Las brechas que desafían el rol de las municipalidades en la Ley REP

Faltan seis meses para que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) comience su implementación paulatina, que obligará a las empresas a hacerse cargo de los productos que generan hasta el final de su vida útil. En enero de 2023 entran en vigor las metas de neumáticos, el primero de los seis productos prioritarios de la ley, y en septiembre, las de envases y embalajes, el segundo.

Los actores clave en la implementación de esta legislación son los municipios, que históricamente han sido los encargados de la limpieza y el ornato de la comunidad, lo que incluye la recolección de basura. Función que muestra diferencias en el territorio, principalmente en los niveles de desarrollo de la recolección de residuos y en la educación de las comunidades en materia de reciclaje.

En la Ley REP, las atribuciones de los municipios incluyen actuar como gestores directos -recogida, transporte y tratamiento de residuos- o intermediarios entre los sistemas de gestión (SIG) y los gestores; promover la educación ambiental a la comunidad; asegurar que la gestión de residuos opere de manera efectiva en cada territorio; y expedir permisos para la instalación y operación de puntos limpios en bienes de uso público.

La directora ejecutiva de Círculo REP, Carmen Gloria Ide, señala que si bien hoy los municipios son los encargados de la recolección de basura, “ese rol frente a la Ley REP cambia por completo, porque ahora deben llegar a acuerdos con los SIG. El municipio dentro de la ley no tiene un rol absolutamente definido por el objeto de los acuerdos. Es finalmente el principal del territorio. O trabaja junto con el sistema de gestión o supervisa el papel del MIS”, dice ella.

Agrega que una de las ventajas de la ley para los municipios es que incentiva a los sistemas de gestión a realizar convenios con los municipios, “ya ​​que estos no se pueden hacer sin previa licitación”, dice.

Fernando Zagal, jefe de proyecto de la REP Ley para el Manejo y Trazabilidad de los Residuos de Vínculo Verde, comenta que el municipio “también debe establecer ordenanzas que habrá que comunicar a la población, y eventualmente podría supervisar que se realice un correcto depósito de residuos”. desarrollado. o separación selectiva.

El abogado de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, explica que la ley REP permitirá que los municipios o asociaciones de municipios operen de la misma forma que una empresa de recolección o tratamiento de residuos, e incluso da opciones a los municipios: “Pueden elegir no hacer nada y dejar que los SIG sigan trabajando en las comunas; o constituirse en encargados y, en consecuencia, acordar con el SGI la realización de la recogida o tratamiento; o también asociarse con otros municipios para hacerlo. Pero sí tienen dentro de sus obligaciones aceptar que los sistemas de gestión entren en las comunas”, afirma Canals.

brechas

Los expertos dicen que surgiría una serie de dificultades en torno al papel de los municipios una vez que la ley se ponga en práctica. Entre ellos estarían los desfases entre el desarrollo que hoy tiene cada territorio y los planes de cada sistema de gestión.

“Lo más probable es que los SIG prioricen aquellas comunas que ya cuentan con un sistema de recolección de residuos, como Providencia y Vitacura, donde tienen pilotos de recolección diferenciada en origen. Eso provocaría una gran desigualdad con las comunas más pobres, las menos organizadas, donde los SIG van a cumplir con las metas de las que tienen más recursos y va a ser un problema de cómo se organiza el sistema desde el ámbito del territorio”, dice Canales.

En esta misma línea, Ide señala que los diferentes niveles de desarrollo del territorio y cómo éste se va a compaginar con los planes de los sistemas de gestión “va a ser una dificultad”. “En esas comunas más grandes eventualmente tendremos instaladas industrias de reciclaje, en comparación con otras donde no hay recolección domiciliaria”, afirma.

Advierte que la relación con los vecinos y el nivel de desinformación sobre la ley en las comunas deben ser puntos a considerar. “El vecino va a tener que empezar a separarse en la casa obligatoriamente. Se acabó el camión de la basura que se lleva todo, y va a haber complicaciones y reclamaciones. Este es un modelo nuevo, donde tenemos que convencer a esas generaciones que ya no están en el auto sobre el tema del cambio climático”, explica Ide.

Para Zagal, por su parte, el primer reto es el tema de la trazabilidad: “¿Cómo validas si un plan de gestión de residuos realmente acaba en el fin específico que quieres o si estás pagando por algo que no cumple el objetivo, por ejemplo , que terminan en un relleno sanitario”.

Por otro lado, Canals afirma que, teniendo en cuenta los plazos, hay retrasos en los acuerdos que deben implementarse entre el SIG y los municipios, ya que “la ley no exige que antes de la entrada en vigor de los objetivos de los productos prioritarios, este tema sea Lo ideal es que sí, pero ese es uno de los grandes problemas de cómo acomodar los municipios al sistema REP”.