La preocupación por el alto nivel de ausentismo de los funcionarios del sector público llegó hasta La Moneda. Así lo muestra un oficio circular enviado a mediados de julio por algunos de los principales ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el que instruyen medidas adicionales a las carteras y servicios públicos para atacar este fenómeno.
Las cifras más recientes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revelan que cada funcionario del aparato estatal se ausentó en promedio 31,7 días el año pasado por distintos tipos de licencias, cifra que es menor al máximo histórico de 35,3 días de 2022.
Con estos datos en mente, el 11 de julio los titulares de Interior, Carolina Tohá; de Hacienda, Mario Marcel; y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, enviaron el instructivo con copia a más de 300 instituciones públicas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial, instándolos a reforzar los controles para reducir la cantidad de funcionarios ausentes de sus labores.
“Con el objetivo de que la administración cumpla su función pública de la manera más eficaz y eficiente posible, se les reitera a los órganos y servicios públicos dar cumplimiento a la normativa vigente, monitorear y tomar acciones que permitan reducir los niveles de ausentismo de los funcionarios y funcionarias de su dependencia, así como sus efectos sobre la continuidad en la prestación de los servicios públicos”, dice la instrucción emanada del corazón del Ejecutivo.
Acto seguido, la circular recuerda que la Ley de Presupuestos establece mecanismos para reemplazar a los funcionarios que se ausenten de sus tareas por más de 30 días corridos. Esos reemplazos no podrán tener contratos superiores a los seis meses y solo podrán contraerse esos compromisos con autorización de la Dipres. Eso sí, se eximirá de visación cuando las licencias son maternales, postnatales o enfermedad grave del hijo menor de un año.
También recuerda que, en caso de que se reemplace a un funcionario que ha hecho uso de su licencia médica por un período continuo o discontinuo mayor a seis meses en los últimos dos años, el ministerio o servicio deberá declarar la incompatibilidad de su salud con el cargo.
La circular cierra con un rayado de cancha: si el nivel de ausentismo es superior al registrado para el año 2018, los servicios deberán implementar un plan para reducir sistemáticamente ese registro. Esto excluye las licencias médicas parentales, como de enfermedad en el embarazo, pre y posnatal, y enfermedad grave de hijo menor de un año. También Interior, Hacienda y Segpres prometen que se implementarán mecanismos de seguimiento “periódico” de esos planes.
Reuniones de alto nivel
Adicionalmente, el instructivo incorporó la invitación a una jornada con jefaturas de servicios para debatir la problemática del alto ausentismo laboral.
El taller se realizó el pasado 19 de julio en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas, donde se presentaron resultados comparados sobre ausencia de funcionarios estatales, así como experiencias de mejores prácticas para reducirlo.
La convocatoria reunió a representantes de más de 50 servicios públicos y ministerios, con el apoyo de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Servicio Civil.
En la ocasión, se destacó que los niveles crecientes de ausentismo en el sector público, que corresponde a los días hábiles no trabajados por los funcionarios excluyendo períodos vacacionales, generan pérdidas que ponen en riesgo la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
El encuentro fue inaugurado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Luego, la subdirectora de Racionalización y Función Pública de Dipres, Tania Hernández, expuso las cifras sobre el fenómeno en el sector público. Posteriormente, la abogada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Kathleen Peet, realizó una ponencia respecto a la normativa vigente sobre ausentismo laboral en el sector público, repasando la historia reciente de cómo se aplica en Chile.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que logró un acuerdo anticipado para un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de su mina Ministro Hales y cinco sindicatos de su división más productiva, El Teniente.
Una negociación anticipada disipa las posibilidades de una huelga en el yacimiento, en medio de los esfuerzos de Codelco por reimpulsar su producción propia, que cayó a su menor nivel en 25 años en 2023.
En el caso de su división El Teniente, Codelco acordó un nuevo contrato con cinco sindicatos que agrupan a los cerca de 3.150trabajadores y trabajadoras. Se trata de las agrupaciones N° 5, Caletones, El Teniente, N° 7 y Sewell y Mina Unificado, que aprobaronla propuesta de la empresa.El nuevoconvenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses, desde 2024 a2027, a partir del 1 de noviembre.
Producción de Codelco volvió a caer en julio mientras que la de Escondida se disparó, según cifras de Cochilco
En esta mina subterránea, la más grande del mundo, las organizaciones de trabajadores lograron un reajuste de 1,5% y el bono de fin de conflicto de $ 22,5 millones más un crédito blando de $ 3 millones por 36 meses sin reajuste ni interés. Para aquellos que tienen cuentas en el Banco BCI, los pagos se realizarán a partir de mañana jueves 12 de septiembre y los otros bancos, el viernes 13 de septiembre, explicó el presidente del sindicato unificado Sewell y Mina, Amador Pantoja. Los operarios tienen también beneficios en salud y educación, señaló.
“Este proceso logró cautelarresponsablemente la viabilidad del negocio y mejorarla posición competitiva de la división, introduciendo, además,prácticas laborales que apuntan a elevar la productividad de la empresa”, afirmó Andrés Music, gerente general de El Teniente.
“Este instrumento colectivonos va a permitir concretar la puesta en marcha de los proyectos que dan continuidad a la división y consolidar las jornadas laborales que reducen los impactos en el entorno yaportan a la calidad de vida de las personas” concluyó Music.
Históricamente la producción de El Teniente se sitúa cerca de las 450 mil toneladas anuales, aunque 2023 concluyó con una baja, a 351.900 toneladas anuales.
En el caso de Ministro Hales, el nuevo contrato, que abarca 600 trabajadores, se extenderá por 36 meses desde el 1 de diciembre, precisó la firma sin dar a conocer las condiciones económicas de cierre.
“El acuerdo se basa en la búsqueda conjunta de acciones y planes de trabajo que permitan dar sustentabilidad a la división en el mediano y largo plazo”, dijo el gerente general del yacimiento, Gonzalo Lara, citado en un comunicado.