Una de las instituciones más recientes creadas en el sector público es el Defensor del Pueblo del Contribuyente Nacional (Denacon, inicialmente conocido como “Dedecon”). La entidad nació gracias a la Ley de Modernización Tributaria de 2020.

Ubicada en el piso 11 de la Secretaría de Hacienda, la oficina de defensa es dirigida desde noviembre del año pasado por el defensor nacional, Miguel Zamora.

La Ley de Presupuesto asigna $2.772 millones al Denacon, que financiará una dotación de 42 puestos, de un total de 82, en su primer año de funcionamiento.

Abogado de la Universidad Católica y magíster en Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York, Zamora fue subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta agosto pasado. Es cercano al exministro Felipe Larraín, para quien fue coordinador de Política Tributaria en su primera gestión.

La instalación de la nueva institucionalidad se sigue de cerca en los pasillos de Teatinos 120, en un momento en el que se han recrudecido las críticas de los contadores a Operación Renta y mientras el Gobierno prepara una reforma fiscal que se presentará el próximo mes.

Y entre los equipos Ejecutivos, se ve con preocupación lo que consideran un arranque lento de la organización y su estructura.

Así se refleja en una carta enviada por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, a Zamora el pasado 2 de mayo, en la que solicita una serie de datos sobre la salida de Denacon.

El documento comienza haciendo referencias a las disposiciones de la ley respecto al trabajo del subsecretario, entre las que se encuentra su preocupación por el buen funcionamiento de los programas y servicios relacionados con la cartera, entre los que se encuentra Denacon.

El texto continúa ahondando en las funciones que la Ley de Modernización Tributaria le confiere al defensor nacional. De esta forma, se solicita a la Defensoría Nacional que entregue “de forma detallada” el estado de avance de la implementación de la Defensoría del Pueblo en un plazo de cinco días hábiles.

Hacienda indagó sobre cuatro datos: la fecha de inicio y estado actual del procedimiento para la designación del subdirector del Denacon; la fecha de inicio y estado actual del procedimiento para la designación de jefes de división; detalle de la dotación aprobada por la Ley de Presupuesto 2022 y funcionarios contratados; y la fecha de inicio y estado actual del procedimiento de contratación de los demás funcionarios.

Los objetivos de este año

Al cierre de esta edición, la respuesta de Zamora aún no había llegado al escritorio de Sanhueza. Consultado oficialmente Denacon, no hubo respuesta.

La Ley de Presupuesto de este año destina $2.772 millones al Denacon, lo que permitirá financiar en su primer año de funcionamiento una dotación de 42 puestos -de un total de 82-, además de recursos para el equipamiento de oficinas en Teatinos 120, mobiliario y equipo de computadora.

A principios de enero, Zamora dijo a Diario Financiero que había contratado a unos 20 profesionales, algunos del SII en áreas multidisciplinarias como derecho, ingeniería de sistemas, auditoría, contabilidad y tecnologías de la información.

Su meta es llegar a 42 cargos en el presente año a través de concursos públicos y también conformar el Consejo de tres integrantes del Dedecon, objetivo para el cual indicó en enero que ya se había contactado con la Función Pública para publicar las convocatorias en la Alta Dirección Pública (ADP). ).

Sin embargo, hasta el momento los llamados a licitación aún no se han publicado en ADP.

Esto ha generado molestia en el Ejecutivo, considerando -por ejemplo- que ya se publicaron los llamados a licitación de servicios dependientes de Hacienda, que recién han estado vacantes en los primeros meses de esta gestión, como Aduana y Tesorería General de la Nación. La republica.

La Ley establece que el Dedecon tendrá como objeto principal velar por la protección y protección de los derechos de los contribuyentes, en materia de tributación fiscal interna. En el ejercicio de sus atribuciones legales, deberá velar “especialmente” por la protección y protección de los derechos “de los más vulnerables” y de las micro, pequeñas y medianas empresas, señala el reglamento.

El cargo de Zamora tiene una duración de tres años y su nombramiento es presidencial, no estando adscrito al sistema ADP.