Durante noviembre se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada por Red Procompetencia y Fundación Generación Empresarial a directores y gerentes de empresas que prestan servicios en Chile, para conocer su visión respecto al marco institucional de la libre competencia, el impacto que las sanciones aplicadas han tenido y los mercados más propensos al comportamiento anticompetitivo.

En cuanto a la institucionalidad, los resultados muestran una evaluación positiva: el 65% de los consultados está de acuerdo en que la Fiscalía Nacional Económica es un organismo imparcial y políticamente independiente, mientras que el 63% cree que existe un adecuado equilibrio entre la FNE -en su rol de defensa y promoción de la competencia- y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como tribunal especializado.

“Sorprende que entre los mercados donde se detectan mayores riesgos de prácticas anticompetitivas se encuentran las licitaciones públicas. ¿Lo que está sucediendo?”

Asimismo, el estudio demuestra que no solo las multas tienen un efecto disuasorio en la conducta de las empresas, sino también los estudios de mercado realizados por la FNE. Es así como el 72% está de acuerdo en que generan impacto en los mercados y promueven regulaciones para mejorar su funcionamiento. A esto se suma que el 69% de los que respondieron está de acuerdo en que las investigaciones o sanciones por prácticas abusivas unilaterales de las organizaciones generan un efecto disuasorio.

Otro resultado que llama mucho la atención es que entre los mercados donde se detectan mayores riesgos de prácticas anticompetitivas se encuentran las licitaciones públicas. Sorprende que las mismas empresas privadas identifiquen como riesgosos los mercados donde el Estado es el actor por excelencia y quien define los criterios de compra. Sería de esperar que sea el propio Estado el que tenga un mayor protagonismo asistencial en la asignación de los recursos públicos. Lo anterior sin duda depende de los criterios que se utilicen, ya sea en las bases de licitación, acuerdos directos o convenios marco.

En esta materia, la Fiscalía Nacional Económica ha intentado diagnosticar estas ineficiencias a través de su Estudio de Mercado de Contratación Pública (2019). Y ha generado documentos como la Guía de Contratación Pública para difundir los conceptos que reducen los riesgos de generar asignaciones ineficientes y anticompetitivas mediante el análisis de los criterios de evaluación y ponderación.

Entonces, ¿qué está pasando entonces en las instituciones públicas? ¿Has interiorizado estos conceptos? ¿Se han generado los incentivos para que sean interiorizados?

Los estudios y guías que ha realizado la autoridad de competencia van en la línea correcta, pero de nada sacamos si en la microgestión del Estado, quienes son los ejecutores desconocen sus resultados y los efectos que generan cuando decidir hacer compras públicas o licitar infraestructuras.

Este resultado nos recuerda una vez más que la gestión pública es crucial y que está en manos del Gobierno diseñar los incentivos, mecanismos de control y sanciones para que las instituciones públicas cumplan con criterios de asignación eficiente.