Una de las citas más conocidas de John Maynard Keynes es también la peor utilizada: “A largo plazo todos estaremos muertos” se ha interpretado como un llamamiento a enfocar los esfuerzos políticos en corregir las oscilaciones a corto plazo de la actividad económica. Lo cierto es que, en lugar de fomentar el cortoplacismo, Keynes estaba criticando los modelos económicos que asumen complacientemente un retorno a un punto de equilibrio a largo plazo.

Las reformas estructurales son mucho más difíciles que los ajustes de las tasas de interés o de los impuestos. Dado que implican el fomento de la capacidad productiva, o “del lado de la oferta”, de una economía -incluyendo su fuerza laboral, capital, tecnología e ideas- a menudo imponen un costo para los votantes de hoy, a cambio de beneficios a largo plazo.

Las democracias no pueden esperar a que se alineen las condiciones políticas y económicas. Con la ralentización de la globalización -uno de los motores del crecimiento- las reformas adquieren mayor importancia.

Por ejemplo, consideremos la reforma de la planificación. Es esencial para impulsar el desarrollo de ferrocarriles, viviendas y torres eléctricas, pero irrita a los dueños de viviendas. Los sistemas fiscales obsoletos asfixian el crecimiento y contribuyen a la desigualdad, pero los cambios implican molestar a un grupo para beneficiar a otro. El envejecimiento de la población ejerce presión sobre el Estado, pero los esfuerzos de Emmanuel Macron por aumentar la edad de jubilación en Francia fueron recibidos con protestas en toda la nación. Las encuestas también muestran que los ciudadanos quieren que se actúe contra el cambio climático, pero muchos no quieren pagar por ello.

Las economías avanzadas ya se han abierto al comercio, han reformado los sectores bancarios y han privatizado las finanzas, sentando así las bases del crecimiento desde la década de 1970. Las futuras medidas relacionadas con la oferta pueden ser más complejas o implicar más disrupciones para los votantes: rediseñar la legislación vigente, asignar los recursos de forma más eficiente y construir cosas.

El resultado es una confianza excesiva en la gestión de la demanda y unas expectativas poco realistas sobre el poder de la política monetaria y los presupuestos para guiar la economía. Esto tiene tres implicancias. En primer lugar, las economías no se han mantenido al día con los cambios a largo plazo, como el cambio climático, el envejecimiento de las sociedades y la tecnología. En segundo lugar, los países se han vuelto menos resilientes a las crisis. Gran Bretaña es un caso atípico de inflación debido en parte a la escasez de fuerza laboral, exacerbada por las limitaciones de su sistema sanitario y de cualificaciones. Por último, estos factores han asfixiado el crecimiento de la productividad. Como esto apuntala el crecimiento sostenido de los salarios y los ingresos fiscales, alimenta la política de “nosotros contra ellos”, dificultando las reformas.

El resultado es una erosión del crecimiento subyacente.

Las democracias no pueden esperar a que se alineen las condiciones políticas y económicas. Con la ralentización de la globalización -uno de los motores del crecimiento- las reformas adquieren mayor importancia. La formulación de políticas de oferta debe convertirse en un proceso abierto para apoyar la agilidad económica y la productividad.

Las instituciones deben prepararse para el largo plazo. El crecimiento estructural requiere un seguimiento regular. El sector privado necesita incentivos para invertir en el futuro. En última instancia, la conversación pública debe madurar con el fin de aceptar las concesiones, sin las cuales el progreso económico a largo plazo para todos se tambalea.