Quedan exactamente 43 días para que se cumpla el plazo que tiene el Ejecutivo para enviar al Congreso los proyectos de ley que tienen como objetivo reformar el sistema de salud. Y es en ese contexto que un reservado grupo del Ministerio de Salud, dirigido por Bernardo Martorell, trabaja a contrarreloj y de manera silenciosa en las iniciativas. Frente al hermetismo, la Comisión de Salud del Senado decidió formar un comité de expertos para que paralelamente trabajara en una propuesta.
El equipo -que inició su trabajo el pasado 1 de julio- está conformado por cinco representantes oficialistas: Cristián Baeza, director ejecutivo del Center for Healthy Development en Estados Unidos; Fernando Araos, exsubsecretario de Redes Asistenciales del gobierno del Presidente Gabriel Boric; Álvaro Erazo, exministro de Salud del gobierno de Michelle Bachelet; Marco Antonio Núñez, exdiputado PPD, y Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile. Y cinco especialistas elegidos por los senadores de la oposición: Emilio Santelices, exministro de Salud de Sebastián Piñera; Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública de Sebastián Piñera; Carolina Velasco, directora de estudios del IPSUSS de la U. San Sebastián; Ricardo Bitrán, economista de salud, y Álvaro Clarke, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Casa de Bello.
Los especialistas se reúnen varias veces a la semana, de manera virtual o en la sede del Congreso en Santiago, con el objetivo de terminar el informe antes del 1 de octubre. Desde su inicio los diez integrantes acordaron no adelantar nada del contenido de la propuesta hasta que esté lista, y cada vez que les consultan afirman que son un buen grupo y tienen un debate muy técnico. El tema es que según han dejado de manifiesto sus instancias, sí están frente a un dilema, pues hay un nudo de la discusión que aún no pueden desenredar.
Ya se sabe que la reforma apuntaría a tres aspectos principales: fortalecimiento de Fonasa; entregarle más atribuciones a la Superintendencia de Salud, y la eliminación de las preexistencias dentro del sistema de isapres. Esta última materia es donde está actualmente el tirante debate.
Una fórmula para lograr este mandato es crear un fondo de compensación entre las aseguradoras, idea surgida durante Piñera II que estudia el Minsal, pero que desde ya ha sido rechazada por diversos sectores del oficialismo, quienes incluso redactaron algunas minutas donde insistían que se debe seguir con el programa de gobierno: un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarán en seguros complementarios. Esa es la otra fórmula en antagonismo.
Y este debate no es ajeno al grupo de expertos. Porque si bien ya hay varios puntos en los que se han puesto de acuerdo, como por ejemplo que Fonasa tiene que tener más atribuciones y que las isapres deben terminar con el modelo de negocios que tienen actualmente, aún no hay claridad en cómo se debe avanzar para eliminar las preexistencias: en el grupo de oposición se inclinan por el fondo de compensación, mientras que el grupo de oficialistas están por seguir con la creación de un Fondo Universal de Salud (FUS).
Reflejo de este choque de posturas es lo ocurrido luego de que este fin de semana el presidente del comité, Emilio Santelices, afirmara durante una entrevista a La Tercera que la mejor forma de eliminar la preexistencias, desde el punto de vista técnico, era incorporando este mecanismo y que había que dejar las propuestas del programa atrás. Esta aparición y con esa postura en particular molestó a algunos integrantes del comité. De hecho, por el lado del oficialismo Fernando Araos salió inmediatamente al paso y a través de redes sociales explicó: “Quiero aclarar que la opinión del doctor Santelices no representa la opinión del comité”.
Además, citó una de las frases del exsecretario de Estado para mostrar su postura frente al tema: “Hoy con la situación de crisis de las isapres sería ‘ir de espaldas a lo que la ciudadanía está buscando’, insistir en el modelo que ha discriminado enfermos”.
Eso sí, los mismos expertos desde el inició del trabajo ya anticiparon que podría haber un choque de versiones; incluso durante una entrevista, Álvaro Erazo insinuaba que el trabajo de los especialistas podría terminar en dos informes. Con todo, los mismos miembros acordaron no optar por este camino y culminar su trabajo con un solo texto, aunque ya hay quienes adelantan que no será respaldado de forma unánime.
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La madrugada de este jueves, se reportó el fallecimiento de un hombre en medio de los saqueos registrados en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.
El deceso del hombre ocurrió en medio de desmanes registrados durante la noche en la Región Metropolitana el marco de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Lo Errazuriz con Pedro Lagos, en momentos en que un grupo de antisociales participaba en saqueos realizados a diferentes locales comerciales instalados en el sector.
Los primeros antecedentes dan cuenta que mientras un grupo de personas intentaba ingresar a un local de venta de sushi a través del techo, uno de ellos cayó desde una altura aproximada de cuatro metros, falleciendo en el lugar. La víctima tendría alrededor de 50 años.
Por orden de la Fiscalía, el procedimiento quedó a cargo de la PDI.
El Ejército de Corea del Sur informó sobre la detección este jueves del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, siendo la primera vez que realizan este tipo de acción desde el pasado 1 de julio y que coincide con la continua escalada de tensiones que vive la península coreana desde hace meses.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano alertó sobre el incidente, tras lo que ha asegurado estar “en total preparación” y colaborando con las autoridades de Estados Unidos y de Japón, según la agencia de noticias Yonhap.
Las autoridades han detectado el lanzamiento en torno a las 7.10 horas (local) desde la zona de Pyongyang y aún se encuentran determinando las especificaciones de los proyectiles y la información sobre el rango de su alcance.
El último lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte se produjo como respuesta a unos ejercicios militares llevados a cabo de forma conjunta entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, cuando los proyectiles llegaron a volar 600 kilómetros y 120 kilómetros, respectivamente.
El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Argentina a fines de mes para ratificar el convenio sobre materias de seguridad firmado en junio con el gobierno de Javier Milei.
El mandatario salvadoreño, que se hizo conocido por su duro combate a las bandas pandilleras de su país,, llegaría a Buenos Aires el 29 de septiembre para una nueva reunión bilateral con Milei, además de otros compromisos con funcionarios del Gobierno y el Congreso, según reporta el diario bonaerense La Nación.
Bukele se espera que viaje en compañía del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien tiene un vínculo ya establecido con sus pares en la Argentina, Mariano Cúneo y Patricia Bullrich, y es el principal responsable del acuerdo de asesoramiento en materia de seguridad entre ambos países.
El mismo medio transandino consigna que Bullrich y Villatoro firmaron en junio en Buenos Aires “un convenio de trabajo para intensificar la colaboración en el intercambio de información, el intercambio de instrumentos legales y en las capacitaciones conjuntas entre las Fuerzas de Seguridad”.
También establecieron la creación de “un laboratorio de políticas de seguridad para llevar números actualizados de la Argentina, El Salvador y cualquier otro país que decida adherir al mismo”.
Bullrich también viajó a su vez al San Salvador, donde se enfocó en analizar y ver de primera mano la famosa estrategia de seguridad de Bukele, que logró reducir drásticamente la violencia en un país que estaba dominado por las pandillas.
La ministra argentina visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presos, que se convirtió en el emblema de la política de mano dura contra el crimen organizado del gobernante centroamericano y que logró bajar la tasa de homicidios de 100 cada 100.000 habitantes a 2,3 el año pasado. Todo en medio de denuncias de organismos de DD.HH. sobre detenciones arbitrarias, torturas y muertes en las cárceles salvadoreñas.