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Las torturas que sufrió el matrimonio en el ataque de Angol

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Eran las 20.11 horas del sábado 16 de septiembre cuando a Sergio González Poggini (30) le llegó un llamado. Estaba en la casa de sus suegros, en Puerto Montt, por el fin de semana patrio, cuando escuchó del otro lado de la línea la voz de su mamá.

-Me dijeron que a ella y a mi papá los habían baleado. Que iban en una ambulancia rumbo al hospital.

Horas atrás, Sergio González Jarpa (70) y Karim Poggini Orellana (59) vivían un día normal en su fundo, el San Sebastián. A él se llega entrando a un camino rural que se desvía de la ruta que une las ciudades de Angol y Collipulli, en la Región de La Araucanía. En ese terreno de 400 hectáreas vivía la pareja.

Esa tarde de septiembre, Sergio González Jarpa se bajó de su tractor para darle de comer a sus animales. El ruido del motor hizo que no se diera cuenta cuando cuatro encapuchados que iban armados se le acercaron.

Sergio González Jarpa, junto a su esposa Karim Poggini y su hijo menor Matías González en 2019.

Según lo que contó a la Fiscalía, después de que le pegaron en la cabeza, uno lo apuntó con una escopeta a la altura del pecho. De un manotazo, González Jarpa bajó el cañón del arma. El disparo le llegó en la ingle. Luego, le juntaron las manos y se las amarraron a un tractor. Así, lo arrastraron de espaldas 80 metros hasta llegar a su casa.

Su esposa en ese momento descansaba en su habitación del segundo piso, viendo televisión. Ahí fue donde la encontraron dos encapuchados, que la sacaron a la fuerza de la casa. La arrojaron al barro en ropa interior. No le dieron tiempo ni para vestirse.

Al matrimonio le pedían dos cosas: armas y dinero. Pero no había. En respuesta, rociaron bencina en la casa y la prendieron. Hicieron lo mismo con el tractor, un auto y el granero. En minutos, todo terminó en cenizas.

Ya en el hospital, Sergio González Poggini pudo hablar con su madre. Ella le relató que cuando los agresores ya se iban, uno se dio vuelta y le disparó. La dejó con heridas de perdigones en el pecho, rostro y frente.

También, cuenta su hijo, los trataron de asesinos: los culparon de la muerte de un comunero, años atrás, en ese mismo campo.

Corría 1994 y Sergio González Jarpa, un ejecutivo de AFP Santa María en Santiago, a punto de entrar a sus 40 años, tenía un sueño: volver a vivir a Angol, a la casa en el campo donde creció con su madre. Ese año, junto a su esposa, una dueña de casa, decidieron cumplir ese sueño.

En Angol, el exejecutivo aprendió a sembrar y a cuidar animales. No fue lo único a lo que él y su familia tuvieron que habituarse. El fundo San Sebastián está rodeado de comunidades mapuches. Sergio González Poggini dice que esta relación siempre se basó en la cooperación mutua.

-Mi papá plantaba rosa mosqueta. Y la cultivaba con las comunidades como socios, y les pagaba como socios también -dice-. Mi papá siempre dejaba que las comunidades cazaran dentro del campo. Yo jugaba con ellos.

La calma y prosperidad que la familia alcanzó se fue rompiendo de a poco. Partió con algunos grupos armados que pedían peaje para transitar por el camino que conectaba el fundo con Collipulli. Luego empezaron a ser víctimas del abigeato.

Pero el día que lo cambió todo, dice González Poggini, fue el 12 de agosto de 2009. Ese día sus padres les explicaron que durante un desalojo en el campo, el cabo del GOPE Miguel Jara Muñoz le disparó por la espalda al comunero Jaime Mendoza Collío, dándole muerte. Fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada.

El comunero Jaime Mendoza Collio, asesinado en 2009.

Ese homicidio les trajo consecuencias. Además de tener que convivir con carabineros de punto fijo en su casa, dice González Poggini, su padre empezó a recibir amenazas de muerte de parte de comunidades nuevas que se fueron tomando terrenos aledaños.

-De ahí en adelante, una vez al año se trataban de tomar el campo. En abril del 2013 mis papás ya contaban 35 ataques. Ese mismo año empezaron a sentir balazos afuera de la casa -cuenta el hijo del agricultor.

El matrimonio González Poggini se contactó ese año con la entonces primera dama, Cecilia Morel. A través de una carta le expresaron su miedo más grande: terminar muertos, como el matrimonio Luchsinger-Mackay. Además, la carta indicaba el deseo del matrimonio de vender su terreno a la Conadi. Ese año, asegura el hijo, se reunieron con funcionarios de esa corporación. Les explicaron que habían enviado una carta de compromiso de venta a una comunidad indígena. Luego de eso, la Conadi podría seguir con los trámites.

Los primeros ataques físicos González Jarpa los sufrió en 2014. Un día lo amenazaron con pistolas. Por eso el agricultor empezó a tomar medidas, como disparar al aire con una escopeta de caza. El proceso de venta del campo a la Conadi también avanzaba: a finales de 2015 acreditaron la compra e ingresaron la escritura del campo. Fue la última gestión de la que sabrían en los próximos seis años.

Sólo que aún faltaban los dos golpes más duros.

Una noche de 2018 quemaron la antigua casa donde vivía la madre de González Jarpa. Ella no estaba presente. El otro episodio fue tres años después. El 25 de febrero de 2021 un grupo quemó 300 hectáreas del campo: el 75% del terreno.

Ese atentado, dice González Poggini, fue el punto de quiebre. Además de devastar la plantación de rosa mosqueta, de la cual también se beneficiaban las comunidades mapuches vecinas, derrumbó la moral de su padre.

En mayo de 2021 el matrimonio envió una carta a Tulio Matamala, en ese entonces jefe nacional de Conadi, dando a conocer su urgente deseo de vender su terreno. En el escrito se lee que “todavía no han podido realizar la compra de las tierras que tantas veces les han indicado que podrían adquirir, debido a diferentes inconvenientes burocráticos”.

En agosto de 2022, sin darse por rendidos, los González enviaron una nueva carta. Esta vez dirigida a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Querían reunirse con ella para insistir en la venta de su fundo. González Poggini dice que la respuesta fue seca.

-Respondieron que expresaban empatía por lo que le contaban, pero que iba a derivar los antecedentes a la Conadi y a la Delegación Presidencial de La Araucanía. No hubo novedades.

El problema, explican fuentes de la Conadi, es que esa institución no compra predios a privados: sólo participa de los procesos si una comunidad se interesa. Tampoco compran predios donde haya existido violencia rural.

González Poggini dice que las últimas semanas antes del ataque sus padres querían acelerar el proceso de compra del terreno que ya llevaba 10 años.

La casa de la familia González Poggini antes de ser incendiada.

Días después, el 16 de septiembre, a González Poggini lo llamó su madre contando que les habían disparado y quemado la casa. A esa altura ya habían puesto 71 denuncias en el Ministerio Público como víctimas. Hoy, dice que, a pesar del estado de excepción en la zona, no había ni militares ni carabineros cerca:

-Mis papás, ese día, estaban solos.

El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, asegura que los autores de las torturas al matrimonio son una comunidad nueva de la que no tenían registro.

-Hay dos imputados con orden de detención vigente. Son de una comunidad llamada Newen Leufu, que se instaló en una toma de terreno muy cerca de ese predio.

Lo que le llama la atención a Bustos es el origen de los miembros de esa comunidad.

-El autoproclamado werkén de esa comunidad es Cristian Donoso Muñoz. Su señora se llama Maira Pizarro Gutiérrez. Son una familia de seis personas. Son santiaguinos y no tienen ascendencia mapuche. Hacen rifas y piden plata a nombre de la comunidad.

El fiscal asegura que, además de que testigos del hecho reconocieron los pantalones militares de uno de los sujetos que atacó al matrimonio, otras cosas lo sorprenden.

-Primero: el lienzo que encontramos estaba súper mal hecho, a diferencia de los que siempre encontramos en la provincia del Malleco. Tenía una falta de ortografía. Decía libertad con “v”. También decía una palabra que nunca habíamos visto: wewaiñ. Significa “venceremos”, pero no se suele utilizar.

Bustos cree que este clan se aprovecha de una causa que no es propia.

-Estas personas están utilizando la identidad del pueblo mapuche para cometer ilícitos y ampararse en eso. Lo hacen porque es lo más fácil acá: se toman un terreno y extorsionan a víctimas a cambio de que puedan trabajar tranquilos.

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (IND), agrega que si bien el estado de excepción ayuda, “necesitamos dar un paso más, que es desarticular estas bandas. Y para eso hoy día también pueden estar disponibles, obviamente, las Fuerzas Armadas”.

Sergio González Poggini visitó, junto a sus hermanos, a sus padres en el Hospital de Angol. Ahí escucharon las torturas que sufrieron. A su padre lo encontraron y auxiliaron miembros de la comunidad mapuche vecina. Había perdido casi un litro de sangre. Según el fiscal, como el cartucho de la escopeta no alcanzó a abrirse, le entró completo. Le dejó un orificio gigante arriba de su pierna.

El matrimonio González Pioggini en su casa en el fundo San Sebastián.

Entre los cuatro hermanos decidieron cuidar a sus padres. Posiblemente se irán moviendo de casa en casa mientras resuelven qué hacer con el fundo. González Poggini, sin embargo, cree que su padre lo tiene claro.

-Me dijo que ya no le interesaba tanto el campo. Se quedaba en esa casa porque tenía sus recuerdos. Pero ahora, todo está quemado. Y sin esos recuerdos siente que le quitaron todo.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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Revisa los recintos que mantendrán suspensión de clases en la Región de Atacama

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Este martes, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que este miércoles 17 de abril tres establecimientos educacionales de la Región de Atacama mantendrán la medida de suspensión de clases, debido a los efectos de las intensas precipitaciones que se han registrado durante el fin de semana pasado.

Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) del Mineduc, de las 17.00 horas de este martes, la medida contempla un liceo de Copiapó y dos escuelas de Tierra Amarilla.

Los recintos con suspensión corresponden a dos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y un liceo particular subvencionado.

Cabe señalar que según el último reporte emitido a las 19,15 horas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en torno a la situación meteorológica de la región, 20 familias que estuvieron aisladas en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran en buenas condiciones tras la habilitación de la Ruta C-35, mientras que otras diez personas que se mantenían albergadas en la comuna de Alto del Carmen retornaron a sus hogares.

Asimismo, de las cuatro viviendas con daños en evaluación en la comuna de Alto del Carmen, tres resultaron con daño mayor y una se mantiene en evaluación, contabilizando a seis personas damnificadas, quienes fueron trasladados a Posta de Salud Rural para su evaluación médica y posteriormente a casa de familiares.

En tanto, se informó que 160 personas se mantienen sin suministro de agua potable por falla en Servicio Sanitario Rural (SSR) de Conay Alto y Malaguín, en la comuna de Alto del Carmen.

Copiapó:

Liceo Sagrado Corazón

Tierra Amarilla:

Escuela Paul Harris

Escuela Amolanas

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Las Tías: comienza histórico juicio contra banda donde la Fiscalía pide penas que suman 530 años de cárcel

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Penas que en total superan los 500 años de cárcel y 680 millones de pesos en multas contempla la solicitud de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el juicio oral que comenzó este martes contra los 13 integrantes de la organización criminal denominada Las Tías.

El juicio reviste gran relevancia para el Ministerio Público, pues se trata de la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región que se presenta acusación simultánea por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en contra de los líderes de una banda criminal.

Las Tías operaban en la ciudad de Calama y debe su nombre a su inusual estructura jerárquica, que era dirigida por dos mujeres de nacionalidad chilena que ejercían su actividad ilícita en coordinación con hijos, esposos y familiares.

La banda se dedicaba a la venta y distribución de drogas, principalmente pasta base, actividad que realizaban de manera continua en dos inmuebles deshabitados de Calama, los cuales habían sido “tomados” por la agrupación, aprovechando que sus legítimos propietarios habían fallecido.

“Se trataba de una organización altamente jerarquizada, que era dirigida por ambas mujeres, apodadas Las Tías, quienes se encargaban de contactar a los proveedores de droga, repartirla entre sus mandos medios y, en general, tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Castro Bekios, que estuvo a cargo de dicha investigación, que se extendió por casi tres años y donde participaron OS7 de Carabineros Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, explicó que la pesquisa comenzó en 2019 con distintas diligencias que permitieron ir conociendo la forma de actuar del grupo e identificar a sus integrantes y los roles que cada uno jugaba en la organización.

Según la investigación, la venta de droga se realizaba a través de los denominados “soldados” o “pilotos”, que iban siendo constantemente intercambiados y reemplazados, mientras que otros miembros se dedican a trasladar la droga desde lugares de acopio a los domicilios para dar continuidad a la venta del producto.

La particularidad que tenía esta asociación ilícita, añadió el fiscal regional, es que llevaba varios años dedicándose ininterrumpidamente al tráfico de drogas en Calama y pese a los constantes esfuerzos de las policías, no había sido posible desarticularla.

“Los domicilios (donde se vendía la droga) habían sido allanados varias veces, pero solo se había logrado detener a quienes cumplían el rol de vendedores. Por eso, esta investigación lo que hizo fue reconstruir toda la orgánica de la asociación ilícita para que, en definitiva, se pudiera acreditar la participación de los demás miembros, desde sus líderes y mandos medios hasta los vendedores”, detalló el fiscal.

El Ministerio Público acusó en septiembre del año pasado a los 13 integrantes de la banda, solicitando para ellos diversas penas que en total suman alrededor de 530 años de cárcel, incluyendo penas de presidio perpetuo para los líderes de la estructura.

Atendida la complejidad de la investigación y la gran cantidad de pruebas que se deben rendir, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, compuesta por los jueces Patricia Alvarado, Israel Fuentes y José Luis Ayala programó audiencias diarias hasta el mes de junio, sin acceso a público por capacidad del tribunal.

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