La larga tramitación de Dominga vuelve a la Corte Suprema

Esta vez Andes Iron se muestra optimista. Después de 11 años de procesamiento ambiental, Consideran que sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta conocida el lunes es jurídicamente tan contundente que la posibilidad de que su proyecto minero de hierro y cobre Dominga no se lleve a cabo es mínima. Y que incluso en el escenario de que se amplíe la vía judicial, están seguros de que, en última instancia, En la Corte Suprema ganarán. Y como han tenido paciencia, no les importa esperar un poco más.

El fallo de esta semana fue otro capítulo de una novela de avances y retrocesos para este iniciativa minera portuaria de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, que apunta, a su máxima capacidad, a producir 12 millones de toneladas de mineral de hierro y 150 mil toneladas de cobre como subproducto. Inicialmente estimó una inversión de 2.500 millones de dólares. Hoy esa cifra ya ronda los 3.000 millones de dólares, dados los crecientes costos de la minería y la construcción.

De eso, Andes Iron, que es propiedad en un 80% de la familia Délano, un 15% de los Garcé y un 5% de ejecutivos, Ya se han gastado unos 450 millones de dólares. Allí consideran la compra de los activos de Minería Activa, el fondo de LarrainVial donde la familia Piñera tenía la mayoría de las acciones, por unos US$150 millones. Otros 50 millones de dólares en la campaña de exploración. Y en la autorización del proyecto, unos US$ 250 millones, considerando 14 años de trabajo desde que se adquirió el yacimiento (poco menos de US$ 20 millones anuales en promedio, ya que en su año de mayor actividad contaba con 700 empleados, hoy solo son cien), y unos US$ 50 millones en la elaboración y tramitación exhaustiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue presentado en septiembre de 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que consideró cuatro adendas, un largo proceso que sólo anticipó lo que estaba por venir.

Porque Los grupos ambientalistas y los gobiernos de centro izquierda se han opuesto persistentemente al proyecto. las razones de rechazo, que en general se han repetido a lo largo del proceso, se centran en el posible impacto en la cercana Reserva Marina Pingüino de Humboldt, que incluye las islas Damas, Choros y Chañaral, donde existen colonias de pingüinos declaradas en peligro y avistamientos permanentes de cetáceos como delfines y ballenas.

Sin embargo, La empresa se defiende señalando que el puerto de Totoralillo Norte, donde embarcará su mineral, está lejos de la reserva, unos 30 kilómetros, que sólo tendrán actividad una vez por semana, que los barcos navegarán a más de 10 kilómetros de las islas, a menos de 10 nudos de velocidad y con sistemas de radar para evitar colisiones con cetáceos. Además, Afirman que a sólo tres kilómetros al oeste del archipiélago hay una auténtica carretera, por donde pasan decenas de barcos cada día. y que incluso hay un proyecto portuario más cerca de la reserva, llamado Cruz Grande, de CMP, que no ha sido tan peleado como el de Dominga.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es un organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y cuyo director es designado por la Presidencia, Fueron necesarios cuatro años para analizar a Dominga. En marzo de 2017, durante la segunda administración de Bachelet, emitió su Informe de Evaluación Consolidado (ICE) donde recomendó su aprobación a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional de Coquimbo. Sin embargo, el coevaintegrado por los secretarios ministeriales regionales y presidido por el delegado presidencial, él la rechazó.

Entonces, el Comité de Ministros, Encabezada por el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ratificó el rechazo en una sesión marcada por la polémica, ya que el tema no estaba sobre la mesa y, ante la decisión, los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Como Dominga apeló ante el Primer Tribunal Ambiental, este tribunal dictaminó en abril de 2018 que los votos de los órganos de gobierno eran ilegales. y llevó el proceso nuevamente a la votación de Coeva. Ante esto, grupos ecologistas recurrieron al Tribunal Supremo para que revoque el fallo del tribunal especializado. En septiembre de 2019, el máximo tribunal devolvió el caso al tribunal ambiental de Antofagasta, que dictaminó en abril de 2021 que el proyecto cumplía con las normas ambientales, entonces el coeva La regional, ahora bajo el gobierno de Piñera, tuvo que volver a pronunciarse. Y Aprobó el proyecto en agosto de ese año.

Pero Los detractores llevaron el caso nuevamente al Comité de Ministros. Durante el gobierno anterior no hubo votación. Y bajo la actual administración, el comité, presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo rechazó por unanimidad en enero de 2023.

hierro andino, representado por los abogados Patricio Leyton y Carola Salamanca, del despacho Ferrada Nehme, apeló nuevamente ante el Primer Juzgado Ambiental que, con diferente conformación, falló el pasado lunes por tercera vez a favor del proyecto.

Y su fallo de casi 250 páginas fue duro, especialmente para el gobierno. Anuló la decisión del Comité de Ministros, Pues, dijo, “adolece de defectos de carácter esencial, ya que afectan la debida justificación del acto reclamado, y omite y contraviene lo establecido en la sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Juzgado de 16 de abril de 2021. “

En resumen, dijo que lo hecho por el panel encabezado por Rojas fue ilegal, pues se basó en argumentos que el mismo tribunal ya había sancionado en su fallo anterior. Además, la responsabilizó de vulnerar los principios de imparcialidad, honestidad administrativa, protección de expectativas legítimas e incumplimiento de plazos. Además, acusó a algunos ministros, como la propia Maisa Rojas, de no descalificarse, a pesar de que “ya habían expresado su opinión previamente” sobre el proyecto. Y, por si fuera poco, fijó un plazo perentorio de sólo 15 días (no aclaró si consecutivos o hábiles) para que el Comité de Ministros se reuniera para votar nuevamente el proyecto.

El gobierno, y en particular el Ministerio de Medio Ambiente, quedaron impactados por la resolución. Su dureza era de tal nivel que le dejaba un pasillo muy estrecho para maniobrar, admitieron sus allegados.. Hoy sólo quedan dos caminos: el judicial o el administrativo. Ambos son complejos, dado que los argumentos legales del tribunal dejan poco margen para que el comité los rechace.

Y recurrir a la última instancia judicial, el Tribunal Supremo, es un enigma, Pues debería pronunciarse la Tercera Sala Constitucional, que ya no cuenta con los exministros destituidos Sergio Muñoz, quien era considerado un juez con una visión más abierta del caso ambiental, ni con Ángela Vivanco.

Ahora este tribunal está integrado por Adelita Ravanales como presidenta, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, la recién ingresada Jéssica González al máximo tribunal, además de un abogado miembro, cargo para el que han sido designados José Miguel Valdivia, María Angélica Benavides y Álvaro Vidal. alrededor. Los únicos que ya vieron este caso son Ravanales y Matus, quienes fueron integrantes del tribunal en mayo de 2022 y quienes rechazaron los recursos presentados por grupos ambientalistas, solo con el voto en contra del ahora ausente Muñoz.

Pero el gobierno se arriesgará a la incertidumbre.. Ministro Rojas confirmado por escrito a Legumbres eso Irá al Supremo: “Como ha ocurrido anteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministrosrecurrirá en casación para defender la resolución del Comité de Ministros que, con base en los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y el análisis del EAE, y por unanimidad, en enero de 2023 resolvió aceptar los 12 recursos de queja presentados por personas y organizaciones que pasaron a formar parte del proceso de participación ciudadana y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el proyecto. “Respetamos las decisiones de los tribunales, pero esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema”.

Fuentes jurídicas cercanas al gobierno afirman que Rojas no tuvo otra opción que apelar ante la Corte Suprema, dado que es lo que históricamente hace un gobierno cuando el sistema de justicia objeta un acto administrativo. No hacerlo significaba asumir la culpa..

Ahora, ante la incapacidad planteada por el tribunal ambiental, la ministra dejó abierta la posibilidad de participar en una posible nueva votación, arriesgándose a una acusación de desacato, como han advertido fuentes favorables a Dominga.

“Estoy seguro de que, al votar en el Comité de Ministros en enero de 2023, no hubo causa de inhabilitación según lo indicado, el cual fue respaldado por la Contraloría General de la República en su dictamen de agosto de 2023, en el que expresamente señala que no se violó el deber de probidad en el ejercicio de mis funciones como parte del Comité de Ministros. Recordemos también que eso fue una decisión del comité en el que participan seis ministros de Estado”, respondió Maisa Rojas. a Legumbres.

Fuentes del ministerio admiten que el camino en el Tribunal Supremo es un enigma, pero que se están revisando todos los escenarios jurídicos posibles, precisamente por esa complejidad. De hecho, no tienen claro el calendario al que los obligó el tribunal ambiental: si los 15 días para que se reúna el Comité de Ministros son hábiles o consecutivos. De ser el primer caso, la reunión tendría que realizarse el 26 de diciembre; Si no, el día 31. En Dominga creen que debería ser el 31 de diciembre.

Por momentos, el gobierno todavía tiene margen de acción. El Tribunal Supremo normalmente tarda menos de una semana en declarar admisible o no un recurso. Y si el gobierno pretende posponer la votación de la comisión, debería presentar paralelamente una solicitud de orden de no innovar. Y el máximo tribunal también tarda muy pocos días en resolver estas peticiones.

En el mejor de los casos, el gobierno podría prorrogar la decisión final por varios meses, Porque para resolver el fondo de este tipo de recursos el Tribunal se toma su tiempo. En 2022, fueron necesarios nueve meses. Y si fracasa como lo hizo aquel año, cuando indicó que no había una decisión administrativa definitiva sobre la que pronunciarse, deberá volver a obligar al Comité de Ministros a decidir, lo que podría ocurrir en plena campaña electoral de 2025 o incluso aprobarse. al próximo gobierno que, si es de derecha, podría estar más proclive a aprobarlo.

Pero si la Corte Suprema rechaza ahora la admisibilidad del recurso y se pronuncia sobre el fondo en unos meses más, los especialistas creen que hay pocas posibilidades de que no ratifique los argumentos del tribunal ambiental. por su contundenciapor lo que Dominga tendrá vía libre para llevarlo a cabo.