Enorme desconcierto generó en el mundo político cuando el martes, en una reunión con representantes de la prensa, el Presidente Gabriel Boric anunciaba que una reforma al sistema político quedaría condicionada a que primero se avanzara en aprobar el llamado pacto fiscal y la reforma previsional, las dos reformas estructurales más significativas que impulsa el gobierno.
El Mandatario justificó este predicamento sobre la base de que la ciudadanía no entendería que el Congreso se abocara a tratar asuntos que para ella resultan muy lejanos y que solo parecieran importar a los políticos, por sobre aquellos temas que sí tocan directamente a las familias, como es el caso de las pensiones. Más aún, puso en duda que una reforma al sistema político fuera útil, atribuyendo a que la falta de grandes acuerdos políticos se debe más a la intransigencia antes que a la atomización.
Sus palabras sorprendieron porque si en algo parece haber consenso político es en la necesidad de avanzar en reformas que introduzcan una serie de correcciones que apunten a dar mayor gobernabilidad, lo que es algo que beneficiaría al país en su conjunto, independientemente de cualquier vereda ideológica. Tal consenso ya se había logrado en el fallido segundo proceso constituyente, y de hecho expertos del oficialismo y la oposición sigilosamente habían retomado esas conversaciones con miras a un acuerdo, lo que incluso contaba con la venia del gobierno.
Es saludable, por lo mismo, que en su discurso de la Enade el Mandatario rectificara con claridad: “Quiero señalar de manera explícita, y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar a equívocos, que como Presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político”.
Es un hecho que si el Jefe de Estado hubiese seguido anclado a su postura original no solo arriesgaba con quedar en una posición muy incómoda, pues esa suerte de chantaje no tendría ningún efecto práctico, ya que las fuerzas políticas podrían haber seguido con esta reforma por su cuenta, sino que además habría puesto de manifiesto una falta de entendimiento preocupante respecto de reformas que el sistema político requiere con urgencia.
Más allá de que estos súbitos cambios de opinión han vuelto a despertar las críticas por los constantes zigzagueos del Presidente, lo concreto es que se ha pronunciado en una línea correcta y ahora está en sus manos no desperdiciar esta nueva oportunidad, no solo por el innegable aporte que implicaría para la salud de nuestra democracia, sino porque de prosperar podría ser quizás el legado más relevante que deje en su mandato, considerando que las reformas que ha propuesto aún están lejos de generar los consensos requeridos.
Dado que en poco tiempo más el país entrará en modalidad electoral -primarias y luego elecciones de alcaldes y gobernadores-, tanto el Presidente como las distintas fuerzas políticas deben ser conscientes de que cuentan con plazos estrechos para poder avanzar en cambios concretos en el sistema político. De allí que hubiese sido ideal que el Mandatario, durante su alocución, se hubiese comprometido con plazos e itinerarios bien definidos, interpelando al resto de las fuerzas políticas para que también asuman explícitamente este compromiso. Todavía se está a tiempo para que La Moneda comience a liderar este proceso, de modo que en la cuenta pública de junio se puedan exhibir ante el país metas y avances en este plano.
Debe abandonarse definitivamente la idea de que avanzar en cambios como umbrales mínimos de votación para que los partidos accedan a representación parlamentaria, sancionar el “discolaje” con la pérdida del escaño parlamentario y desincentivar la inorgánica proliferación de partidos, entre otros cambios, resultarían en este momento incompatibles con aquellas urgencias que hoy demanda la población. Aspirar a un mejor sistema político es también una urgencia y es responsabilidad del Congreso demostrar que se puede avanzar en este plano a la par de aquellas reformas sociales pendientes.
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