Señora Directora:
El Gobierno anunció una modificación a la ley que regula el lobby y las gestiones de intereses privados. En este necesario proceso, no debemos centrarnos exclusivamente en la industria del cabildeo, olvidando a la mayoría de las instituciones que intentan influir en la toma de decisiones, como lo hicieron los proyectos del presidente Lagos y la presidenta Bachelet. Una legislación centrada en el cabildero profesional, inspirada en una legislación con una industria muy diferente, hubiera sido ineficaz.
El objetivo debe ser el aumento de la transparencia para evitar la captura de las decisiones de la autoridad. Ese es precisamente el objetivo de la Ley N° 20.730 ya que nos permite saber quiénes se reúnen con la autoridad, para qué se reúnen y si son financiados por terceros; junto con democratizar el acceso a la autoridad e inhibir conductas contrarias a la probidad. Además, esta norma forma parte de un marco regulatorio que se ha fortalecido considerablemente.
Dicho esto, es posible mejorar el modelo definido por la Ley N° 20.730, por ejemplo aumentando las sanciones, ajustando las definiciones de sujeto activo y adoptando medidas para perfeccionar y mejorar los registros públicos.
Andrés Sotomayor
Abogado Porzio Ríos García
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