A las 11:20 de la mañana llegó el vuelo que traía desde Alemania al nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, ya las 12:30 ya estaba en La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. “Profesor. ¿Cómo está?”, le dijo el Presidente al abogado tras recibirlo en el Salón Rojo.
Cordero viene a asumir el cargo que dejó Marcela Ríos en un momento poco propicio para las bienvenidas y una instalación relajada, pues deberá entrar de lleno en un tema que el gobierno no puede dejar atrás desde el 30 de diciembre: indultos presidenciales.
Fue el propio Presidente quien señaló que el proceso estuvo marcado por el “desorden” y dos días después, en un intento frustrado de pasar página, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró en La Moneda: “Si el Presidente hubiera tenido todo los antecedentes a la vista, la situación hubiera sido otra”.
En este escenario, Cordero asume la cartera de Justicia, lo que de por sí no es fácil, pues debe fiscalizar lo que sucede en las cárceles, asumir un rol en la agenda legislativa del gobierno y, por si fuera poco, reconstruir los lazos con el Poder Judicial y la Ciudadanía. Ministerio, donde, nuevamente, las declaraciones del presidente Boric para los indultos no ayudaron mucho. “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el presidente el 3 de enero.
De esta forma, los indultos aparecen como prioridad número uno para Cordero, a pesar de que el gobierno está convencido de que sin problemas legales en la entrega de estos beneficios.
en la moneda asegurarse de que el Presidente no los revoque o invalideaunque cuando Cordero se instale en la Justicia deberá tomar una decisión política: abrir o no un sumario administrativo.
La decisión no es menor. En el oficialismo existe la convicción de que no es creíble que los únicos responsables de los desórdenes asociados a los indultos hayan sido cometidos únicamente por el exministro Marcela Ríos y el exjefe de gabinete del presidente Boric Matías Meza-Lopehandía.
Por ello, comentan las mismas fuentes, una investigación administrativa serviría para averiguar cuál fue la cadena de errores que se cometieron en la elaboración de los expedientes de los indultados, más aún cuando de lo que se trata es de funcionarios gubernamentales que incumplieron una instrucción presidencial, como confirmó el ministro Vallejo.
Además, un resumen de dichas características permitiría establecer correctamente la trazabilidad de esta decisión y hacer las correcciones necesarias para el futuro, considerando que aún quedan cuatro años de gobierno y eventualmente podrían llegar otros indultos, no para los condenados por delitos vinculados al estallido social, sino otros beneficios que se otorgan, por ejemplo, por razones humanitarias. .
La decisión también debe tener un equivalente en la presidencia. Si Meza-Lopehandía fue quien lideró los indultos, Presidencia también debería iniciar un sumario para investigar lo sucedido en esa computadora que causó esta serie de errores. Aquí Cordero no tiene facultades. La decisión de abrir un sumario sobre este asunto en Presidencia corresponde al titular del servicio, que, en este caso, es la directora administrativa de presidencia, Antonia Rozas.
Javier Couso, académico UDP, señala que “claro que hay que analizar la situación. Hay mucho más aquí. El gobierno tiene que revisar primero la factibilidad legal constitucional de dar marcha atrás, de revocar, pero por otro lado hay un pedido de la Contraloría para pedir información y eso es más fácil de despachar. Va a tener una posición muy relevante en analizar la factibilidad legal de esto, que es muy cuestionable”.
Cualquier decisión que tome Cordero -y eventualmente Rozas- sus acciones tendrán efectos políticos. En caso de que opte por la vía de iniciar un sumario, cuando esa investigación avance, podría surgir nueva información sobre el caso. Si opta por no realizar esta investigación administrativa, la señal será muy clara en el sentido de que no está disponible para que este asunto quede abierto y optará por enterrarlo, al menos internamente en el ministerio que tendrá que Plomo.
Tomás Jordánun profesor de la Universidad Alberto Hurtado, tiene una opinión similar: “Me parece que la vía administrativa interna es una vía que puede abrir el ministro para determinar cómo estos registros no estaban a la vista, y si corresponde y determinar si fue en el Ministerio de Justicia donde eso estuvo mal o en otro lugar”, dice, además de señalar que Cordero tiene todas las credenciales para asumir el cargo.
Por su parte, Tania Busch, directora del Centro de Estudios del Desarrollo advierte que “vamos a ver qué política tiene el nuevo ministro, pero creo que también tiene sensibilidad pública. Es columnista desde hace mucho tiempo y piensa en la contingencia, por lo tanto, creo que es una persona, aunque viene de la academia, tiene una mirada sensible a la contingencia política y creo que se va a notar”.
El debut de Cordero en Justicia se da en medio de una Fuerte presión de Chile Vamos a revocar o invalidar los indultos. Tanto es así que cuantos más días pasan, más sube la presión por la derecha.
Este miércoles fue el diputado Enfermero registrado Andrew Longton quien fue el encargado de dar un mensaje al nuevo ministro. “Es un profesor de renombre, especialmente en derecho administrativo. Por lo tanto, de esto él sí sabe. Profesores destacados y ex ministros han dicho públicamente que esto puede ser revocado o invalidado. Entonces le pido a la ministra de Justicia que asesore correctamente a la Presidenta como no lo hizo la ministra anterior ni sus asesores, para dejar sin efecto estos indultos”, dijo el jefe de la bancada de diputados de RN.
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