Las alertas que encienden en el mercado los plazos del cambio de un sistema a otro en la reforma de pensiones

Si bien el 6% de cotización ha concentrado prácticamente todas las miradas de la reforma previsional y, en parte también lo ha hecho la idea de separar la industria, hay un tema que genera debate entre los técnicos y al interior del mercado de capitales: los tiempos que establece el proyecto de ley para la transición entre el cambio de un sistema a otro.

Hasta ahora, por ejemplo, la iniciativa fija en dos años la transición del cambio del actual sistema de AFP al que propone el Gobierno en el caso que fuera aprobado. En concreto, las disposiciones transitorias generales establecen que “las normas de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del vigésimo quinto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial”.

Sin perjuicio de que la reforma contempla transitorios especiales para algunas modificaciones, se establecen dos años para pasar al nuevo sistema, en el que como plantea el Ejecutivo, coexistirían Inversores de Pensiones -los que sustituirían a las AFP en materia de gestión de inversiones- y un Administrador Previsional licitado para la administración de cuentas.

“Hay riesgos operacionales importantes dependiendo de cómo se haga esta transición. Hoy día el sistema funciona razonablemente bien integrado”, advirtió el exSuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro.

Fuentes conocedoras de las tratativas señalan que las alertas que levanta entre los técnicos por el efecto sobre los afiliados y el mercado de capitales sería uno de los puntos que el Gobierno buscaría negociar con los parlamentarios.

En todo caso, las mismas fuentes aseguraron a DF que habría disposición de parte del Ejecutivo a alargar los plazos en la discusión sobre la reorganización de la industria.

Las alarmas

El economista y exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín fue uno de los que puso sobre la mesa su preocupación. En enero expuso en la Cámara de Diputados y señaló que dada la trayectoria de 40 años que tiene el sistema chileno, no es sencillo realizar un cambio profundo y en tan corto plazo. “Lo que hay que hacer es pensar en una transición realmente pausada”, recomendó.

Junto a eso enfatizó que “en pensiones no podemos hablar de transiciones de dos años” y apuntó a pensar en una década como mínimo.

A esa mirada se suma la gerenta de estudios de Aurea Group, Natalia Aranguiz. “Estos 25 meses que propone el Gobierno no solamente es poco para desarticular una industria que funciona, sino que también para ellos prepararse para, recibir una industria que maneja hoy en día US$ 180 mil millones”, dijo a DF.

La economista coincidió con Larraín:“Creo que el tiempo debiese ser 10 años”.

Por su parte, el líder de Wealth de Mercer Chile, Joaquín Ramírez, apuntó al impacto sobre los usuarios. Para él, la separación de la industria “va a tener un montón de efectos sobre el servicio que reciben las personas, sobre todo los actuales pensionados”.

Junto a esto, sostuvo: “Estamos muy preocupados” por el impacto que puede tener en las pensiones.

La visión de un exregulador

El abogado y exsuperintendente de Pensiones Alejandro Ferreiro, señaló que la pregunta es si habrá reorganización o no, cómo se va a establecer y si se va a licitar o no a un operador privado eventualmente la administración de la cuenta. “Creo que hay riesgos operacionales importantes dependiendo de cómo se haga esta transición. Hoy día el sistema funciona razonablemente bien integrado”, sostuvo.

Para el exregulador, si se busca reducir los costos -que es uno de los argumentos que ha manifestado el Gobierno para reorganizar-, “es más eficiente intentar profundizar la licitación de cartera más que entrar en el peligroso camino de reorganizar la industria y dividir por dos lo que hoy día funciona bien integrado”.

El abogado advirtió que, “en consecuencia, esa transición va a depender de la magnitud del cambio”. Por ejemplo, apuntó a que “si se hace una licitación al estilo de lo que podría ser la administración por la AFC, este cambio podría realizarse relativamente fluido o sin mayores dificultades operacional o costo”.

Con todo, Ferreiro sostuvo que “esta no es una reforma que me haga mucho sentido. Creo más que obedece a una cuestión ideológica, que hay poca ganancia en eficiencia a partir de esto y sí un alto riesgo de que comience a funcionar mal lo que hoy día funcionaba bien”.

Cambios “acompasados”

“Los cambios en seguridad social, especialmente en el régimen de pensiones, deben ser graduales o acompasados, dado los efectos directos e indirectos que ellos generan”, sostuvo el experto en seguridad social Hugo Cifuentes, quien integró la comisión Bravo.

El abogado enfatizó en que “hay que conjugar cómo se adaptan los costos que involucra la nueva cotización con la necesidad que se quiere atender. Lo mismo ocurre con la implementación de la nueva institucionalidad que se proyecta, de ser acogida”.

La reforma está en segundo trámite constitucional en el Senado, donde aún no se abordan las transiciones. Cifuentes mencionó que “el Congreso y el Ejecutivo acordado lo principal del proyecto, entrará en el debate de la transición que respondiendo, a los criterios señalados permitan la implantación de una reforma del todo necesaria”.