El jueves pasado, la Cámara de Diputados y Diputadas envió al Senado la ley de pensiones cortas que amplía la cobertura de la Pensión Universal Garantizada (PGU) y que la Cámara Alta deberá tramitar la próxima semana. Sin embargo, Los senadores tendrán un insumo al que no tuvieron acceso los legisladores que integran las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara Baja, el informe del Consejo Consultivo de Pensiones que sin ser vinculantes, sus recomendaciones pueden influir en el trabajo legislativo e influir en el resultado de la votación.
Los diputados recibieron esta información el mismo jueves minutos antes de la votación y vía WhatsApp, Por eso, algunos lograron “echarle un vistazo”, pero no analizar en profundidad su contenido. Como antecedente, la iniciativa fue aprobada en general casi por unanimidad de los diputados presentes en la Cámara (131 votos), salvo la abstención, la del republicano Johannes Kaiser.
Sin embargo, Durante el trámite en comisión, el diputado RN Frank Sauerbaum -quien es miembro de Hacienda y Trabajo- había alertado y manifestado su preocupación al Gobierno por el hecho de que los parlamentarios no tuvieran ese bagaje. y luego denunció su llegada minutos antes de la votación en la Cámara, a pesar de que él mismo no votó por estar emparejado con su homólogo socialista Marcos Ilabaca.
En definitiva, es difícil predecir cuánto habría cambiado el resultado de la votación si los diputados hubieran accedido antes al informe, teniendo en cuenta la popularidad de la iniciativa; a pesar de eso, las recomendaciones del Consejo Consultivo de Pensiones, al menos ameritaban “un análisis más profundo de los datos aportados”, dice un legislador, aunque admite que no habría cambiado su voto por ese motivo.
Revisar el número de beneficiarios potenciales
El informe del cabildo, de 36 páginas, sugiere que el Gobierno revise el número de nuevos beneficiarios de la PGU como consecuencia de la ampliación de la cobertura y del gasto fiscal asociado a la misma.
porque Según se explica en el documento, el escenario base de la Dipres, sin reforma, supone un total de 2.339.717 PGU beneficiarios, en 2023; Por tanto, “sin cambiar el umbral, habría 429.840 beneficiarios adicionales respecto a noviembre de 2022 (1.909.877). Considerando que el número de concesiones en noviembre y diciembre rondaba las 35.000 por mes en promedio, este año se proyectarían cerca de 400.000 beneficiarios adicionales, sin cambios en la cobertura, es decir, en el escenario base”.
En este sentido, el texto argumenta la sugerencia señalando que “lo anterior demuestra que la estimación de beneficiarios para el 2023 es alta a la luz de las cifras de cobertura con las que cierra el año 2022 y el aumento de cobertura registrado en los últimos 12 meses”.
En segundo lugar, En cuanto al gasto fiscal, el cabildo señala que el impacto del proyecto en esta materia “no presenta diferencias sustantivas en términos de gasto adicional (…), pero hay diferencias con respecto al gasto total proyectado, que es menor en el escenario con población ajustada al haber menos beneficiarios”.
Y refiriéndose a los posibles efectos de ampliar el universo de beneficiarios de la PGU sobre el ahorro previsional y el mercado laboral, “dada la limitada magnitud del cambio, se estiman poco significativos”dice el documento.
El documento concluye destacando la conveniencia de realizar campañas de comunicación que demuestren claramente que el beneficio de PGU no requiere ser jubilado para ser percibido, “siendo esta una diferencia importante y positiva con respecto a los beneficios anteriores” y plantea la necesidad de “realizar mayores esfuerzos de control a fin de reducir la informalidad y la evasión y elusión de aportes previsionales”.
Vuelven las dudas sobre las cifras
Por su parte, Sauerbaum resaltó que le llamó la atención el informe que “las cifras que da a conocer el Gobierno no son las mismas cifras que da a conocer el Consejo Asesor de PensionesPor tanto, se votó sin la información correcta”, por lo que pidió al Ejecutivo que “aclare esos números”.
Y aseguró que desde su sector se harán todos los esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir, porque “Si bien la opinión del Consejo Consultivo no es vinculante, claramente tiene relevancia en la decisión que toman los parlamentarios. Si no, finalmente no tiene sentido su existencia”.
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