Esta semana, el gobierno anunció una consulta ciudadana no vinculante para “legitimar” la nueva política comercial y “brindar certezas” a los actores del comercio exterior. Una consulta que buscará identificar la percepción ciudadana sobre la actual política comercial y diseñar una que sea sostenible y promueva la inclusión y la equidad, según la Subrei.

Lo primero que llama la atención es el anuncio. Una “gran consulta ciudadana” sobre política comercial da la sensación de que, “por fin”, la sociedad podrá opinar sobre estos asuntos.

“Hace años que existen instancias de participación, como los consejos de la sociedad civil. Y en 2021, el 80% de los consultados declaró que el libre comercio es beneficioso para el país. La legitimidad de nuestra política comercial como herramienta de desarrollo ya es bastante clara”.

Eso no es así. Desde hace años existen instancias de participación como los consejos de la sociedad civil, que reúnen a los principales actores gremiales, sociales y académicos; las llamadas “salas anexas” para informar y opinar sobre las negociaciones en curso; además de las diversas consultas públicas, ley de cabildeo, etc. Incluso se documentaron algunas instancias de participación, como la “Política Exterior 2030” del gobierno de la Presidenta Bachelet.

Pero el proceso en sí no es el tema de mayor atención, sino más bien los objetivos de la consulta. Señalar que se busca “legitimar” la política comercial implica una política que ha sido cuestionada en el pasado, lo cual está lejos de la realidad. Si bien existen grupos que se oponen a la inserción comercial chilena, como se ha visto en el TPP11, no son la mayoría de los chilenos los que valoran tener acceso a productos de mejor calidad ya un mejor precio. Según Ipsos, en 2021, el 80% declaró estar de acuerdo en considerar el libre comercio como algo beneficioso para el país.

La legitimidad de nuestra política comercial como instrumento de desarrollo es clara: Chile, país líder en apertura comercial con una amplia red de acuerdos comerciales; tres millones de empleos directos e indirectos derivados del comercio, lo que explica más de la mitad de nuestro PIB; internacionalización de mercados bajo acuerdos comerciales; El número de empresas exportadoras, países de destino y productos y servicios exportados prácticamente se ha duplicado en 30 años; etc. Y un activo intangible: Chile reconocido como un país serio, confiable y predecible a nivel mundial, como se ve en el abastecimiento de vacunas desde distintas latitudes.

El segundo objetivo de la consulta habla, entre otras cosas, de la sostenibilidad ecológica y una mayor inclusión de la futura política comercial, objetivos loables. Sin embargo, estos criterios ya son una prioridad en las negociaciones comerciales modernas y el acuerdo de modernización con la UE, pendiente de aprobación en Chile, establece los más altos estándares en esta materia.

Finalmente, el comunicado oficial habla de “modernizar” la política comercial. Recién en 2018 Chile logró promulgar su ley de modernización de la Cancillería y el Subrei (que reemplazó a la antigua Direcon) recién debutó a mediados de 2019. Es precipitado hablar de modernización cuando el ente encargado de la política comercial es precisamente el resultado de la modernización reciente.

El subsecretario ha hecho bien en aclarar que el gobierno no revisará unilateralmente los tratados. También se ha basado en experiencias positivas, como “Comercio para Todos” de Nueva Zelanda, cuya consulta estuvo guiada por ciertos principios de política comercial. Por ello, más que una prueba de legitimidad, nuestra política comercial necesita acelerarse para diversificar la inserción de Chile en un mundo más riesgoso e incierto.