Las políticas públicas buscan dar respuesta a desafíos presentes o, en su defecto, prevenir que ciertas situaciones socialmente indeseables ocurran. Nadie tiene una bola de cristal para prever las futuras crisis que Chile vivirá, pero levantar alertas tempranas ante las primeras señales de un problema, especialmente cuando sus consecuencias son de grueso calibre, es un imperativo que la sociedad debe tener siempre presente. La ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche, es el perfecto ejemplo de dicha situación: una legislación que está causando graves problemas económicos y de convivencia social en las regiones del sur de Chile, pero que por ahora constituye un mero susurro en el debate político contingente.
Pero, ¿qué es la Ley Lafkenche? En palabras simples, esta ley crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), zonas de borde costero delimitadas que son entregadas en administración a comunidades indígenas solicitantes. Sus miembros definen, a través de un plan de administración, quiénes pueden hacer uso del espacio otorgado y bajo qué condiciones.
El primer problema de esta ley surge en cuanto se solicitan los ECMPO, ya que el mero hecho de requerir un espacio implica que toda solicitud de uso para otros fines, como son las concesiones de acuicultura o marítimas, queda suspendida hasta que se verifique el uso consuetudinario del espacio. ¿Qué implica esto? Que las comunidades efectivamente hayan realizado prácticas que sean manifestaciones de su cultura en dicho lugar por un período determinado.
Si nos atenemos a los plazos que establece la ley, esta suspensión no debiese superar los 3 meses, que es el punto de la tramitación donde debería verificarse el uso consuetudinario. Sin embargo, solo el proceso de verificación de los ECMPO decretados a esta fecha ha tomado, en promedio, 2,15 años. En paralelo, los espacios ya otorgados estuvieron casi 6 años en tramitación. Es decir, no existe relación alguna entre los tiempos que la misma ley establece y los que se constatan en la práctica.
La consecuencia natural de este último punto es que las solicitudes que se sobreponen con el ECMPO, que representan oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para las regiones, quedan suspendidas por un período que, en la práctica, es indefinido. Esto no es todo, la Comisión Regional del Uso de Borde Costero (CRUBC), órgano político encabezado por el gobernador regional, debe definir si aprobar o rechazar el ECMPO solicitado. Aquí la guinda de la torta: si dicha comisión no se pronuncia dentro del plazo de un mes, opera un “silencio administrativo positivo”, es decir, la solicitud se entiende por aprobada. Esta ventaja procesal con la que cuentan los solicitantes no tiene equivalente en nuestra legislación.
Ahora, uno podría pensar que, incluso con el nulo cumplimiento de los tiempos legales, el alcance de esta ley podría estar acotado a áreas pequeñas y, en consecuencia, la suspensión de solicitudes relevantes para la inversión sería limitado. Esto no es así. Hasta el momento se han otorgado más de 200 mil hectáreas como ECMPO y las solicitudes en tramitación suman más de 3 millones de hectáreas, con los gravosos efectos que esto genera para la economía de las regiones del sur de Chile.
Los bajos requisitos para presentar solicitudes, junto con los importantes efectos de la mera solicitud, incentivan un uso generalizado y desproporcionado de esta ley. Sus efectos también la han transformado en una herramienta eficiente para lograr fines distintos a los que la norma originalmente previó como, por ejemplo, frenar proyectos económicos por parte de grupos ambientalistas. Al respecto, en la actualidad más de 500 solicitudes de concesiones de acuicultura y casi 900 de concesiones marítimas a nivel nacional se encuentran paralizadas por la Ley Lafkenche.
Desde Pivotes, nos hemos hecho parte del problema y proponemos una serie de cambios que atacan los incentivos perversos que se han generado en torno a esta ley.
En primer lugar, urge hacerse cargo del incentivo a presentar solicitudes de ECMPO para frenar proyectos de inversión. Incorporar un examen de admisibilidad más estricto por parte de Subpesca, con el fin de poder hacer un primer filtro de aquellas que no cuentan con mérito para ser analizadas, sería una medida que reduciría el número de solicitudes en revisión. Además, es conveniente postergar el citado efecto suspensivo, de modo que este se produzca únicamente luego que se haya acreditado el uso consuetudinario por Conadi. Esto evitaría la existencia de requerimientos de ECMPO que tienen la finalidad principal de proyectos en el mismo espacio.
En segundo lugar, en vista de los plazos excesivos que cada paso de la tramitación toma, es pertinente poner un período máximo de un año para que otras solicitudes de afectación sobre el ECMPO en trámite puedan estar suspendidas, lo que entregaría certidumbre a las inversiones que buscan realizarse en las zonas donde se tramitan los espacios.
Finalmente, es de toda lógica eliminar el silencio administrativo positivo de la CRUBC y permitir que el ECMPO sea evaluado en igualdad de condiciones con otras solicitudes de uso en la misma zona. De lo contrario, se generan incentivos para dilatar estas votaciones para permitir su aprobación.
Este problema debe ser atajado a tiempo. Por ahora, sus efectos se limitan a las regiones del sur de Chile, pero nada impide que en un futuro comunidades de otras zonas del país soliciten EMCPO que paralicen proyectos mineros, de desalinización, energéticos, entre otros, los cuales implican inversiones de mucho mayor envergadura. Esta ley ya está causando graves roces sociales en las regiones donde se ha masificado, lo que ha quedado de manifiesto en las protestas que han ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén. Tomar el toro por las astas en el asunto es imperativo si no queremos, como ya ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país, estar frente a la crónica de una crisis anunciada.
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China aumentará la edad de jubilación por primera vez desde 1978, en un momento en que la segunda economía mundial se enfrenta a un acusado envejecimiento de la población que la dejará escasa de trabajadores.
El país ampliará gradualmente la edad de jubilación para todos los hombres de 60 a 63 años, para las mujeres en trabajos de cuello blanco de 55 a 58 años, y para las mujeres en trabajos de cuello azul de 50 a 55 años, informó el viernes la agencia estatal de noticias Xinhua.
Las medidas fueron aprobadas el viernes por el Comité Permanente del Parlamento chino. Entrarán en vigor en enero y se aplicarán gradualmente a lo largo de 15 años, de acuerdo con el principio de «ajustes graduales», según Xinhua.
Los analistas afirman que China necesita actuar porque su baja edad de jubilación y el descenso de la natalidad están elevando la tasa de dependencia de la tercera edad, es decir, el número de jubilados con respecto a la población en edad de trabajar.
La población del país se redujo por segundo año consecutivo en 2023, hasta los 1.400 millones de habitantes, ya que las muertes superaron en 2 millones a los nacimientos.
Los responsables políticos chinos llevan años lidiando con esta cuestión, y el cambio en la edad de jubilación ya se había anticipado en una reunión quinquenal del Partido Comunista celebrada en julio.
La medida llega en un momento en que los hogares se ven presionados por la ralentización del crecimiento económico, la prolongada caída del sector inmobiliario y la debilidad del mercado laboral, que está lastrando el consumo interno.
Aumento del consumo
Zhang Jin, director del Instituto de Investigación del Grupo de Salud y Atención a la Tercera Edad de China, afirmó que la medida beneficiaría a la economía.
Entre 2023 y 2035, más de 20 millones de personas alcanzarán la edad de jubilación cada año.
“Si se retrasa su jubilación, pueden crear valor e impulsar el consumo”, afirmó, añadiendo que, tras la jubilación, el gasto suele disminuir drásticamente.
Pero el cambio ha provocado la indignación de los más jóvenes, que se quejan de que ahora tendrán que trabajar más tiempo para mantener a los mayores.
“Hoy he visto las noticias y estoy dudando seriamente si podré vivir hasta la jubilación”, dijo, medio en broma, Zhao, una trabajadora de cuello blanco residente en Beijing “¿Seguro que no trabajaré toda mi vida?”.
Los trabajadores de más edad también expresaron su frustración. Chen, funcionario de 52 años en Zhejiang, dijo que “lo peor es que me quitan el tiempo de jubilación y básicamente me sacan el dinero del bolsillo”. Añadió que perdería “dos años y medio de pensión”.
Muchos de los jóvenes chinos no tienen hermanos, debido a la ya desaparecida “política del hijo único”, que limitó la tasa de natalidad del país durante décadas antes de ser suavizada en 2016.
China también necesita mantener a su población activa durante más tiempo para aliviar la presión sobre sus sistemas de pensiones insuficientemente financiados, según los analistas.
Cambios graduales
En virtud de los cambios, tanto la edad de jubilación como los periodos de cotización se ampliarán gradualmente.
A partir de enero de 2030, el periodo mínimo de cotización para percibir la pensión básica mensual aumentará progresivamente de 15 a 20 años, con un incremento de seis meses cada año.
Quienes ya hayan alcanzado el periodo mínimo de cotización pueden optar por la jubilación anticipada dentro de ciertos límites. Los que alcancen la edad de jubilación también pueden solicitar seguir trabajando durante un máximo de tres años.
Utilizando una definición de la edad laboral más amplia que la establecida por las actuales edades de jubilación en China, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calculó que el índice de dependencia de la tercera edad en China fue del 21% el año pasado, frente al 27% de Estados Unidos.
El think tank utilizó una definición más amplia que la establecida por la actual edad de jubilación, comparando las personas de 65 años o más con las de 15 a 64 años.
Según el CSIS, esta cifra aumentará hasta el 52% en 2050, frente al 39% de EEUU, y alcanzará el 83% en 2100, cuando la tasa estadounidense será del 55%.
Históricamente septiembre ha sido un mes desafiante para bitcoin, a menudo registrando bajas debido a factores como la liquidez y la disminución del apetito de riesgo después del verano del hemisferio norte. De hecho, ha caído en 7 de los últimos 10 años, con bajas en promedio del 4%.
El escenario de caídas que viene experimentando bitcoin desde agosto fue la antesala del mes en curso que tiene su precio bajo los US$ 60 mil. Lejos quedaron esos días de marzo en los que la moneda digital alcanzó su récord sobre los US$ 73 mil, dos meses después de que se aprobaran sus fondos cotizados en bolsa por parte del regulador estadounidense.
“La volatilidad observada en agosto puede ser un precursor de la acción del precio en septiembre”, señaló la CEO de CryptoMKT, María Fernanda Juppet. La incertidumbre macroeconómica global, los movimientos en los mercados tradicionales y la expectativa de la aprobación de los ETF son los factores que han contribuido a esta volatilidad.
A pesar de estos antecedentes, este septiembre puede ser distinto. El mercado de la primera criptomoneda ha mostrado una mayor resiliencia y madurez en los últimos años, lo que podría mitigar en parte el impacto negativo tradicional de este mes, dicen los expertos. “Si bien es posible que esta volatilidad continúe en septiembre, también puede ser una oportunidad para que el mercado se estabilice antes de un movimiento más decisivo hacia fin de año”, aseguró Juppet.
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¿Momento de invertir?
La pregunta que surge es si en estos momentos la moneda puede alcanzar precios más bajos, lo que podría traer una oportunidad de inversión.
Esto en el contexto de que se especula un aumento en el precio de bitcoin para fin de año. Históricamente, el cuarto trimestre ha mostrado un buen desempeño, especialmente en los años de halving –evento en que la recompensa por minar la moneda se reduce a la mitad, generando escasez y como consecuencia, alzas de precio – “con rendimientos de un 58% en el cuarto trimestre de 2016 y un 168% en el mismo periodo de 2020”, comentó el CEO de Skipo, Tomás Villanueva.
El experto argumentó que los principales factores que podrían sostener esta tendencia incluyen la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) siempre y cuando la reducción de tasas de interés cumplan con las expectativas. La duda actualmente radica en si el recorte será de 25 o bien de 50 puntos básicos el próximo 18 de septiembre. Esto puede motivar la demanda en los mercados, rompiendo con la tendencia negativa histórica de bitcoin en este mes.
Por otro lado, las elecciones en Estados Unidos de noviembre, también es un factor a considerar dado que Donald Trump se ha posicionado como un candidato pro bitcoin. Esto quedó en evidencia luego del debate del martes de esta semana. Antes del evento electoral la moneda cotizaba en US$57.900 y solo unas horas después bajaba a mínimos de US$ 56.150.
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“Uptober”
El pesimismo que genera la serie histórica del bitcoin en septiembre puede verse atenuado por los inversionistas que tratan de anticiparse al efecto “uptober“, la denominación utilizada para octubre debido al balance mayoritariamente alcista del activo digital en este mes. Desde 2013 solamente en dos ocasiones ha registrado caídas en dicho periodo, la última vez fue el 2018.
Así como septiembre se caracteriza por ser un mes complejo para el mundo cripto, el último trimestre es lo contrario. “Han sido positivos 6 de los últimos 10 años con retornos superiores al 80%. Vemos buenas razones además para estar optimistas como la baja de tasas, el efecto del halving y la consolidación del ETF de bitcoin en los portafolios de más personas e instituciones”, comentó el COO de Arch.Finance, Nicolás Jaramillo.
Eso sí, el peak de bitcoin post halving generalmente se ha observado entre 12 y 18 meses después del evento. “Si seguimos esta tendencia histórica, podríamos esperar un máximo significativo de bitcoin entre mediados y finales de 2025”, señaló Juppet. Factores como la adopción institucional, y el entorno macroeconómico podrían acelerar o retrasar este ciclo. “Es crucial monitorear estas variables para ajustar las expectativas en consecuencia”, agregó.
Desde Skipo tienen una visión más negativa. “Aunque la proximidad al halving de este año podría darle mayor fuerza al bitcoin. El desempeño es probable que sea negativo o plano”, apuntó el CEO de la firma.
Fannie Mae, la compañía hipotecaria más grande de Estados Unidos, tiene a la cabeza a una mujer latina. Priscilla Almodovar es la CEO y presidenta de la firma. Hija de padres puertorriqueños, nació en Nueva York y tiene más de 30 años de experiencia en el mundo financiero ligado a la vivienda.
Un hecho histórico para la compañía fundada en 1938, que opera en el mercado hipotecario secundario, comprando y titulando préstamos de viviendas para aumentar la liquidez y ampliar las oportunidades de adquirir una vivienda.
A pesar de los desafíos que enfrentó durante la crisis subprime de 2008, la compañía sigue siendo un actor clave en el apoyo a la vivienda asequible y el mantenimiento de la estabilidad en el mercado hipotecario. Actualmente garantiza aproximadamente una de cada cuatro hipotecas de vivienda.
La empresa, con sede en Washington, DC, emplea a aproximadamente 8.100 personas.
Su trayectoria
Desde el 2019 Priscilla Almodovar trabajó como presidenta y CEO de Enterprise Community Partners, una organización nacional centrada en aumentar el suministro de viviendas a precios asequibles.
La alta ejecutiva también trabajó durante casi una década en JPMorgan Chase y dirigió dos de los negocios inmobiliarios nacionales de la empresa: como directora general y codirectora de Banca Inmobiliaria, donde prestó servicios a promotores de bienes raíces, inversionistas, propietarios y fondos de inversión nacionales y regionales. Comenzó su carrera profesional en el bufete de abogados internacional White & Case LLP, en la que fue nombrada socia de capital, especializándose en financiamiento de proyectos internacionales.
Anteriormente, fue presidenta y CEO de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda del Estado de Nueva York, de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York y de la Corporación de Vivienda Asequible.
Además es miembro de la junta directiva de Realty Income, un fideicomiso de inversión inmobiliaria.
Según la web de Fannie Mae, también forma parte de la junta directiva de New York Road Runners, una organización sin fines de lucro creada para ayudar e inspirar a las personas a través del running.
Latinos
Ha sido nombrada entre las “50 latinas más poderosas” de Fortune y los “100 hispanos más influyentes” de Hispanic Business.
Se graduó en la Universidad de Hofstra y recibió su doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia.
Además es la única latina que actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva de una empresa de la lista Fortune 500, posición que ha estado usando para impulsar la idea de lo relevante que es tener una vivienda.
“Creo que ser propietario de una vivienda sigue siendo en este país la principal forma de generar riqueza y eso se está volviendo cada vez más difícil para la gente”, aseguró la CEO latina en una entrevista.
Es un tema que le preocupa ya que solo el 44% de los hogares afroamericanos y el 51% de los hogares latinos son propietarios de una vivienda.
La compañía ha aparecido los últimos días en los titulares porque los aliados del candidato presidencial republicano Donald Trump y banqueros han estado discutiendo planes para poner fin al control del Gobierno estadounidense sobre la firma de financiamiento hipotecario si es que gana las elecciones.