “Cometimos un error y esto va a explotar”, comentó el funcionario de Palacio. De ahí en adelante el escándalo se transformó en una bola de nieve que pilló a Boric en plena Operación Estrella Polar III. En la Antártica, a miles de kilómetros, el Mandatario visitaba junto a la ministra Fernández y una reducida comitiva el Polo Sur. Con poca comunicación y entre el hielo y la nieve, el Mandatario abordó el asunto con la nieta de Allende.

Quienes supieron de este diálogo cuentan que la ministra le explicó al Presidente que tomó distancia de la compraventa justamente para evitar problemas, y que dejó todo en manos de su abogado. Además, le dijo que ella había confiado en las indicaciones que se habían dado y que hasta donde tenía entendido se realizaron las consultas jurídicas y técnicas correspondientes.

Cercanos a Fernández cuentan que en su fuero interno, la ministra estaba muy enojada por la forma en como había ocurrido todo y, con el paso de los días, se vio muy afectada emocionalmente, algo que incluso se ha podido ver en algunas de sus intervenciones públicas.

Si el jueves 2 de enero explotó el bochorno y el gobierno reconoció el autogol, en menos de 24 horas, el viernes 3 de enero, retrocedió e informó que no iba a continuar con la compra. “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, informó La Moneda.

El sábado de esa misma semana, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tomó contacto por primera vez con la senadora Allende. Los que han sabido de esa conversación cuentan que la parlamentaria por la Región de Valparaíso estaba muy afectada y triste por lo ocurrido, sobre todo porque su interés de que la casa de su padre quedara como un legado para el país se derrumbó por completo. Más aún cuando la Fundación Allende estaba gestionando un convenio con la Universidad de Chile para que se hiciera cargo del museo una vez que se concretara el traspaso.

El lunes 6 de enero el gobierno notificó la salida de la ministra Sandoval. Boric no dudó en blindar a la ministra Fernández ante la presión de la derecha para sacarla del gabinete, y optó por cobrar la responsabilidad política a la entonces líder de Bienes Nacionales, cartera a la que en Palacio atribuyen la mayor responsabilidad de este bochorno.

La segunda conversación entre Vodanovic y Allende ocurrió el martes 7 de enero, cuando la timonel socialista le sugirió a la hija del exmandatario que no era necesario que fuera al Congreso y que la bancada podía enfrentar la ola de cuestionamientos que se venía encima. Pese a la recomendación, Allende optó por dar la cara.

Llegó más tarde, se fue directo a su oficina y no participó del almuerzo de su bancada. Durante ese almuerzo, el senador Fidel Espinoza, quien suele criticar a la senadora, notificó que optaría por el silencio y no se sumaría a las críticas. Además, en esa misma cita, los socialistas recibieron una visita inesperada. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) pasó a notificar que al menos por parte de su partido no habría una ofensiva en contra de la senadora. Cruz-Coke, cuando era diputado también recibió cuestionamientos luego de que se diera a conocer que era copropietario de un inmueble que se le arrendaba a la Junji.

Horas más tarde, Allende llamó a su bancada hasta su oficina. Ahí no les dio explicaciones de lo ocurrido, sino que les compartió la declaración pública que leería minutos más tarde, flanqueada por todo el socialismo y sin responder preguntas de la prensa. “Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negocios, ni en nada. Tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera”, leyó Allende.

Ya ese martes, Allende contactó al abogado socialista Gabriel Osorio. El experto en derecho público y electoral tomó el caso y de inmediato empezó a hacer gestiones ante la evidente arremetida de la derecha. Osorio hizo una especie de informe en derecho que compartió con los senadores, comenzó a reunir los antecedentes y gestionar la rescisión del contrato, encargo que quedó en manos de Diez.

La aparición de Osorio tiene como objetivo fortalecer la defensa que deberá hacer de la senadora ante el requerimiento de los republicanos y la UDI, quienes acudirán ante el pleno del Tribunal Constitucional para solicitar la destitución de su cargo por infringir el artículo 60 de la Constitución.

El bochorno de este contrato inconstitucional dejó varios heridos. Por un lado, el FA volvió a resentir la pérdida de uno de sus ministros, pese a que no perdieron el cupo, ya que como sucesor de Sandoval designaron al frenteamplista Francisco Figueroa. Pero en el PS la indignación es total. Sobre todo por el sentimiento de “incompetencia absoluta” respecto de los funcionarios de gobierno que tramitaron el decreto. Además, dicen en el socialismo, lo que más les duele es que la operación que estaba destinada a preservar el legado del expresidente socialista terminó causando un daño irreparable a la imagen de una de sus figuras más emblemáticas para el partido.