El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó el impacto del Crédito Garantizado por el Estado (CAE) en las finanzas públicas y brindó recomendaciones para mejorar la política pública desde el área fiscal.
“Se identificaron variables claves que deben corregirse en la contabilidad tributaria reflejar adecuadamente sus efectoss, ya que históricamente ha habido algunos problemas en su formulario de registro”, dijo la CFA en un comunicado.
El objetivo también es contribuir a la tramitación del proyecto que busca un eventual nuevo sistema de financiación para la educación superior.y que actualmente se encuentra en su primer proceso legislativo, según la CFA.
“Sus recomendaciones para un mejor registro en la contabilidad fiscal Son relevantes tanto para avanzar hacia un eventual nuevo sistema que sustituya al CAE, como en el caso de mantener el actual.”, añadió.
Desde la CFA también resaltaron que su trabajo de análisis fiscal en el CAE “es necesario para poder compararlos con los del nuevo instrumento de financiación pública para estudios de nivel superior propuesto recientemente por el Ejecutivo en un proyecto de ley”.
Además, agregaron que, La Dirección de Presupuesto (Dipres) expresó al CFA que comparte el diagnóstico presentado en este informe y la necesidad de mejorar la contabilidad del CAE, o el sistema que lo reemplace, para reflejar adecuadamente sus impactos fiscales, y que, para abordar esta tarea, está implementando un plan de acción en coordinación con la Tesorería General de la República (TGR ) y con la Contraloría General de la República (CGR).
La CFA identificó que El CAE tiene efectos fiscales a través de diversos medios. Por un lado, el Estado participa como garante de los créditos en poder de los bancos; y, por otro lado, realiza transacciones que afectan la composición de los activos y pasivos tributarios, así como su patrimonio neto.
Según datos de la Comisión Ingresa, proporcionados por la Dipres, entre 2019 y 2023, La compra de créditos CAE por parte del Tesoro promedió 13,5 millones de UF anuales, sumando un total de 67,5 millones de UF en el período, lo que equivale a US$ 2.666 millones, el 0,9% del PBI.
En ese mismo período, para la activación de garantías y beneficios para deudores (por ejemplo, por desempleo o estudios en el extranjero) El fisco pagó 23,8 millones de UF en amortizaciones del capital adeudado, equivalente al 0,3% del PBI, alrededor de 946 millones de dólares; y por intereses pagó 1,8 millones de UF, US$ 70,6 millones, lo que equivale al 0,02% del PBI.
A lo anterior se suma que, en el mismo período, El monto total garantizado de los créditos fue de 31,2 millones de UF, unos US$ 1.235,4 millones, equivalentes al 0,4% del PBI.
Desde la CFA estimaron que El registro del CAE en las cuentas fiscales tiene un “grado de dificultad para ser monitoreado de forma integral”porque se hace en diferentes líneas.
De esta manera, entre los problemas identificados por la CFA, se señala que los pagos realizados por los deudores del CAE correspondientes al capital de los créditos en poder del tesoro Se registran como ingresos y no como devolución de un préstamo.. En este sentido, entre 2019 y 2023 la recuperación de créditos registró un promedio anual de 4,7 millones de UF, es decir, unos US$ 210 millones equivalentes al 0,06% del PBI.
Otro problema se refiere a que existen gastos que reducen el patrimonio neto del fisco, pero no se registran como gastos. Tal es el caso del recargo que paga el Estado al comprar préstamos a los bancos, recursos que no se recuperan con el cobro del préstamo. Entre 2019 y 2023, esta sobretasa registró un promedio anual de 2,7 millones de UF, unos US$ 105 millones, equivalentes al 0,04% del PBI.
En total, el El impacto anual promedio de estos factores juntos sobre el saldo fiscal alcanza aproximadamente el 0,1% del PIB.reflejando la importancia de corregir los registros contables para capturar adecuadamente las implicaciones financieras del CAE, de acuerdo con el trabajo del CFA.
“La contabilidad que históricamente se ha llevado a la CAE genera un sesgo al alza en el registro de los ingresos tributarios y un sesgo a la baja en los gastos. Por ello, la CFA recomienda a la Dipres, en coordinación con la TGR y la Contraloría cuando corresponda, corregir la forma en que se llevan estos registros, para mostrar con precisión la situación financiera y patrimonial del fisco, reflejada tanto en la efectiva y los indicadores de balance estructural del gobierno central, así como en los registros de sus activos y pasivos, considerando los ajustes retrospectivos necesarios para fines de comparabilidad”, explicó.
En opinión del CFA, podría haber una cantidad considerable de deudas incobrables en manos del tesoro que no han sido reconocidos como tales. De hecho, la proporción de préstamos con garantía hipotecaria ha aumentado considerablemente en los últimos años, según su análisis.
En 2018, el 18,5% del total de créditos en poder del fisco se encontraban en tal situación, cifra que aumentó hasta el 48,8% en 2023. En el caso de los créditos en manos de bancos se observan cifras similares, ya que aquellos con garantías ejecutadas aumentaron del 22,4% al 46,5% en el mismo período, señaló la CFA en su informe.
“Lo anterior significa que podría haber una cantidad importante que, Históricamente no se ha registrado como gasto asociado al CAE. Por ello, el CFA señala que es fundamental que la Dipres cuantifique este efecto para dimensionar el gasto efectivo total que implica actualmente el CAE, lo que serviría de referencia para un sistema que busque sustituirlo”, comentó.
El CFA también sugirió a la Dipres evaluar instrumentos de prudencia fiscal ante los riesgos de insolvencia del CAE. Las opciones para esto son el uso de provisiones para deudas incobrables o un esquema de cancelación gradual de créditos para reconocer gradualmente su probabilidad de incobrabilidad en los ejercicios presupuestarios anuales.
“Considerando que eventuales correcciones contables podrían ser importantes en cuantía y resultar de la acumulación de muchos años de registros, en opinión del CFA, Sería necesario que la Dipres, en coordinación con la TGR y la Contraloría según corresponda, analizara metodologías de transición para evitar que los ajustes deban registrarse en un solo ejercicio presupuestario.”, recomendó.
La CFA también recomendó que el Dipres incrementa la disponibilidad de información sobre el CAE a través de la publicación periódica y consolidada de indicadores relacionados con sus efectos fiscales, “lo que permitiría comprender y monitorear de manera más efectiva la situación del sistema y su impacto en las finanzas públicas”.
“Esta recomendación también es válida para cualquier sistema que sustituya al CAE.”, añadió.
Otro aspecto sugerido por el CFA es que Dipres implementa y publica monitoreos periódicos para evaluar los riesgos que enfrenta el CAE –o el instrumento que lo sustituya podría representar para las finanzas públicas. Entre los factores a vigilar se encuentran una mayor demanda de crédito, una elevada inflación, un crecimiento económico inferior al esperado, una mayor tasa de morosidad y un aumento de las tarifas a financiar.
La CFA también recomendó que Dipres explicita los criterios utilizados para clasificar por encima o por debajo de la líneaes decir, como gasto o como inversión financiera, registra el CAE, así como otras transacciones similares. El CFA estimó que esto contribuiría a un mejor análisis de la situación fiscal y de las necesidades de financiación pública.
