A principios de marzo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un duro informe sobre la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric. En el documento denominado “Informe sobre la desviación de la meta de Balance Estructural 2025”, criticó los déficits fiscales estructurales y efectivos que existieron el año pasado, del 3,6% del PBI y del 2,8% del PBI, respectivamente.
La organización enfatizó que “la magnitud de esta desviación es alta en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios”, es decir, sin crisis. También acusó que el desvío de la meta de balance estructural respondió a los problemas que tenía la Dirección de Presupuesto (Dipres) en las estimaciones de ingresos, respecto de los cuales tenía fuertes cuestionamientos.
Ante esto, la última respuesta de la administración Boric, a través de su directora de Presupuesto, Javiera Martínez, se produjo el pasado 10 de marzo, a través de un oficio. En ese documento, Respondió a las principales objeciones del organismo autónomo, en ocasiones, también en términos duros.
1) Corrección de gastos 2025
El informe del CFA indicó que “(…) dado el nivel efectivo de ingresos estructurales, habría sido necesario un ajuste de gasto del orden de US$ 6.948 millones (2,0% del PIB; equivalente al 8,1% del gasto ejecutado) para cumplir con la actual meta de BE de -1,6% del PIB”, y que “(…) el CFA revela que el cumplimiento de la meta de BE depende de la capacidad efectiva de alinear oportunamente el gasto público con el nivel actualizado durante el año de las estimaciones de ingresos estructurales”.
Esta afirmación fue respondida por la Dipres: “Reconociendo la importancia de realizar los ajustes de gasto necesarios para cumplir las metas fiscales, vale la pena señalar que “La recomendación del Consejo no considera la imposibilidad, de no existir cambios legislativos o el impacto en la continuidad de los servicios públicos, que implicaría materializar una reducción del gasto del orden de US$ 6.948 millones dentro del mismo año.”
En ese sentido, agregó que “en distintas instancias -incluidas comunicaciones directas al propio Consejo (o en) presentaciones públicas- se ha expuesto la importante rigidez de una parte relevante del gasto público, así como las obligaciones legales que condicionan su ejecución. Además, es incompatible con la preocupación del Consejo por la ejecución de la inversión pública”.
En el análisis, la Dipres sostuvo que “la mayor parte del desvío de la meta se produjo a partir de octubre. En ese contexto, Centrar el análisis en este aspecto sin considerar los antecedentes y las restricciones relevantes puede limitar una discusión plenamente informada. -tanto desde el punto de vista técnico como de política pública- respecto de la situación fiscal”.
2) Tendencia de la deuda bruta
El informe del CFA menciona que “(…) si bien la deuda bruta como porcentaje del PBI, en 2025, se mantuvo por debajo de su nivel prudente y similar respecto del año anterior, el Consejo advierte que esto no se debe a la consolidación fiscal, sino que responde principalmente a factores independientes de la política fiscal -como el mayor crecimiento del PBI nominal, como resultado de un mayor deflactor del PBI y la apreciación del tipo de cambio-, que podrían tener un carácter transitorio.”
En contra de esto, la Dipres argumentó que “si el tipo de cambio se hubiera mantenido en línea con lo proyectado anteriormente, la deuda bruta hubiera llegado a 42.1% del PBI, lo que también hubiera sido un cambio relevante en la tendencia observada en los años previos a la actual administración. Además, el crecimiento promedio anual de la deuda en este gobierno fue de 1.4 puntos porcentuales del PBI, mientras que los tres gobiernos anteriores promediaron 3.2 pp., 2.7 pp. y 1.7 pp., respectivamente”.
3) Otros activos
En su informe, la CFA señaló que “durante 2025, hubo un uso intensivo de Otros Activos del Tesoro Público (OATP) como fuente de financiamiento, que pasó de US$ 2.946 millones en el segundo trimestre a US$ 46 millones al finalizar el año”.
Los Dipres respondieron que “la comparación presentada por el Consejo no es técnicamente equivalente, lo que puede llevar a conclusiones que no reflejen adecuadamente las características de los indicadores analizados”. En este contexto afirmó que “Hubiera sido valioso tener la oportunidad de aclarar estos aspectos y responder con antelación a las preguntas técnicas correspondientes”. Asimismo, aseveró que “Los criterios utilizados para considerar el segundo trimestre como punto de referencia, en lugar de otras épocas del año, como el comienzo del año, no están del todo claros”.
Para Dipres, una fotografía mensual no necesariamente refleja adecuadamente la situación anual. Por ejemplo, afirmó que los saldos mensuales de cierre de Otros Activos del Tesoro Público promediaron alrededor de US$ 1.780 millones durante el año. “En este sentido, las observaciones en un mes específico pueden verse influenciadas por factores transitorios de gestión de caja, como emisiones de deuda, pagos de amortizaciones u otros movimientos propios de la administración financiera del Tesoro”, dijo la Dipres.
4) Justificación del cambio de objetivos
El CFA indicó que “(…) en su Informe sobre la modificación del decreto que establece las bases de la política fiscal de noviembre de 2025, indicó que el uso de la figura de otras causas extraordinarias debe tener un carácter estrictamente excepcional, debidamente justificado y coherente con el objeto de la Ley N° 21.683. Asimismo, el Consejo consideró que las correcciones de las proyecciones de ingresos, por sí solas, no constituyen una base suficiente para modificar las metas fiscales en el marco de esta figura.”
Al respecto, la Dipres respondió que “Queremos resaltar que la justificación justificada no fue en sí misma la corrección de las proyecciones de ingresos. Lo que se propone es una simplificación que no es muy consistente con lo establecido en el actual Decreto de Política Fiscal y en el documento de acciones correctivas que establece la ley publicado junto con el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025”.