El número de mujeres en los directorios de las empresas y en los sindicatos ha ido en aumento en los últimos años, y los puestos que tradicionalmente estaban ocupados por hombres ahora están ocupados por mujeres. Aunque la cifra sigue estando por debajo de la masculina, hay proyectos en marcha para que la presencia femenina aumente en nuestro país.

Rosario Navarro se convirtió esta semana en la primera mujer en presidir la Sofofa. En 140 años de historia, un hombre siempre había ocupado ese rol, por lo que su llegada es un giro relevante en la instancia empresarial. Lo mismo sucedió en 2021 en la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa Vial llegó a dirigir el gremio, y en más de un siglo se convirtió en la primera mujer en guiar los destinos del gremio. Reemplazó a Peter Hill, quien había estado en ese puesto durante 17 años.

Verónica Contreras también marcó un hito. En octubre del año pasado pasó a presidir Conapyme, el sindicato de las pequeñas y medianas empresas, y este año le tocó liderar las negociaciones para el aumento del salario mínimo aprobado en el Congreso. “Las mujeres en puestos que tradicionalmente son ocupados por hombres, tienen mucho que aportar, no solo en relación a cada profesión, servicio o cargo, sino también en poner esa nota especial y tan necesaria para las buenas relaciones humanas: la empatía, el sentimiento y el compromiso” , le dijo a Pulse.

Y Fedetur también asumió la jefatura de una mujer en agosto de 2018. Helen Kouyomdjian afirma que su experiencia ha sido enriquecedora, porque es “una industria que ha incorporado dinámicamente a las mujeres en diferentes ámbitos y roles, incluido el sindical”. Otro caso es el de Karen Thal, quien llegó en reemplazo de Lorenzo Gazmuri en la presidencia de Icare. Fue elegida el año pasado y asumió el cargo el 1 de enero de 2023. Es la primera mujer en ese cargo. Tras ser nombrada, dijo que era un orgullo y una responsabilidad.

A pesar de estos avances donde paulatinamente las mujeres han llegado a liderar importantes gremios empresariales, aún queda mucho trabajo por delante. El sindicato empresarial más importante, el CPC, sigue siendo encabezado por hombres. Por supuesto, hoy hay un vicepresidente. Susana Jiménez, quien fuera ministra de Energía, del segundo gobierno de Sebastián Piñera a mediados de diciembre de 2022, fue elegida para el cargo junto a Ricardo Mewes. Se muestra optimista con la llegada de la mujer a varios oficios y afirma que es una tendencia que llegó para quedarse. En todo caso, hay desafíos en el camino, y en ocasiones el hecho de tener que conciliar las responsabilidades del rol sindical con la vida familiar puede ser un tema complejo. Así lo refleja al menos el timonel de Conapyme.

“Es más difícil para nosotras sí, porque nuestros sentimientos son quizás diferentes a los de los hombres, queremos realizarnos profesionalmente o en el trabajo y también queremos ser madres o abuelas dedicadas, básicamente todo lo que hacemos lo queremos hacer bien. y eso cuesta”, dijo. .

Este miércoles 31 de mayo, a los 48 años, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Sofofa. La hija de Andrés Navarro y Sonia Betteley llevaba seis años en el sindicato que ahora preside. En diciembre del año pasado ya había decidido dar el paso. Agregó a su lista al gerente general de Vapores, Óscar Hasbún, y también al director de la embotelladora Andina, Gonzalo Said. Estudió dos años la Licenciatura en Humanidades en la Universidad Católica. Ella y dos años más de Licenciatura en Historia para luego pasar a Estética, para lo cual requería un título académico previo. En 2013 ingresó al directorio de Sonda, empresa fundada por su padre, y fue durante años la directora más joven de la IPS. Es una defensora de las cuotas de género en los directorios. Ese mismo año se incorporó a Fundación Chile. Desde 2020 forma parte del directorio de Lipigas e integra el directorio de ACTI.

A sus 47 años, el abogado asumió el 1 de junio como presidente de la Asociación de Supermercados de Chile, en reemplazo de la economista Catalina Mertz. El sindicato que representa a varios actores de la industria con más de 1.350 tiendas y 150.000 trabajadores seguirá en manos de una mujer. También licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue Subsecretaria de Bienestar Social y ex Ministra de Trabajo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Es muy interesante ver cómo cada vez más mujeres se incorporan a los espacios públicos y aportan nuevas miradas que enriquecen lo que se estaba haciendo”, dijo a Pulso. Y agregó que “el desarrollo de la sociedad en su conjunto es mucho más rico y profundo cuando participan personas con realidades e intereses diversos”.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo, asumió en octubre pasado como presidente nacional de Conapyme. Hoy la microempresaria es la primera mujer en ocupar este cargo, y negoció para las pymes el aumento salarial aprobado en el Congreso. “Las mujeres en cargos tradicionalmente ocupados por hombres, tienen mucho que aportar, no solo en relación a cada profesión, servicio o cargo, sino también en poner esa nota especial y tan necesaria para las buenas relaciones humanas”, indicó. “Es más difícil para nosotras sí, porque nuestros sentimientos son quizás diferentes a los de los hombres, queremos realizarnos profesionalmente o en el trabajo y también queremos ser madres o abuelas dedicadas, básicamente todo lo que hacemos lo queremos hacer bien. y eso cuesta”.

El ingeniero comercial y director de empresas de 53 años fue desde el 11 de marzo de 2018 hasta el 13 de junio de 2019, Ministro de Energía para el segundo mandato de Sebastián Piñera. Fue la primera mujer en llegar a liderar dicha cartera. Tras dejar el ministerio, fue nombrada directora de BancoEstado y en mayo de 2020 asumió como vicepresidenta de la Sofofa. A mediados de diciembre del año pasado, el consejo nacional del CPC la eligió como vicepresidenta del gremio empresarial junto al timonel Ricardo Mewes. “En CPC ya hemos realizado varias actividades con mujeres que participan en diferentes gremios sectoriales, y se respira entusiasmo, trabajo colectivo y preocupación por temas más amplios. Una tendencia que afortunadamente ha venido para quedarse”, dijo Jiménez.

El abogado y director de empresa, de 51 años, fue subsecretario de Economía entre el 11 de marzo de 2014 y el 4 de enero de 2016, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando Luis Felipe Céspedes era ministro de cartera. Ha tenido así experiencia tanto en el sector público como en el mundo privado. A mediados de 2016 asumió como gerente de asuntos corporativos de CGE, cargo que ocupó por poco más de un año. Desde noviembre de 2017 ocupa el cargo de presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Antes estuvo en ese cargo Manuel Melero, quien luego llegó a ser presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El gremio, que fue fundado en 2008, representa a los principales actores de este sector en el país, como Parque Arauco y Cencosud.

El dirigente gremial es Máster en Dirección y Gestión Turística por la Universidad Carlos III de Madrid. También es directora de la Corporación Regional de Turismo de la Región Metropolitana. Tiene 53 años y asumió en Fedetur en agosto de 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Dice que su experiencia ha sido muy enriquecedora, porque es “una industria que ha incorporado dinámicamente a la mujer en diferentes campos y roles, incluido el sindical”. Además, ve con muy buenos ojos el hecho de que cada vez haya más mujeres al frente de los sindicatos, ya que dice que “me parece muy positivo, porque ha permitido incorporar un enfoque y una mirada femenina que contribuye a fortalecer la importante labor del gremio en las diferentes áreas de la economía.

La ingeniera civil de 46 años fue exministra de la Mujer y subsecretaria de Servicios Sociales en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Fue presidenta de la empresa portuaria de Arica y en 2021 fue designada como presidenta del Sistema de Empresas Públicas (SEP). El 1 de diciembre del año pasado asumió como directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Llegó a ese puesto reemplazando a Joanna Davidovich. La exsecretaria de Estado indica que este desafío la conectó con su infancia ya que vivió casi 14 años en Coyhaique. Llegó a liderar el sindicato no solo con su experiencia empresarial, sino también con sus profundas raíces en el servicio público, donde tiene una amplia experiencia. A su juicio, “la mayor presencia de mujeres en los sindicatos está en consonancia con una mayor presencia femenina en juntas directivas y cargos directivos”.

El economista de la Universidad Católica de Chile asumió el 1 de marzo de este año, como presidente de la Asociación AFP, en reemplazo de Alejandra Cox. El reto que tiene es relevante, ya que el gobierno impulsa una reforma previsional. Tiene 46 años y una amplia experiencia laboral en el mundo financiero. Trabajó en BBVA y también en Compass Group, durante el tiempo que estuvo en Nueva York. En abril de 2021 fue nombrada directora de la Bolsa Electrónica de Chile y se convirtió en la primera mujer en 32 años en llegar a esa instancia. En octubre de ese mismo año asumió como gerente de la división de Mercados Financieros del Banco Central de Chile, cuando el presidente del órgano de gobierno era Mario Marcel, cargo que ocupó hasta noviembre del año pasado.

A sus 49 años, el profesor de tecnología y emprendedor pyme lidera Unapyme. Su complicidad con el papel higiénico la llevó a interesarse en los gremios. Explica que su familia le enseñó a interesarse por el bien común. Se declara feminista y ha promovido la presencia de la mujer en diferentes espacios. Lideró las negociaciones de SME sobre el salario mínimo que obtuvieron luz verde el 29 de mayo. “He tenido grandes compañeros de equipo y han estado aprendiendo de mi forma. No me gustaría que otras mujeres no se animaran a sumarse a estos espacios, dijo la dirigente. Da charlas de emprendimiento, para que otras mujeres se motiven. Dice que no es tan fácil emprender, ya que muchas mujeres que emprenden ganan el salario mínimo. Como reto, quiere que las pymes jueguen un papel cada vez más relevante.

La estadounidense de 65 años llegó a nuestro país en 1982. A mediados de mayo fue elegida presidenta de Endeavour y es la primera mujer en ocupar el cargo. Reemplazó a Christoph Schiess. Es egresada de la Universidad de Georgetown en Washington, USA, participó en la formación de Endeavor Chile en 1998, fue presidenta del Consejo Asesor y forma parte del directorio desde 2020. También es Principal de Asesorías KCB Ltda, empresa enfocada en la promoción de la actividad comercial entre Chile y EE.UU. A esto se suma su rol como Directora de AmCham Chile, además de ser directora de empresas y organizaciones. “Es un honor y un gran desafío liderar Endeavor, una organización que este año cumple 25 años y que ha jugado un papel muy importante en la promoción del ecosistema emprendedor en Chile”, dijo.

En julio de 2021, la abogada (49) de la Universidad Católica de Chile se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), mientras que el número de directoras ha aumentado en los últimos años en dicho gremio. . Reemplazó a Peter Hill, quien dirigió la entidad durante 17 años, y continuó como expresidente. Vial cuenta con una Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de los Andes y un diplomado en Construcción de la Universidad de Los Andes, y otro en Negociación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha sido directora de empresas, por lo que tiene experiencia en el ramo. Como dato anecdótico dentro de su historia, su bisabuelo fue el primer presidente de la cámara, hace más de un siglo (1919).

La psicóloga de la Universidad Católica es presidenta de Cadem, desde marzo de este año. Ingresó a la encuestadora poco después de graduarse en 1992, y ha ocupado diversos cargos en la empresa, que hoy se destaca por sus encuestas de opinión pública. A partir del 1 de enero preside Icare en sustitución de Lorenzo Gazmuri y es la primera mujer en el cargo. En diciembre del año pasado, cuando fue elegida para dirigir el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, dijo que el nombramiento es un motivo de orgullo y responsabilidad, pero lo vio como un paso natural dado que Icare venía impulsando la incorporación de mujeres a la gobernabilidad. Antes de llegar a su cargo, había ocupado varios cargos en Icare. Explicó además que uno de sus focos sería conectar a la empresa con la sociedad.

A siete meses del dictamen que puso en jaque a las isapres y luego de la solicitud de una prórroga de seis meses para su cumplimiento, la presentación de un proyecto de “ley corta” patrocinada por el gobierno y una reforma constitucional -presentada por cinco senadores-, por primera vez una de sus autoras, la ministra Ángela Vivanco, explica los alcances del fallo que, según las estimaciones de la Superintendencia de Salud, obligaría a las aseguradoras a devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados. Vivanco no habla hoy como vocera del máximo tribunal, sino como presidenta (S) de la sala que ve asuntos constitucionales y que desde hace semanas está en el centro de la polémica.

Para partir, ¿por qué la Tercera Sala decide una postura común frente a las alegaciones de afiliados por la aplicación de la tabla de factores y la consecutiva devolución de cobros en exceso por parte de las isapres y no resolver “caso a caso”?

Bueno, es importante decir que no es primera vez que la sala decidió hacer una audiencia con todas las isapres, en que todas ellas tuvieran la oportunidad de alegar respecto de los numerosos recursos de protección que tenían en contra, en esta oportunidad respecto de la tabla de factores, el factor hijo y el tema de cuántos planes se cobran respecto de las personas. Se han hecho audiencias anteriores sobre GES, sobre alza de planes y va a haber una audiencia posterior sobre el GES en junio. Entonces, ¿qué se hace en esta audiencia? Se elige una causa de ejemplo por cada isapre y todas alegan exponiendo cuáles son sus fundamentos respecto de lo que se les está reclamando. Una vez hecha esa audiencia, se delibera y se toma una decisión, y eso aplica a todas las causas, porque evita la judicialización y evita tener diferencias, o que en algunos casos el resultado sea A y en otros B.

Claro, pero hay quienes alegan que en Chile no existe la jurisprudencia, sino que se falla caso a caso. ¿Por qué aquí no?

El objeto es estandarizar la decisión y dar seguridad y certeza jurídica para todos: para los que reclaman y también para las isapres. Después que se dictó ese fallo, sobre la base que estoy explicando, vino un período que fue de seis meses en que nosotros estábamos a la espera de qué iba a suceder con el cumplimiento. Y pasó bastante tiempo en que no hubo mayores novedades. Posteriormente, en enero, se nos hizo una consulta de la Superintendencia respecto de algunos puntos que querían clarificar del fallo. Y nosotros los clarificamos y esa es una resolución complementaria del fallo, para que se entienda mejor. Posteriormente, supimos que se había presentado el famoso proyecto de “ley corta”, del que no teníamos ningún antecedente previo, y luego hubo una solicitud de la Superintendencia en que la resolución fue concederles los seis meses de aumento de plazo. Ahora, nosotros no habíamos dispuesto dictar ninguna ley, ya que eso es una actividad absolutamente privativa de los colegisladores.

Se habla del quiebre de la industria, de millonarias devoluciones de excesos, ¿eso estaba entre los antecedentes que tuvieron a la vista a la hora de fallar?

No. Nosotros en esa resolución dijimos que no teníamos ningún conocimiento de los cálculos y de los estudios asociados con el cumplimiento del fallo que se han hecho, ya sea por parte de la Superintendencia o de las isapres, porque nunca se nos ha consultado tampoco sobre esta materia. Eso es, en síntesis, la historia y ahora estamos viviendo un segundo período de seis meses a la espera del cumplimiento. Mire, en 10 años nadie dijo nada; el Tribunal Constitucional, hace una década, tomó una decisión de inconstitucionalidad, es decir, una resolución en que decide retirar parte de una norma del ordenamiento jurídico, es decir, no aplica sólo a un caso, sino que aplica a la generalidad. Y ese fallo era respecto del artículo 38 ter de la Ley de Isapres. El TC consideró que parte de ese artículo es inconstitucional, porque establece tablas de factores basadas en edad y sexo. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pasar por alto ese pronunciamiento?

¿La aplicación de la tabla de factores era discriminatoria?

Exacto, considerándolo que era discriminatorio, porque las personas cuando llegaban a mayores se les cobraba más, siendo que naturalmente la posibilidad de enfermedad crece y los recursos son menores. Y a las mujeres se les cobraba por el solo hecho de ser mujeres desde la edad fértil y hasta que se estima termina en la edad fértil, más por la eventualidad de que tienen hijos. Eso se consideró que era discriminatorio y, en consecuencia, el TC, en una larga sentencia, con una gran fundamentación sobre el tema, dijo que era inconstitucional.

¿Qué paso después?

Luego de eso vino un largo proceso en que se intentó legislar sobre el tema, pero no funcionó y fue generando otras sentencias del TC. También se agregaron algunos problemas nuevos, como la problemática del factor hijo, es decir, si se les puede cobrar un factor determinado a los niños desde que nacen hasta los dos años.

A eso se sumaba si el plan de salud se le cobra a cada familia o grupo, o se le cobra a cada persona. Todo eso se juntó en esa audiencia que le explicaba y, en definitiva, se estableció que es un plan por familia y que los factores son individuales. Que el factor hijo no se aplica porque esos niños lactantes ya están cubiertos por el GES, que se paga obligatoriamente.

Pero a diferencia del ministro Sergio Muñoz, que estaba por eliminar la tabla de factores, ustedes la mantuvieron…

Sí, pero la única tabla de los factores que se podía tomar como referencia era la de la Superintendencia, que entró en vigencia hace dos años, y se tuvo como marco para decir ‘ajuste los planes a esa tabla’. Se buscó el estándar de la propia Superintendencia, no lo fijamos nosotros.

Hay cálculos de la aplicación del fallo en que se incluye a todos los afiliados, incluso a aquellos que nunca han recurrido a tribunales. ¿Es esa la interpretación correcta de la sentencia?

Nosotros cuando dimos la prórroga de plazo fuimos claros en decir que nunca se nos habían presentado esos estudios, cuál era el universo sobre el cual se calcularon y cómo se calculó, eso jamás se nos presentó. Ni tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres. Nunca se nos ha dicho ‘mire, esta es nuestra forma de cálculo sobre lo que usted dijo’. Es decir, no conocemos cuáles son los cálculos que la Superintendencia ha hecho y sobre qué universo.

¿Entonces, los excesos sólo se les deben devolver a quienes alguna vez los reclamaron ante tribunales y no a todos los afiliados?

Justamente, porque al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados, y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación.

Entonces, quienes plantean el fin de las aseguradoras de salud privada estarían exagerando, ya que no es un fallo universal sino solo afectaría a quienes hayan acudido a tribunales.

Por eso también es un poco absurdo cuando se dice es que ‘ustedes no se han dado cuenta de los costos que esto significa’. Por supuesto que no nos hemos dado cuenta, pero son los incumbentes los que tendrían que hacernos presentes los costos que esto significa y hasta qué punto esos costos se avienen o no con nuestro fallo. Nosotros no podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no nos corresponde.

Analistas y también columnistas han dicho que excedieron la ley, que en Chile se falla en el caso a caso y no como ustedes lo hicieron, agrupando recursos.

En primer término, nosotros somos un sistema que está marcado por la ley, no somos un sistema common law que funciona solamente por el precedente judicial, pero eso no significa que la Corte Suprema no tenga una función que es muy importante de unificar, es decir, de establecer una transversalidad jurisprudencial sobre temas que en los tribunales de la instancia o las cortes de apelaciones pueden tener tratamientos distintos.

¿Una Suprema que ordene la doctrina en ciertas materias?

Lo que hay que procurar y buscar en la Corte Suprema es un tratamiento que indique que hay una uniformidad. ¿Por qué razón? Porque la problemática es la misma. Es distinto, por ejemplo, en los casos penales, donde la problemática es absolutamente independiente en cada uno de los afectados, incluso en una misma causa. Cuando usted tiene una situación de prestaciones en que hay una discusión importante sobre qué es lo que se puede cobrar o no, o qué criterios se pueden usar o no, esa decisión permite una cierta estandarización que busca que haya certeza y seguridad. Sin embargo, otras materias que tienen que ver con salud no admiten ese tratamiento colectivo y, en consecuencia, se tratan unitariamente.

Se les ha tildado de “activistas judiciales”, de ir más allá de la ley. ¿Qué responde?

Me gustaría dividir en dos partes mi respuesta. Esta es a título personal. Siempre he sido muy proclive a la libertad de expresión y eso incluye, por supuesto, la crítica a los fallos, a los actos de autoridad o a las autoridades mismas. La crítica es parte de la vida de una persona que ostenta funciones públicas, y como jueces recibimos constantemente críticas por nuestros fallos, porque muchas veces hay perdedores y ganadores. Frente a eso, jamás nos victimizamos ni nos ofendemos, ni tampoco las críticas generan que los jueces fallen de una manera o de otra.

¿Y la segunda parte?

Dicho eso, creo que hay un tema que va más allá de la crítica y que es peligroso. Tiene que ver con las personas, cualquiera sean, que consideran que parte de la crítica es desacreditar, ofender, insultar a los jueces, a título personal, con nombre y apellido. O que creen que ellos son los llamados a determinar si los fallos se deben cumplir o no. Y esa parte a mí me resulta especialmente preocupante. En un Estado de Derecho las personas que ejercen potestades públicas están sujetas al escrutinio público y a la crítica, pero no deben estar sujetas al amedrentamiento, al insulto.

¿Se han sentido hostigados, amenazados?

Cuando hay comentarios de esa naturaleza no es que uno se sienta amenazado, pero claro que el objetivo es hostigar, acosar, molestar. Entonces, creo yo que esa segunda variante, a mí me parece muy negativa. No es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se llame a no cumplir fallos judiciales cuando molestan. Me parece muy grave y esto lo digo tanto si hay que cumplir un fallo judicial respecto de llevar presa a una persona, como cumplir un fallo judicial respecto de una industria que pague un excedente o que se respete la normativa medioambiental.

Pero se entiende que es un fallo complejo, que genera reacciones…

Sí, pero como le digo, no tiene que ver con que los jueces quieren estar en un pedestal o que quieran ser intocables ni mucho menos. Sabemos que estamos sujetos a la crítica y al escrutinio, pero distinto es que la situación se salga de marco. Me preocupa que a los tribunales se los trate de esa manera y particularmente se trate de los jueces con nombre y apellido de esa forma.

Han inspirado varias columnas y están en el centro de la polémica…

Nosotros tenemos el mayor respeto por el cumplimiento de la Constitución, y la Constitución contempla a esta fecha la provisión mixta de los servicios, y esto ocurre en educación, previsión social, salud, etcétera. No tenemos ninguna animadversión ni tampoco tenemos una simpatía especial por ninguna industria que signifique que vamos a fallar a su favor o en contra y todo lo que hemos hecho es analizar los antecedentes jurídicos que se nos exponen, hacernos cargo de una situación de judicialización extrema. La exacerbación del tema ha llevado a algunas irracionalidades, pero yo creo que estas hay que dejarlas como tales, mirarlas en este contexto y procurar seguir adelante, porque el país merece que haya más serenidad y una discusión respetuosa respecto de la actividad de los tribunales. Porque nosotros, finalmente, somos la línea de fuego cuando se trata de proteger los derechos de las personas.

Mucho les dicen que son activistas judiciales. ¿Se considera activista o algún miembro de su sala lo es? ¿Le molesta que la llamen así?

No, en absoluto. El activismo judicial es una manera de mirar a los jueces que tiene que ver con el primer punto, el de las críticas válidas. Ahora, yo no comparto que estemos invadiendo funciones de otros poderes. Es lo que sucedió, por ejemplo, el otro día con uno de los proyectos de ley, justamente sobre el tema de las isapres, en que dijimos que no es competencia nuestra pronunciarnos sobre esto. No estamos afanados en ocupar espacios que les corresponden a otros poderes, pero hay que recordar que hay una serie de temas que tienen que ver con las garantías constitucionales, que son temas que exigen inexcusabilidad. En otras palabras, si una persona viene a la corte a pedir cautelar sus derechos porque están siendo vulnerados, tenemos que hacerlos valer. No le podemos decir, ‘oiga, qué mala suerte tiene usted, pero vamos a esperar que haya políticas públicas que le solucionan el problema’.

Y cuando una industria dice que a propósito de su fallo van a quebrar, ¿se consideran los verdugos del sistema de aseguradoras de salud privadas?

Yo creo que las industrias tienen todo el derecho a hacer presentes las inquietudes que tengan y las problemáticas que tengan, pero esa problemática también es un tema de quienes hacen las políticas públicas y de la autoridad. En otras palabras, si las isapres o cualquier industria, da lo mismo, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho a expresarlo así y la autoridad sectorial tendrá que así considerarlo, porque este fallo jamás ha pretendido que deje de existir la salud privada. Si la salud privada dejara de existir, no va a ser por intermedio ni por disposición de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales. En definitiva, no somos los verdugos ni de ellos ni de nadie. Es más, quienes cuestionan que hacemos políticas públicas a través de los fallos le rectificaría: las aseguradoras de salud privada nada tienen que ver con políticas públicas. Ahora, si alguien quiere aclarar algo, aún está vigente el plazo en que la Corte Suprema puede intervenir. Pasada la prórroga ya no habrá nada más que dictar el cúmplase del fallo, y quien no acate tendrá las sanciones que la ley contempla.

O sea, todavía quedan posibilidades de que se soliciten consultas también del extensivo que puede ser. Ejemplo, el tema de las devoluciones.

Por supuesto, porque mientras no entre el fallo en etapa de cumplimiento, todavía mantenemos esa facultad como Corte Suprema, porque está viva esa instancia. Cuando vas a etapa de cumplimiento, se vence en la fecha, ahí ya nosotros no vamos a tener ninguna competencia, salvo que algo viniera por la vía recursiva y tendrá que dirigirse a las cortes de apelaciones respectivas. D

Era la mañana del 12 de julio de 2014 cuando Mauricio Vásquez Ríos, en ese entonces de 23 años, iba manejando un automóvil por calle Salesianos casi al llegar a Av. Santa Rosa, en la comuna de San Miguel. Todo iba en orden hasta que, en un control, Carabineros encontró un pequeño frasco de vidrio con marihuana al interior de su auto.

Los funcionarios siguieron el procedimiento, revisando a fondo el maletero del vehículo. Curiosamente, no encontraron más droga, pero sí dos cajas de cartón que en su interior contenían 50 copias del libro La Asombrosa Historia del Espejo Roto, de la escritora chilena Francisca Solar, texto infantil que narra la historia de un duende que usa el engaño y la mentira para poder casarse con la hija del rey duende.

Justo en ese momento, desde un portón metálico de la misma cuadra salió un hombre al que Mauricio Vásquez identificó como quien le había vendido los libros. Esto encendió una alarma en los policías, quienes decidieron entrar a lo que era un galpón, encontrando 850 libros pirateados de distintos títulos, 18.614 tapas de libros, una guillotina y cuatro impresoras. Se trataba de una imprenta clandestina en la que se habían fabricado los libros que estaban en el auto de Vásquez.

“En dicha imprenta realizo trabajos a pedido, los cuales consisten en la copia de libros originales de diferentes autores a don Mauricio Vásquez Ríos (…) El trato consistía en que yo colocaba la mano de obra y Vásquez Ríos colocaba todo el material, entre los cuales estaban el papel, las tapas de los libros, los ejemplares originales que quería copiar, tintas, cartón y planchas offset”, relató a la policía Óscar Grandón, el encargado de la imprenta.

Vásquez también confesó y dio detalles de cómo operaba el negocio. “Desde hace dos meses me dedico a la comercialización de libros piratas en el local comercial de mi padre, sin que él lo supiera. El local se ubica en calle San Diego, frente al número 27″. Además, dijo que por cada libro pagaba “un valor que fluctúa entre los $ 800 a $ 1.200 por ejemplar, eso depende del grosor del libro”.

El hecho, que le significó a Mauricio Vásquez portar una tobillera electrónica durante 61 días para cumplir con una pena de reclusión domiciliaria nocturna, se convertiría en el germen de una historia que se aleja de los estereotipos de la literatura y el mundo intelectual. Una historia de dos hermanos en la que se entremezclan la violencia, los autos de lujo y la incautación de más de 190 mil textos pirateados en marzo del año pasado, la mayor cantidad decomisada en la historia del país y un reflejo de cómo funciona la industria de los libros falsificados en Chile.

“Vale $ 8 mil. Es caro ese libro, el original cuesta como 30 lucas”, responde la vendedora de uno de los quioscos de libros de calle San Diego, en la comuna de Santiago, cuando le preguntan por el valor de Hábitos Atómicos, un bestseller escrito por el norteamericano James Clear. En la pequeña cuadra que va desde la Alameda hasta Alonso de Ovalle, donde conviven cerca de 20 librerías, pareciera que rigen otras leyes.

“¿Pero está bueno? Porque antes he comprado y las páginas vienen medio borrosas”, le pregunta un hombre a la vendedora. “Véalo, si quiere se lo abro”, le responde la mujer, al tiempo que rompe el plástico transparente que envuelve ese y las decenas de títulos falsificados que se ofrecen al público. Entre ellos abundan novelas juveniles, textos de autoayuda y guías para superar todo tipo de enfermedades y males.

Al centro de la cuadra, los locales 23 y 27 buscan llamar la atención de los clientes. “Libros a $ 3 mil, 100% originales”, se lee en carteles rojos sobre unos mesones en la entrada de “Megalibros” y “Ríos de Chile”, tiendas contiguas que pertenecen a Manuel Vásquez Ríos (39), hermano mayor de Mauricio (33), el hombre que en 2014 confesó que se dedicaba a la venta de textos pirateados.

Sobre los mesones se ofrecen novelas de Roberto Ampuero, cuentos de Horacio Quiroga y biografías de Rubén Darío. Todos parecen ser libros originales, que según los vendedores se consiguen como saldos que son rematados por las editoriales. “No son vendedores de libros, son vendedores de descuentos”, reclama un antiguo librero del sector contra los Vásquez.

Pero el panorama no era el mismo hasta antes del 22 de marzo de 2022. “Una denuncia anónima nos indicó que en algunos locales comerciales de la calle San Diego se estarían ofreciendo al público libros falsificados mezclados con libros originales”, relata el subprefecto Cristián Ramírez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI.

Los policías lograron dar con los propietarios de los locales y “con las vigilancias pudimos ver de dónde extraían los libros que generalmente eran distribuidos a los mismos locales de San Diego”, asegura Ramírez. Por ello, la Bridepi allanó de manera simultánea cinco lugares vinculados a los hermanos Vásquez Ríos.

Entre ellos estaban “Megalibros” y “Ríos de Chile”. En este último encontraron 1.177 libros pirateados y, según antecedentes de la investigación a los que tuvo acceso La Tercera, Manuel Vásquez Ríos “reconoció expresamente que se trataba de libros falsificados”, por lo que fue detenido.

Una cuadra más al sur, en una galería de calle San Diego 199, los efectivos también entraron al local 6, llamado “Magno Libros”, perteneciente a Mauricio Vásquez, el menor de los hermanos. Allí, la PDI descubrió 35.535 libros falsificados, 880 pliegos de papel impreso y 654 tapas de libros.

Pero donde la sorpresa fue aún mayor, fue en el recinto de “Aki KB”, de Nataniel Cox con Alonso de Ovalle. Tal como ocurrió el año 2014 en San Miguel, esta vez el mismo Mauricio Vásquez instaló una imprenta clandestina al interior de tres bodegas que mantenía arrendadas. “En su interior efectuaban todo el proceso de la elaboración de los libros: la impresión, los cortes, el empaste y la encuadernación”, cuenta Ramírez, jefe de la Bridepi.

Allí se encontraron siete máquinas fotocopiadoras, más de 460 mil hojas impresas, más de 170 mil tapas impresas y miles de libros pirateados, perfectamente ordenados por categoría y títulos. Mauricio Vásquez también fue detenido.

El hallazgo fue de tal magnitud, que superó la capacidad, tanto de la PDI como de las editoriales, para almacenar los libros. Por ello, tuvieron que recurrir a la Estación Mapocho, lugar icónico de la Feria del Libro de Santiago, para guardar los textos falsos. Tras ocho días de trabajo, los policías llegaron al número final: 193.523 libros falsificados, los que vendidos en el mercado negro tendrían un valor de $ 2.041.000.000.

Los “hermanos Vásquez” son viejos conocidos de la “zona de los libros” en calle San Diego, a tan sólo una cuadra del Palacio de La Moneda. Sin ir más lejos, heredaron el oficio de parte de su padre, quien también tenía una tienda en el sector. Algunos de los libreros que allí trabajan aseguran que Manuel y Mauricio son conocidos por su fanatismo por Colo-Colo, por los tatuajes y por los autos de lujo. Las mismas personas dan como ejemplo el Ford Mustang GT de más de $ 35 millones y la Ford Explorer de casi $ 50 millones que maneja Manuel, mientras que a Mauricio se le ve llegar al sector en una camioneta Chevrolet Blazer RS de casi $ 40 millones, la misma que muestra orgulloso en sus redes sociales.

Pero, al mismo tiempo, los vendedores de la zona piden reserva de sus nombres al hablar sobre los hermanos, particularmente sobre Mauricio, el menor. Y justifican ese miedo con lo ocurrido la noche del 31 de enero de 2017, a tres cuadras, en la esquina de Alonso de Ovalle con Londres.

Ese día, un peatón que iba caminando en dirección al oriente escupió hacia la calle, dando de lleno en el vehículo que manejaba Mauricio Vásquez. Las cámaras de seguridad del sector registraron cómo Vásquez se bajó de su auto y, según consta en la sentencia judicial, agredió al peatón “con golpes de puño y pie en diferentes partes del cuerpo, golpes que en su mayoría recibe en el rostro, resultando la víctima con lesiones consistentes en estallido ocular izquierdo de carácter grave”.

Por ello, en noviembre de 2018 Mauricio fue condenado como autor del delito de lesiones graves a 61 días de presidio, pena que fue conmutada por la prestación de trabajos en servicio de la comunidad durante 81 horas en una residencia del Hogar de Cristo. Pero la agresión no se trató de un hecho aislado y es parte de una serie de actos violentos que han manchado la hoja de vida del menor de los hermanos libreros.

Entre ellas se cuentan otra condena de 61 días de pena remitida por portar el año 2010, en estado de ebriedad, una escopeta de doble cañón con 15 cartuchos en las calles de Lo Prado; una pena de 41 días por amenazar de muerte y golpear con un palo a su expareja y a otras tres personas que llegaron en su auxilio el año 2014, y una multa de 1 UTM por agredir a un hombre y a una mujer afuera de las librerías de su hermano, en calle San Diego, en 2022. El último de sus delitos lo cometió el 8 de febrero pasado, al golpear a dos carabineros, por lo que hoy está siendo investigado y con prohibición de acercarse a la Primera Comisaría de Santiago.

Pese a que el 2019 fue formalizado por lesiones menos graves en contra de una mujer, Manuel, el mayor de los hermanos, ha cultivado un perfil mucho más serio y empresarial. Tanto así, que llegó a ser parte del directorio de la Cámara Chilena del Libro, la asociación gremial más antigua del rubro y que todos los años organiza la Feria del Libro de Santiago (Filsa). Pero tras ser detenido por tener libros falsos en una de sus tiendas, todo cambió.

“Después de eso citamos a una reunión a Manuel Vásquez. Él hizo descargos, dijo que no tenía responsabilidad en esto, pero que estaba agobiado por el daño que le estaba provocando a la Cámara y que entendía que lo mejor era renunciar”, cuenta Eduardo Castillo, actual presidente del gremio.

Castillo asegura que no tenían ningún antecedente de que Vásquez estuviera vendiendo libros pirateados. Y aunque no puede descartar que el mayor de los hermanos haya ofrecido al público libros falsos en las distintas versiones de la Filsa en las que participó, Castillo dice que “nosotros tenemos una vigilancia muy grande, que incluye contratos con una cláusula específica que prohíbe a los expositores la comercialización de cualquier libro falsificado o robado”.

Parte del poder acumulado por Manuel Vásquez se refleja en un dato: tras el operativo de la PDI de marzo de 2022, llegó hasta las oficinas de Carey Abogados, el estudio legal más grande y uno de los más costosos de Chile, pidiendo contratar un abogado. Pero en el lugar le indicaron que no podían prestarle servicios en la causa.

En su rol como empresario del libro, Manuel Vásquez también se ha codeado con distintos escritores. Uno de ellos es el también exconvencional constituyente Jorge Baradit, con quien aparece en fotografías mostrando el bestseller La Historia Secreta de Chile, saga que ha vendido más de 400.000 unidades. Cientos de ejemplares de ese libro se encontraron entre los 193.000 textos pirateados que fueron incautados a ambos hermanos en marzo del 2022.

“Yo creo que la presencia de Manuel Vásquez en la piratería de libros comprueba la tesis que hemos sostenido hace mucho tiempo, que es que la piratería de libros no es alguien tratando de llevar cultura a las personas a bajo precio”, asegura Baradit. “Son narcos de la cultura que se van de vacaciones a Miami, tienen sus camionetas 4×4 estafando a la gente, vendiéndoles un producto por el que ellos no han gastado un solo peso. La cadena de gente que queda detrás sin pago es enorme. Estamos hablando de los editores, de los correctores de estilo, de los ilustradores, no solamente el escritor, gente que trabaja honestamente detrás de este objeto cultural”.

Contactado por La Tercera, Manuel Vásquez señaló brevemente que “yo no tengo nada que ver con eso, es mi hermano el que está metido en eso. Yo no he hecho nunca un libro y no trabajo libros copia, sólo trabajo libros originales”. Mauricio Vásquez, en tanto, no pudo ser contactado ni respondió los mensajes enviados.

Ambos hermanos tienen la calidad de imputados, pero aún no han sido formalizados por la Fiscalía Centro Norte y en su contra ya se han querellado las editoriales Penguin Random House, Planeta, Urano y Zigzag. Además, el Servicio de Impuestos Internos también se hizo parte, presentando una acción judicial por el delito tributario de comercio clandestino.

En junio de 2020, Penguin Random House, una de las mayores editoriales del mundo, se percató de que en Instagram el perfil “cesarbook.cl” estaba vendiendo versiones pirateadas de títulos como Abuso y Poder, de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, a $ 6 mil, y ¿Y si quedamos como amigos?, de la autora Elizabeth Eulberg, a $ 5 mil.

Quien estaba detrás de ese perfil era justamente Mauricio Vásquez Ríos, el que durante la pandemia habría expandido su negocio de venta de textos falsificados al mundo virtual. Pese a la denuncia, el Ministerio Público decidió no perseverar con la investigación por no haber “reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Hoy, otros libreros de San Diego también ofrecen grupos privados de WhatsApp en los que diariamente se actualiza el catálogo de ejemplares falsificados. También se utilizan otras redes sociales y plataformas de comercio electrónico, como Yapo y Mercado Libre.

Basta con realizar una simple búsqueda en Mercado Libre para encontrar decenas de ofertas de textos que tienen precios muy por debajo de lo que se cobra en librerías. Uno de ellos es En la Sombra, la biografía de “Harry” de Sussex, hijo del rey de Inglaterra y Diana de Gales. Si en grandes cadenas se vende a $ 18.000, la usuaria “Javiera Coliñanco” lo ofrece en Mercado Libre a $ 8.500. Según los parámetros del sitio, la vendedora tiene la más alta reputación, con más de mil ventas en los últimos 100 días.

En menos de 24 horas llega a domicilio un producto con tapas semiduras, de colores vivos y envuelto en un film plástico, tal como los ejemplares de librerías. Pero al abrirlo, las letras borrosas y las hojas débilmente pegadas lo delatan: es un libro pirata.

Otros compradores ya lo han notado y, desde hace más de un mes, algunos usuarios han escrito comentarios en la plataforma denunciando que son falsificaciones. “El libro era una copia, no era original, no lo decía en ninguna parte”, señala uno de ellos. Pero la publicación sigue activa, y tanto ese como otros 600 títulos ofrecidos por la misma vendedora siguen a la venta sin control.

Consultados por este tipo de publicaciones, en Mercado Libre respondieron por escrito que desde el año pasado las empresas que son parte de la Corporación del Libro y la Lectura, gremio que reúne a las principales editoriales del país, “cuentan con una herramienta digital que les permite denunciar y remover definitivamente, a través de una única cuenta, publicaciones en el marketplace que, según su criterio y experiencia, estén en supuesta infracción a sus derechos de propiedad intelectual”.

Pero para las editoriales esto no parece ser la solución. “Han tenido la disposición, pero, a nuestro juicio, las respuestas a nuestras demandas de poner estas limitaciones a las personas que venden libros pirateados han sido insuficientes”, señala María Angélica Zegers, presidenta de la corporación.

“Todas las acciones para identificar a quienes están vendiendo productos piratas no pueden recaer nuevamente en las víctimas. Ahí Mercado Libre tiene que poner los resguardos. Nosotros esperamos que se den cuenta de qué magnitud es el problema del que estamos hablando”, complementa Zegers.

Desde la empresa responden que también existe una búsqueda activa de casos de piratería: “En Chile durante el 2022 más del 97% de las publicaciones removidas en la categoría libros (80 mil publicaciones) fueron por acciones directas de Mercado Libre. Asimismo, alrededor de 142 vendedores fueron inhabilitados”.

Pero para Zegers el problema va más allá. “Nosotros nunca vamos a poder competir con un producto pirata, porque es robado, no paga absolutamente ningún tipo de derecho y su único costo directo es el papel y la tinta. Aquí no estamos hablando de la persona que se pone con su paño a vender libros en la vereda porque quiere que se culturice. Eso es una falacia. Aquí estamos hablando de crimen organizado”, concluye.