Señor director:
La pronta entrada en vigencia de la Ley de Ciberseguridad conllevará ciertos desafíos que no deben subestimarse. Uno de los principales retos que tendrá el Gobierno será la falta de recursos y capacidades entre los operadores de servicios esenciales e infraestructura crítica. La mayoría de estos son entidades privadas que se enfrentarán a la necesidad de cumplir con nuevas obligaciones de seguridad, que además de ser potencialmente costosas, podrían dificultar la planificación y la implementación efectiva de las medidas requeridas.
Por otro lado, esta ley demandará una coordinación importante entre el sector público y privado, y lograr esa sinergia no será nada fácil, dada la diversidad de interés y capacidades de los involucrados. Además, la norma estipula la creación de nuevas entidades y sistemas, lo que introduce retos adicionales, tanto logísticos como financieros, y nos enfrentaremos a dos obstáculos más: la falta de conocimiento generalizado sobre estándares y certificaciones en ciberseguridad en la industria local, y a la escasez de talento especializado en este campo.
Esta legislación representa un cambio de paradigma y coloca al país a la vanguardia en la región en temas de seguridad digital, pero necesitamos a un Gobierno que asuma un rol activo y decisivo para que esta norma se desarrolle eficazmente en el tiempo.
Myriam Pérez
Líder de la Mesa de Ciberseguridad de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec)
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