México completó la semana pasada la primera elección de jueces en la historia del país, un paso decisivo de la reforma del sistema judicial promovido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por su sucesor, la actual presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo sistema establece que todos los magistrados son elegidos por voto popular y no designados a través de un mecanismo donde participaron los otros dos poderes del estado, como sucedió anteriormente. Por lo tanto, la primera parte del proceso se llevó a cabo el domingo pasado, con la elección de 1,861 puestos de los casi 3.000 que deben llenarse.
Los requisitos para participar son mínimos: es suficiente ser abogado, entregar las notas promedio y presentar cartas de recomendación. Luego, los datos son revisados por una instancia compuesta por los comités de los tres poderes del estado, que determinan quién finalmente están permitidos para participar. Sin embargo, en esta ocasión, la selección terminó siendo realizada por Riffle, debido a la marginación precisamente del Comité Judicial debido a los desacuerdos con el proceso, que aumentó las dudas sobre la calidad y la idoneidad de todos los candidatos.
Según el presidente mexicano, el proceso democratiza el sistema judicial y le da una mayor legitimidad cuando sus miembros son elegidos por ciudadanos. Sin embargo, la baja participación en las elecciones, que alcanzó solo el 13% de la lista electoral, despierta serias dudas sobre la legitimidad que los magistrados elegidos tendrán, más allá de que ganen las elecciones. Esto se debe a que la reforma buscó corregir un sistema cuestionado, tanto por partidarios como por detractores de Amlo, el modelo actual, lejos de lograrlo, agrava ese problema.
La pequeña participación explica una clara desconfianza en la reforma de la ciudadanía, que ve en el sistema promovido por el fallo mexicano dirigido por Morena, no un camino para dar más autonomía y reconocimiento ciudadano a la justicia, sino una forma para que este sector tenga un mayor control político del poder judicial. El hecho de que los nueve jueces elegidos para integrar la Corte Suprema hayan sido promovidos de una forma u otra por el partido oficial, plantea serias dudas sobre la verdadera autonomía e independencia que tendrá el tribunal más alto del país.
Pero las preguntas sobre el sistema no terminan allí. Además del hecho de que el fallo ahora tendrá el control de los poderes ejecutivos y legislativos, pero también con lo judicial, el proceso instala dudas sobre los posibles compromisos que los jueces elegidos pueden haber adquirido con posibles financiadores de sus campañas o con el crimen organizado y cómo esto comprometerá su independencia. En un país donde las redes de carteles de drogas se encantan en el aparato institucional, el nuevo sistema amplía el riesgo de que los jueces puedan ser co -ooppidos.
El eje de toda la democracia es la separación necesaria de poderes, lo que permite un sistema efectivo de pesos y contrapesos para evitar que la energía se concentre. El modelo de elección de los jueces en México no solo llama a ese objetivo en cuestión, sino que termina politizando al poder judicial, cuyo trabajo no debe y no puede ser gobernado por criterios políticos-ideológicos.