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Las (¿tardías?) gestiones del G9 para que la nueva Constitución incluya un reconocimiento a las universidades no estatales

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La Red de universidades G9, que son consideradas universidades públicas no estatales, no se da por vencida. Luego de que el grupo acusara un “trato preferencial” del gobierno y la Convención hacia las casas de estudios de educación superior estatales, ahora, a pesar de que ya hay un proyecto de Constitución entregado y a punto de ingresar a la Comisión de Armonización, las instituciones insistirán en su idea de ser consideradas explícitamente en el texto que luego será presentado a la ciudadanía para ser votado en el plebiscito de salida. Los brazos están lejos de bajar, a pesar de los tiempos limitados.

El malestar de la red se arrastra desde hace varios meses y las universidades que la componen (todas las católicas, Concepción, Federico Santa María y Austral) han desplegado de manera conjunta y separada diversas estrategias para hacerse escuchar. Y de paso, incluido en el horizonte tanto del Ejecutivo como de la Convención, con una marcada estrategia de comunicación, pero también con acciones concretas.

Por ejemplo, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, dijo este lunes que respecto a la salida territorial de la Convención al norte del país, señalarían directamente a la junta directiva de la Convención en su deseo de incluirse dentro de los artículos del proyecto. que se refiere a la educación superior. “Hoy en Antofagasta le entregarán una carta a la presidenta de la Convención (María Elisa Quinteros), del G9, una propuesta para modificar ese artículo porque claramente no nos ha dejado satisfechos y no lo estaremos si así queda definitivamente.”, dijo la máxima autoridad de la PUC en Radio Duna.

Pero, ¿a qué apunta el rector Sánchez? Dentro de los artículos que se refieren a la educación superior, lo que mas complica al G9 esta concretamente en el articulo 17que dice que la educación será universalmente accesible en todos los niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, y que profundiza en ello “El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación preescolar, básica, media y superior, creados o reconocidos por el Estado”. El texto también, entre otras cosas, dice que será la ley la que establecerá los requisitos para dicho reconocimiento oficial y que el Estado deberá financiar este sistema de manera “permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, para al cumplimiento pleno y equitativo de los fines y principios de la educación”.

“Esperaríamos que instituciones de nuestro carácter también fueran consideradas en el financiamiento, porque el texto solo habla de financiamiento básico para los que son del Estado y que el resto estará sujeto a leyentonces se corre el riesgo de que esto no se quede en el papel y por ende se corre el riesgo de no financiarnos y poner en jaque a todo el sistema si no contamos con el apoyo adecuado para realizar la labor de aporte público”, dice. rodrigo aldarector de la UC del Norte, quien fue el encargado de entregar la mencionada carta al presidente de la Convención y al vicepresidente Gaspar Domínguez cerca del mediodía de este lunes.

En esa carta, la Red G9 se propone dos cosas: ser reconocida a la par de las universidades estatales e insistir en su iniciativa estándar.

En cuanto a lo primero, desde el grupo señalan que la propuesta apunta a un reconocimiento igualitario de sus instituciones con las del Estado en materia de preservación de garantías al régimen de financiamiento y protagonismo en el sistema nacional de educación pública. Lo consideran fundamental para resguardar la posibilidad de seguir desempeñando, “sin discriminación y en condiciones de igualdad con las instituciones del Estado”, el papel que, dicen, las casas de estudio G9 vienen desarrollando desde hace décadas.

“Hoy, como todo es blanco o negro, Se habla de las universidades públicas como si fueran sólo sinónimo del Estado y no se reconoce el trabajo que ha desarrollado este grupo del G9. No se da a entender que podamos tener el carácter de ser reconocidos por el Estado y recibir financiamiento como cualquier universidad que realiza una obra pública.. Parece contradictorio que cuando hablamos de un sistema integrado no se tenga en cuenta a las instituciones que hacen aportes públicos”, agrega el rector Alda.

En la carta, agregue Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente del G9, “reforzamos lo que proponemos en la iniciativa popular de la norma sobre el reconocimiento de las universidades que integran el G9, que atiende al papel histórico que hemos tenido en la construcción del sistema universitario chileno”. Y añade que esperan que en cuanto a “reconocimiento, compromiso y aportes básicos, tenga un cariz equivalente al que ya tuvo en la Constitución del 25 y su posterior reforma”. Este reconocimiento, cree, todavía es posible. “Pensamos que hay espacios en la redacción actual del borrador donde se pueden integrar universidades como la nuestra.. En el proceso de Armonización creemos que se pueden incorporar las universidades del G9 y eventualmente otras que puedan tener características similares”.

Precisamente, la premisa del G9 es que a pesar de que ya se entregó el borrador, todavía tienen margen de acción. “Creemos que todavía hay espacio para poder cambiar, cosas que podrían ser más inclusivas en algunas definiciones que están en el documento actual.señala Alda. Y agrega: “No es una queja, es más una propuesta que sea considerada en los procesos de armonización. Somos optimistas de que ojalá no se cometa un error histórico, que terminaría con una visión no integral del sistema”.

El rector Saavedra también revela que esta idea ya se planteó con algunos convencionalistas en conversaciones individuales. “Nos han expresado esa posibilidad de apertura en el proceso, confiamos en que estos aspectos serán reconocidos”.

Respecto a esta idea, Andrés Cruz, miembro del Colectivo Socialista y miembro de la Comisión de Armonización, cree que “la regla es contradictoria y debe aclararse su redacción“, además de ser “de acuerdo con la preocupación del G9″.

Por su parte, Tomás Laibe (PS), vicepresidente adjunto de la Convención, cree que la comisión “tiene la facultad de proponer al pleno para resolver inconsistencias u omisiones graves, pero es muy difícil que esto implique cambios en el fondo del texto”. En ese sentido, dice que lamenta “que no se contemplara el financiamiento de organizaciones no estatales, fue algo que el Colectivo Socialista sí apoyó, con restricciones. Pero creo que no hay obstáculos para que el legislador contemple un marco de financiamiento para estas entidades”.

Mientras que Alondra Carrillo (Movimientos Sociales Constituyentes), dice que dicha comisión “su propósito no es alterar la sustancia de las disposiciones aprobadas por la Convencióny que “parte de la confianza depositada en su obra reside precisamente en que esta debe respetar que el proceso de toma de decisiones políticas ya ha tenido lugary que en base a estas decisiones se debe desarrollar la labor de dar coherencia, resolver posibles vacíos y proponer un texto armónico a la población”.

Dijo que es: El G9 también insistirá en incluir de alguna manera la iniciativa de una norma que obtuvo casi 17 mil firmas de apoyo, cuyo objetivo fue expresar la urgencia que en la nueva Constitución la autonomía de las universidades en todas sus dimensiones. (académicas, administrativas y económicas) para realizar libremente sus propios proyectos educativos. Asimismo, consideraron que el nuevo texto constitucional debe garantizar la libertad de enseñanza, y expresaron su visión sobre una oferta de educación superior mixta, diversa, estatal y no estatal, laica y confesionalque permite a las personas elegir.

Pero la carta no es lo único, ya que las universidades de la red ya comenzaron a distribuir el borrador en sus comunidades para que se enteren de lo que se está escribiendo. “Esperamos, en virtud de cómo se desarrolle este proceso, definir algún tipo de acción para que esta nueva Constitución sea casa de todos y nadie quede fuera”, confía el rector Alda. Y cierra: “En el formato que tiene hoy, mirando el impacto que podría tener en nuestras comunidades, hay una llamada de atención para estar bien informados. No podemos pedirle a la gente que vote de tal o cual manera, pero como instituciones tenemos que mostrar esto, esto hipoteca el sistema”.

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HRW denuncia graves violaciones de los DD.HH. de los niños durante el régimen de excepción en El Salvador

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La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que niños y adolescentes salvadoreños han sufrido graves abusos contra los Derechos Humanos por parte de las propias fuerzas de seguridad de El Salvador en el marco del draconiano régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele en un intento por acabar con la violencia y los homicidios en el país.

La organización ha publicado este mismo martes un último informe sobre la situación en la nación centroamericana en el que documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos contra niños y adolescentes arrestados en el marco de un régimen de excepción que el presidente Bukele llegó a elevar a la categoría de “guerra contra las pandillas”.

Estos menores han sido sometidos a condiciones deplorables en prisión, incluyendo situaciones de hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuada, así como ausencia de contacto con abogados y familiares. Muchos han sido condenados por delitos definidos con trazo grueso y en juicios con violaciones al debido proceso.

HRW denuncia graves violaciones de los DD.HH. de los niños durante el régimen de excepción en El Salvador

Secretaria de Prensa de la Presidencia//Handout via REUTERS

De acuerdo con HRW, las fuerzas de seguridad de El Salvador han llevado a cabo “innumerables redadas” –especialmente en zonas donde la violencia de las pandillas era “una presencia constante”– y han detenido a unas 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 menores que ya habían visto como sus expectativas de futuro quedaban limitadas por el impacto de la violencia de las pandillas.

“Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención (…) de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”, ha alertado la ONG, que incide en que en muchas ocasiones estas detenciones están basadas simplemente en la apariencia física o las condiciones socioeconómicas de los menores.

En algunas ocasiones se ha llegado a registrar detenciones en condiciones violentas, como el caso de un joven de 16 años que, en su camino de vuelta a casa tras jugar un partido de fútbol, fue interceptado por militares que le obligaron a desvestirse y le quemaron el torso para que confesara a qué pandilla pertenecía, según ha relatado un familiar a HRW.

Así las cosas, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha instado al Ejecutivo salvadoreño a “implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades” pero dejando a un lado las “detenciones indiscriminadas”.

Así las cosas, estos encarcelamientos masivos han derivado en que el ya de por sí frágil sistema penitenciario de El Salvador se enfrente ahora a unas condiciones de sobrepoblación. Más de mil niños han sido condenados durante el régimen de excepción con penas de cárcel que van desde los dos hasta los doce años.

HRW ha puesto el foco también en las condiciones a las que se ven sometidos los menores en prisión, pues considera que las autoridades salvadoreñas “han tomado pocas medidas, si es que alguna”, para proteger a los menores de la violencia de otros presos. Se han registrado palizas y agresiones sexuales en prisión.

“Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social”, ha explicado la organización.

Es por todo esto que Goebertus ha hecho un llamamiento tanto a las autoridades locales para que detengan la detención indiscriminada de menores para evitar “perpetuar los ciclos de violencia”; como a la comunidad internacional, a la que apela para que exhorte a El Salvador para que cese “las violaciones de Derechos Humanos” y proteja “la vida y el futuro de la niñez”.

HRW denuncia graves violaciones de los DD.HH. de los niños durante el régimen de excepción en El Salvador

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Cómo funciona la peligrosa “jeringa” pistola incautada en Calama

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Un tubo de metal con un émbolo, similar al funcionamiento de una jeringa, pero con la capacidad de percutar proyectiles, fue incautado por personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama, en la Región de Antofagasta.

El arma hechiza, de casi 18 centímetros de largo, similar a un desatornillador, era portada por un individuo con la cual habría amenazado, durante la jornada del viernes, a familiares que se encontraban al interior de un domicilio de calle Escocia, de la respectiva ciudad.

Debido a lo anterior, funcionarios policiales concurrieron a eso de las 21 horas hasta el sitio del suceso para adoptar el procedimiento de rigor, siendo estos también intimidados por el antisocial. Pese a ello, el sujeto logró ser arrestado por carabineros.

Tras el incidente, se incautó el arma de fuego de fantasía y por disposición del Ministerio Público fue derivada a peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) para las primeras diligencias de investigación, estableciéndose que esta “jeringa” pistola es apta para el disparo de munición de calibre .22.

Según explicó el jefe del Labocar de Antofagasta, capitán Ricardo García “un arma de fantasía es un elemento que por sus características se esconde bajo una apariencia inofensiva, creada generalmente de manera artesanal, no siendo posible asociarla a un arma de fuego convencional tal como a una pistola o revolver, pero sí lo es, pudiendo incluso causar la muerte”.

En este sentido el jefe policial precisó que este tipo de armas de fabricación artesanal, además de revestir un riesgo para la comunidad por su poder de fuego, también “es un peligro para quien lo manipula, toda vez que este armamento podría dañarse por la precariedad de materiales utilizados en su ensamble, generando diversas lesiones y herir gravemente a quien pretende disparar dicho armamento”.

Desde la institución valoraron “el actuar de Carabineros permitió sacar de circulación este elemento, el cual ya no será un peligro para los vecinos” sumándose a las 129 armas de fuego que este año la policía uniformada ha confiscado a nivel regional.

En ese contexto, el imputado, un hombre adulto mayor de edad, debió comparecer este lunes en audiencia de control de detención, donde fue formalizado por la Fiscalía, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva mientras se extienda la investigación correspondiente.

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Desde la Redacción | “Siempre fue polémico”: las controversias que marcaron la carrera de Claudio Reyes

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