Exactamente 72 horas pasaron entre que se desató la polémica por la minuta de las AFP que criticaba la reforma de pensiones y la presentación del protocolo de acuerdo para la tramitación al que llegó el Gobierno junto a los senadores de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acusó el domingo en Mesa Central de Canal13 que “anda dando vuelta una ‘minutita’ (…). Lo que nos han dicho es que viene precisamente de una de las AFP”.
El documento -cuya autoría fue reconocida posteriormente por la Asociación de AFP-, causó la irritación de La Moneda y parecía que sería el gran asunto que marcaría la agenda de la semana en pensiones.
Sin embargo, el hito más importante estaba por venir. A las 12 horas y 41 minutos del miércoles, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) abrió la sesión en medio de una alta expectación sobre cuándo se votaría el proyecto.
Lo que no se sabía era que el Gobierno había acogido la propuesta de la oposición de establecer un protocolo para la tramitación de la reforma, por medio del cual se determinó verla en general y particular a la vez y se fijó como fecha máxima enero de 2025 para que se despache del Senado.
Un encuentro clave
Las conversaciones para llegar a puerto habían comenzado hace días. Sin embargo, al ser un tema político y de trascendencia para el Gobierno, requería de la luz verde del Presidente Gabriel Boric.
El encuentro clave se gestó la mañana del jueves 1 de agosto en la sede de Santiago del Congreso Nacional, en el marco del Congreso Jóvenes Futuro 2024. Fue allí cuando Coloma; el presidente de la Cámara Alta, el senador José García Ruminot (RN) y el Mandatario conversaron. ¿El resultado de eso? “Los ministros tomaron el teléfono, llamaron y se comenzó a trabajar en un documento que incorporara una metodología para la tramitación legislativa, pero también plazos y principios básicos”, contó una fuente conocedora del proceso.
El reloj empezó a correr de cara a la sesión del 7 de agosto.
Tras la luz verde del Presidente para que se elaborara una propuesta, los parlamentarios de Chile Vamos que forman parte de la comisión de Trabajo -donde además de Coloma también están el presidente de RN, Rodrigo Galilea y el senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke- tomaron contacto con sus técnicos con quienes se reunieron vía telemática.
Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal habrían ayudado no solo a plasmar ciertos principios comunes, sino que éstos en ningún caso generen desinsentivos a la cotización y efectos negativos sobre las rentabilidades de los fondos.
Los protagonistas
Los últimos detalles del escrito se afinaron el martes en una cita en el Congreso entre los senadores Coloma y Galilea con la ministra Jara.
Ambos parlamentarios fueron clave para marcar este hito, que para algunos es el más relevante en años, pues da certezas de una fecha límite para votar -ya sea a favor o en contra- y, además, abre la ventana a que pudiera lograrse un acuerdo. Mientras Coloma jugó un rol político relevante, Galilea además hizo aportes en términos de contenido, señalan conocedores de las tratativas.
“Coloma mató dos pájaros de un tiro: permitió que avanzara, pero al mismo tiempo que el Gobierno no se anotara un triunfo”, comentó una fuente.
Todo esto despejó una preocupación para el Gobierno de que su reforma estrella no avanzara en los tiempos y forma que habían estimado.
Las aprensiones del Ejecutivo se intensificaron tras la primera sesión de Coloma como presidente de la instancia, cuando tuvo un tenso cruce con Jara, quien insistía en que se pusiera en votación el proyecto.
“La ministra comprendió que forzar la votación no era posible para sacar adelante la reforma”, dijo una fuente del oficialismo.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también fue parte de la ecuación, quien conoce a Coloma de cerca en su rol de integrante de la comisión de Hacienda del Senado.
En esta etapa el rol de Marcel se hizo aún más relevante, pues la búsqueda de alternativas para mejorar las pensiones actuales, como la idea del préstamo reembolsable, también implica recursos fiscales.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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